La absolución de los responsables ambientales de la planta fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que ordenó realizar un nuevo juicio. La investigación apunta a un presunto sistema de descarga de efluentes industriales sin tratamiento que habría enviado al mar contaminantes en concentraciones muy superiores a los parámetros permitidos.

Este jueves 5 de noviembre comenzará en los Tribunales de Puerto Madryn un nuevo juicio oral por una de las causas ambientales más delicadas que involucran a la actividad pesquera en Chubut: la investigación por el presunto vertido de efluentes industriales sin tratamiento al Golfo Nuevo desde una planta de Conarpesa.

El caso vuelve a los tribunales después de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anulara por unanimidad la absolución dictada en el primer proceso y ordenara realizar un nuevo debate. La decisión representa un nuevo capítulo judicial para una empresa cuya actividad vuelve a quedar vinculada con una investigación sobre posibles daños al ambiente marino.

Los imputados son Nadine Parry, responsable del área ambiental de Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A., y Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes de la pesquera.

La intervención del máximo tribunal provincial se produjo luego de una impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal. La absolución había sido dictada por la jueza Patricia Reyes y quedó sin efecto tras la resolución judicial.

Ahora, los hechos deberán ser examinados nuevamente por otro tribunal, con la obligación de analizar la prueba y determinar si existieron las conductas denunciadas por la Fiscalía.

Efluentes industriales y una descarga que deberá explicarse

La investigación se remonta a 2023 y tiene como eje un presunto sistema clandestino de derivación de líquidos industriales que habría permitido descargar efluentes al Golfo Nuevo sin completar el tratamiento correspondiente.

Según la acusación fiscal, el mecanismo habría funcionado mediante un by-pass conectado al sistema de descarga de la planta pesquera.

Pero uno de los aspectos más preocupantes del expediente está en los resultados de los análisis técnicos incorporados a la causa.

Las pericias citadas por el Ministerio Público Fiscal determinaron concentraciones de materia orgánica superiores a los 1.500 miligramos por litro, frente a un límite de 50 miligramos por litro considerado en el expediente. Es decir, valores que superaban en más de 30 veces ese parámetro.

Los resultados del primer proceso también expusieron otros indicadores alarmantes:

• Sólidos suspendidos: 21 veces por encima del límite.
• Demanda Biológica de Oxígeno: 60 veces por encima.
• Amonio: 25 veces por encima.
• Coliformes fecales: 2.700 veces por encima de los valores de referencia.

No se trata de diferencias menores ni de simples irregularidades administrativas. Son parámetros que, de acuerdo con las pericias incorporadas al expediente, muestran una distancia considerable respecto de los valores de referencia utilizados en la causa.

La determinación del origen de esas concentraciones, las condiciones de descarga y las responsabilidades individuales será nuevamente materia de discusión durante el juicio.

Una absolución que no quedó firme

Durante el primer debate, el Ministerio Público Fiscal había solicitado penas de tres años y seis meses de prisión para Parry y tres años y tres meses para Vargas. Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución.

En agosto de 2025, la jueza Patricia Reyes resolvió absolver a ambos imputados. Sin embargo, la Fiscalía impugnó la sentencia y consiguió que el Superior Tribunal de Justicia provincial hiciera lugar al planteo.

La resolución anuló la absolución y ordenó realizar un nuevo juicio.

Esto significa que la discusión judicial no terminó con aquel fallo y que las pruebas reunidas durante la investigación deberán volver a ser examinadas. La anulación tampoco implica una declaración de culpabilidad: será el nuevo tribunal el que deberá resolver sobre los hechos y las responsabilidades atribuidas.

La responsabilidad empresarial, una cuestión que no puede quedar al margen

Más allá de las responsabilidades penales individuales que deberá determinar la Justicia, el caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: los controles ambientales y las condiciones en las que operan las grandes plantas pesqueras.

Cuando se investigan presuntas descargas industriales hacia el mar, la discusión no puede limitarse exclusivamente a los nombres de quienes ocupaban determinados cargos dentro de una planta. También resulta necesario conocer qué controles internos existían, qué mecanismos de supervisión funcionaban y qué conocimiento tenía la conducción de la empresa sobre el tratamiento y la disposición de sus efluentes.

En este contexto, la conducción de Conarpesa, encabezada por Fernando Álvarez, también debe estar dispuesta a dar explicaciones públicas sobre los mecanismos de control ambiental de sus instalaciones. Esto no supone atribuirle responsabilidad penal personal, sino plantear la necesidad de transparencia sobre el funcionamiento de una actividad industrial que tiene consecuencias directas sobre el ambiente marino.

La industria pesquera necesita producir, generar empleo y sostener su actividad. Pero ninguna de esas necesidades puede convertirse en una justificación para flexibilizar los controles ambientales ni para poner en riesgo los recursos naturales de los que depende el propio sector.

Un nuevo juicio y una pregunta que sigue pendiente

El nuevo debate estará a cargo de la jueza penal Yamila Flores, quien actuará como tribunal unipersonal.

Por el Ministerio Público Fiscal intervendrán el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos. La defensa particular estará a cargo de Luis Ángel Novoa y Jorge Rubiolo.

El tribunal deberá establecer si las descargas investigadas se produjeron bajo las condiciones descriptas por la acusación, si los efluentes llegaron al Golfo Nuevo sin el tratamiento correspondiente y qué intervención penal puede atribuirse a cada uno de los imputados.

La causa vuelve a poner en discusión algo que trasciende el resultado de un juicio: qué controles existen sobre los residuos industriales de las grandes empresas pesqueras y quién debe responder cuando se investiga una posible contaminación del mar.

El Golfo Nuevo no es un espacio ajeno a la actividad económica. Es parte del patrimonio ambiental de Chubut y un recurso cuya preservación también compromete el futuro de la propia actividad pesquera.

La Justicia tendrá ahora una nueva oportunidad para esclarecer lo ocurrido en 2023. Esta vez, las pruebas deberán recibir una nueva valoración judicial.