El pasado 7 de agosto, el Departamento de Pesca de las Malvinas resolvió interrumpir la actividad durante 48 horas ante la abrupta caída en las capturas iniciales y una estimación de biomasa inferior al umbral de sostenibilidad (10.000 toneladas). Sin embargo, tras nuevas evaluaciones a bordo del buque Prion, se reanudó la temporada.

A casi un mes del inicio, las cifras alcanzadas por la flota extranjera se suman a las 38.000 toneladas obtenidas en la primera campaña del año, lo que totaliza unas 48.000 toneladas en 2025, muy por encima del resultado de 2024, cuando la campaña fue suspendida por falta de stock.

Pese a esta mejora coyuntural, la tendencia de fondo refleja una merma sostenida del recurso. En 2023, las empresas gallegas desembarcaron 69.000 toneladas, y en 2022 habían alcanzado 101.000. El retroceso alimenta la preocupación por la presión pesquera sobre una especie fundamental para el ecosistema marino argentino.

Desde el sector empresarial se responsabiliza a factores ambientales y bioclimáticos por el descenso del calamar, como el aumento de la merluza en la zona y el desplazamiento del illex hacia otras áreas. Sin embargo, la actividad extractiva extranjera en aguas controladas por una potencia colonial continúa sin el aval del Estado argentino, que históricamente ha denunciado esta situación como una violación a su soberanía y a la explotación unilateral de recursos naturales propios.

Cabe recordar que, hace apenas tres años, las empresas con base en Galicia –entre ellas Pereira, Pescapuerta y Copemar– lograron renovar sus permisos de pesca en las Malvinas, otorgados por el gobierno británico isleño. Las compañías concretaron entonces una inversión conjunta superior a 100 millones de euros, incorporando buques con tecnología avanzada como el Argos Berbés, el Prio y el Hadassa Bay.