Desde el oficialismo, el titular del bloque, Daniel Hollmann, subrayó que la herramienta impedirá el acceso a habilitaciones a personas y empresas vinculadas con maniobras fraudulentas o evasión impositiva dentro de la actividad. En contraposición, el legislador Juan Pais sostuvo que el proyecto se enmarca en “una disputa sectorial”, mientras que Vanesa Abril planteó la necesidad de enfocar los esfuerzos en frenar la pérdida de puestos de trabajo en la industria.

Durante la misma jornada, el cuerpo legislativo también avaló el acta acuerdo orientada a incentivar inversiones en yacimientos convencionales, suscripta entre la Provincia y el Gobierno nacional. El diputado Emanuel Fernández afirmó que el entendimiento podría representar ingresos estimados entre 200 y 240 millones de dólares anuales para las arcas provinciales.

La flamante normativa introduce cambios en la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable y crea formalmente el Régimen de Ficha Limpia Pesquera, que establece la obligatoriedad de acreditar antecedentes fiscales y administrativos tanto para personas físicas como jurídicas vinculadas al sector. La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo encabezado por el gobernador Ignacio Torres.

El proyecto fue aprobado con 15 votos afirmativos de legisladores de Despierta Chubut y el respaldo de Mariela Williams. En tanto, los bloques Arriba Chubut y Chubut Unido, junto a los diputados Marcelo Rubia y Juan Aquino, se pronunciaron en contra.

Un nuevo escenario

Con la aprobación del texto impulsado por el Ejecutivo, el gobernador Ignacio Torres consiguió reconfigurar el esquema bajo el cual se ordena la administración pesquera en Chubut. La flamante normativa no solo introduce mayores exigencias formales, sino que marca un giro en la lógica de control y fiscalización del sector.

Sin embargo, el aval legislativo no clausura el debate: ahora la discusión podría trasladarse a los tribunales. Desde distintos ámbitos empresariales ya dejaron trascender que evalúan recurrir a la Justicia con planteos de inconstitucionalidad. Entre los puntos que anticipan cuestionamientos figuran la posible vulneración de derechos adquiridos, la eventual aplicación retroactiva de sanciones y la proporcionalidad de las inhabilitaciones previstas en el régimen.

El interrogante que comienza a instalarse en el tablero político provincial es cómo responderá el Gobierno si esos recursos avanzan o si la norma resulta alcanzada por medidas cautelares que frenen, total o parcialmente, su implementación. ¿Sostendrá la defensa integral de la ley en todas las instancias judiciales? ¿Introducirá ajustes si los magistrados objetan artículos puntuales? ¿O priorizará el impacto político de la señal enviada al sector, aun frente a un escenario de incertidumbre jurídica?

La etapa legislativa concluyó, pero la pulseada por el alcance real de la Ficha Limpia Pesquera recién empieza.