El Concejo Deliberante de Rawson aprobó la Ordenanza N° 9405/26 que habilita al Ejecutivo municipal a gestionar un crédito por 800 millones de pesos destinado a la puesta en marcha del futuro “Mercado de Productos del Mar”. La iniciativa, impulsada por el intendente Damián Biss, apunta a ordenar y modernizar un sector comercial que arrastra años de informalidad.

El financiamiento será solicitado al Banco Patagonia y se destinará exclusivamente a la construcción del nuevo espacio comercial dentro del puerto capitalino.

Cómo será el nuevo complejo

La obra se emplazará frente al muelle Muelle John Murray Thomas, en un punto estratégico para la operatoria diaria. El proyecto contempla la instalación de 20 módulos funcionales distribuidos del siguiente modo:

• Área institucional: Dos espacios serán asignados a organismos de fiscalización, como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el área de Bromatología municipal.

• Área comercial: Los 18 módulos restantes se otorgarán mediante concesión a través de licitación pública.

La ordenanza establece prioridad para los actuales puesteros informales del puerto, quienes podrán participar del proceso licitatorio con preferencia en la adjudicación. Además, los futuros concesionarios deberán acondicionar sus locales, garantizar sectores adecuados para manipulación, limpieza y eviscerado bajo estrictas normas sanitarias y asumir los costos de los servicios básicos.

El objetivo central es regularizar la venta directa de pescado y mariscos, dotando al puerto de infraestructura adecuada y trazabilidad sanitaria.

Movimiento político en paralelo

El avance del proyecto económico se da en un contexto político movido en la provincia. En la Legislatura de Chubut se formalizó recientemente el bloque “Chubut Unido”, integrado por los diputados Sergio González y Mariela Tamame.

El nuevo espacio cuenta con el respaldo político de dirigentes como Gustavo González, Raúl Matías “Tato” Cereseto y el propio Biss, marcando diferencias con la administración del gobernador Ignacio Torres.

Este reacomodamiento —que algunos sectores ya identifican como el bloque cercano a la Flota Amarilla— refleja la tensión existente entre el Ejecutivo provincial y distintos actores vinculados a la actividad pesquera, en un escenario donde las decisiones portuarias y productivas comienzan a tener también una fuerte lectura política.