La oposición sindical presentó una acción ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para impugnar su exclusión, solicitar una medida cautelar y reclamar su oficialización para las elecciones del 18 de septiembre. El planteo cuestiona los requisitos incorporados durante el proceso y la actuación de la Junta Electoral.

La disputa por la conducción del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) ingresó en una nueva y decisiva etapa. La Lista Verde y Azul, que había quedado fuera de la contienda electoral por decisión de la Junta Electoral, decidió judicializar el conflicto y pidió que la Justicia suspenda los comicios previstos para el 18 de septiembre hasta resolver si su exclusión fue válida.

Los apoderados Sandra Vanina Villarreal y José Luis Guerrero promovieron la acción contra el SOIP y su Junta Electoral y solicitaron que se revoquen las resoluciones que dejaron fuera de competencia a la lista encabezada por María de los Ángeles Domínguez y Cristian Nahuel Platero.

El planteo no se limita a discutir un certificado. La demanda cuestiona la forma en que se desarrolló el proceso electoral, la incorporación de exigencias documentales después de iniciada la convocatoria, la integración de la Junta Electoral y el supuesto trato desigual entre las agrupaciones que pretenden disputar la conducción del sindicato.

La oposición reclama dos respuestas concretas: una inmediata, consistente en suspender el proceso electoral, y otra de fondo, destinada a conseguir la nulidad de la exclusión y la oficialización de la Lista Verde y Azul.

De la interna sindical a los tribunales

La presentación judicial se produjo luego de que la vía interna quedara agotada. La Lista Verde y Azul había recurrido el 5 de agosto la decisión que rechazó su oficialización, pero la Junta Electoral confirmó la exclusión al día siguiente.

Ese paso es relevante porque la demanda sostiene que, con esa resolución, quedaron cumplidos los requisitos necesarios para llevar el conflicto ante la Justicia laboral. Los apoderados invocaron los artículos 59 y 60 de la Ley 23.551 y sostuvieron además que la acción fue promovida dentro del plazo previsto por el artículo 62 de la misma norma.

La elección, mientras tanto, continúa formalmente vigente. La sola presentación judicial no suspende el cronograma ni modifica las resoluciones de la Junta Electoral. Para que eso ocurra deberá existir una decisión expresa de la Cámara.

Y allí aparece el primer punto de tensión: cuanto más avance el calendario electoral, más difícil podría resultar revertir posteriormente las consecuencias de una elección realizada con una de las listas excluidas.

El certificado que terminó abriendo un conflicto mayor

El origen inmediato de la controversia estuvo en la documentación exigida para oficializar las candidaturas.

La convocatoria fue publicada el 15 de julio. Días después, el 21 de julio, la Junta Electoral difundió una circular con la documentación que debían presentar las listas: recibos de sueldo, documentos de identidad, designación de apoderados, avales equivalentes al 3% del padrón y las nóminas de candidatos.

La Lista Verde y Azul presentó su documentación el 24 de julio, dentro del plazo establecido.

El problema apareció tres días después.

El 27 de julio, la Junta Electoral formuló observaciones y requirió certificados de antecedentes penales e inhibiciones civiles para acreditar la inexistencia de impedimentos de los candidatos.

El argumento central de la oposición es preciso: una cosa es que los candidatos deban reunir determinadas condiciones legales y estatutarias y otra diferente es que el órgano electoral incorpore, una vez iniciado el proceso, una documentación específica como requisito para demostrar esas condiciones.

La demanda sostiene justamente que esa exigencia documental no había sido incluida en la convocatoria ni en la circular inicial.

El dato que la oposición considera determinante: las 14:27

La controversia terminó concentrándose en un certificado de antecedentes penales correspondiente a una de las candidatas.

Según surge de la presentación judicial, el documento fue recibido por la Junta Electoral a las 14:27 del 31 de julio, mientras que el plazo otorgado para completar el requerimiento vencía a las 16:00 de ese mismo día.

Para la oposición, el dato es central: el certificado habría sido presentado una hora y 33 minutos antes del vencimiento del plazo concedido por la propia Junta.

La Junta Electoral, sin embargo, terminó considerando que la documentación había sido presentada fuera del período correspondiente y resolvió el 4 de agosto que la lista no había acreditado en tiempo y forma todos los requisitos necesarios para su oficialización.

El argumento utilizado fue que los certificados habían sido gestionados con posterioridad al vencimiento del plazo para la inscripción de las candidaturas y que aceptar esa documentación implicaría desconocer el carácter perentorio de los plazos electorales.

La oposición respondió que no podía considerarse extemporáneo un documento cuya presentación específica no había sido establecida originalmente como requisito de inscripción.

La discusión de fondo: ¿se modificaron las reglas durante el proceso?

Ese es probablemente uno de los puntos jurídicamente más sensibles de la demanda.

La Lista Verde y Azul sostiene que una convocatoria electoral debe establecer de manera clara las condiciones que deberán cumplir las agrupaciones y sus candidatos. Desde esa perspectiva, modificar o ampliar los requisitos una vez iniciado el período de presentación podría afectar la previsibilidad del proceso y, fundamentalmente, la igualdad entre quienes participan.

La oposición plantea que los requisitos deben ser conocidos desde el comienzo para que todas las agrupaciones tengan las mismas posibilidades de cumplirlos.

La demanda cita, además, antecedentes judiciales vinculados con la necesidad de garantizar mecanismos electorales sindicales que permitan la participación efectiva, el pluralismo y el control de los afiliados.

En definitiva, el planteo busca llevar la discusión desde el simple cumplimiento de un trámite hacia una cuestión más amplia: si las reglas electorales podían modificarse o ampliarse una vez iniciado el proceso.

La Junta Electoral también quedó bajo cuestionamiento

Pero la presentación judicial abrió otro frente.

La Lista Verde y Azul cuestionó el mecanismo mediante el cual fue conformada la Junta Electoral del SOIP. Según la demanda, el estatuto establece que la Comisión Directiva convoca a elecciones y posteriormente designa a los integrantes de la Junta.

La oposición contrapone ese mecanismo con la Resolución 103/1993 de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que estableció criterios respecto de la participación de los afiliados en la designación de las juntas electorales.

Los demandantes sostienen que el estatuto del SOIP no habría sido adaptado a ese criterio y solicitan que la Justicia examine si la forma en que fue constituido el órgano electoral tiene incidencia sobre la validez del proceso.

Se trata, por ahora, de un argumento de la parte demandante. Será la Cámara la que deberá determinar si ese cuestionamiento tiene relevancia jurídica y si puede afectar el proceso electoral.

El fantasma del trato desigual

La demanda también introduce una acusación que, de comprobarse, podría adquirir especial importancia.

La Lista Verde y Azul sostiene que la agrupación Lista Negra y Blanca, vinculada con la conducción de Cristina Ledesma, habría conocido antes que la oposición la exigencia de presentar certificados y habría comenzado a gestionarlos desde el 21 de julio.

Según el planteo, la Lista Verde y Azul recién recibió esa exigencia el 27 de julio.

La diferencia temporal es presentada por los demandantes como un posible elemento de desigualdad entre las agrupaciones. Por eso solicitaron que la Justicia requiera toda la documentación presentada por la lista oficialista y determine cuándo fue solicitada, cuándo fue recibida y bajo qué condiciones.

Es importante marcar que esta acusación forma parte de la presentación de la oposición y deberá ser acreditada judicialmente.

Qué está en juego

La Lista Verde y Azul pidió que se produzca una amplia prueba documental. Entre otras cosas, reclamó las actuaciones completas de la Junta Electoral, la documentación presentada por la otra agrupación, las actas de constitución del órgano electoral, el acta de la Comisión Directiva que dispuso la convocatoria, el cronograma electoral y las constancias relacionadas con los padrones.

El objetivo es reconstruir el proceso desde su comienzo y establecer si las reglas fueron aplicadas de manera uniforme.

Pero el pedido más urgente es otro: frenar las elecciones.

La oposición sostiene que existe verosimilitud del derecho porque cuenta con la convocatoria, las circulares, las presentaciones realizadas, los certificados y las resoluciones de la Junta. También argumenta que existe peligro en la demora porque, si los comicios se realizan antes de que la Justicia resuelva, una eventual sentencia favorable podría llegar cuando el proceso electoral ya haya producido sus efectos.

Una elección que ahora espera una decisión judicial

Por el momento, el escenario formal no cambió: las elecciones del SOIP continúan convocadas para el 18 de septiembre y la Lista Negra y Blanca permanece como única agrupación oficializada.

Pero la judicialización introduce una variable que puede modificar completamente el tablero.

La Cámara deberá resolver primero si hace lugar al pedido cautelar y suspende el cronograma. Luego deberá analizar la validez de las resoluciones del 4 y 6 de agosto y determinar si correspondía excluir a toda una lista por la controversia generada alrededor de la documentación requerida.

En el fondo, el expediente concentra cuatro preguntas que serán determinantes: si la Junta podía incorporar certificados que no figuraban inicialmente entre los requisitos; si esa exigencia fue comunicada en igualdad de condiciones; si la documentación presentada el 31 de julio fue efectivamente entregada dentro del plazo otorgado; y si una controversia documental podía justificar la exclusión completa de una agrupación.

La elección del SOIP, entonces, ya no se define únicamente en el ámbito sindical.

La disputa por la conducción del gremio llegó a los tribunales y ahora será la Justicia la que determine si los trabajadores del pescado llegarán a las urnas con una sola alternativa o tendrán finalmente la posibilidad de elegir entre dos listas.

La respuesta tendrá impacto directo sobre el proceso electoral, pero también sobre la legitimidad con la que quedará conformada la próxima conducción del sindicato

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