Con esta medida busca conseguir la asignación de unas 30 mil toneladas en concepto de "reserva social provincial" para atender el crecimiento que tuvo la flota y dar previsibilidad a los trabajadores y a las empresas de la provincia.
El ministro de la Producción de la provincia de Santa Cruz, Gustavo Martínez, presentó una nota al Consejo Federal Pesquero pidiendo suspender el proceso de renovación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) hasta tanto «se realice un relevamiento actualizado y se transparente los parámetros legales atendiendo los derechos de Santa Cruz». Esta medida busca lograr la asignación de aproximadamente 30.000 toneladas de merluza hubbsi como cuota social provincial, con el objetivo de abastecer a las plantas locales y generar empleo para 2.500 trabajadores.
La nota presentada hace algunos días y que se discutirá en la próxima sesión, subraya que Santa Cruz ha cumplido con la captura total de su cuota artesanal durante los últimos 15 años. En este contexto, se solicita que el volumen mencionado sea destinado a la provincia para su descarga y procesamiento, garantizando así la estabilidad laboral de trabajadores y empresas locales. Enteradas de la solicitud algunas empresas comenzaron a mostrar cierta inquietud ya que consideran que Santa Cruz no tiene historia de capturas y no cumple con los parámetros legales para recibir ese volumen.
Fuentes bien informadas revelaron a Mar&Pesca que la confección de la nota contó con el asesoramiento de un abogado especializado en temas pesqueros, quien viajó a la capital de Río Gallegos, para instruir al ministro sobre la materia. En la misiva enfatiza sobre el crecimiento que tuvo Santa Cruz en relación con la cantidad de barcos que operan en la pesca de merluza en la provincia, al tiempo que efectúa una crítica por otorgar cuota social a buques congeladores, lo que “se aleja del cumplimiento del máximo interés social que establece la ley”.
Además, el documento rechaza la modificación de la concentración empresarial, que fue fijada inicialmente en un 10% en 2009 y aumentada a un 15% en 2018 argumentando que estas modificaciones carecen de justificación biológica y administrativa, generando efectos adversos en el sector.
Finalmente, el escrito, firmado por Martínez, advierte que se recurrirá a la justicia si no se concede la cuota social solicitada.fuente mar y pesca