Por Pablo Fernandez

Tal como ocurrió apenas semanas atrás, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó el reclamo de las familias y confirmó el cierre de la causa que investigaba el hundimiento del pesquero Rigel, centrada en la conducta de seis prefectos que estaban de guardia cuando zarpó el barco de la firma Pesca Nueva SA. Los familiares adelantaron que llevarán el caso a tribunales internacionales..

A comienzos de marzo, los camaristas habían dado la primera señal al ratificar el archivo de la causa promovida por el juez de primera instancia, Gustavo Lleral, respecto del caso del Repunte, investigado desde 2017. Menos de dos semanas después se dictó una resolución en sentido similar, pero relativa al hundimiento del Rigel, ocurrido en 2018. En diálogo con medios de comunicacion, los familiares ya adelantaron que intentarán impugnar el fallo ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la proa del recuerdo se agrandan los nombres de quienes no regresaron: marineros del Repunte y del Rigel, cuerpos y familias arrastradas por un mar que se llevó la vida y por un Estado que deja sus causas en la deriva.

Para los allegados, no se trata solo de un fallo: es “un segundo hundimiento”. Denuncian que certificados expedidos con información dudosa, pericias técnicas ignoradas y la aplicación de figuras jurídicas —como la “prohibición de regreso”— sirven para blindar a empresarios, autoridades y prefectos, mientras el dolor se clausura en un expediente. Diez trabajadores perdieron la vida en el Repunte, víctimas del mar y de la negligencia; más adelante, el Rigel con 9 vidas perdidas , y la misma respuesta de la justicia: silencio operativo, ausencia de búsqueda técnica rigurosa, archivo.

Las familias ya anunciaron que elevarán las causas a tribunales internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en busca de lo que aquí se les niega: una investigación plena, transparencia, responsabilidades. Y los jueces, lejos de resolver, piden ahora al Estado que financie operativos subacuáticos para evitar “futuras demoras” —como si el remedio llegara después del naufragio y no como obligación inmediata para esclarecer muertes.

Este no es solo el luto de quienes perdieron a un hijo, un hermano, un padre: es la denuncia de una zona liberada de justicia en aguas argentinas, donde la ley naufraga y las familias quedan a la deriva. Mientras tanto, el mar sigue siendo el mismo testigo inmisericorde; la diferencia es que ahora también juzga la inacción de quienes debían proteger la investigación y la memoria. La proa apunta hacia la exigencia: que la verdad emerja, que no se hunda nuevamente.