Por Pablo Fernandez

La ofensiva sobre los convenios colectivos, la presión para reducir salarios, la flexibilización laboral y la pasividad configuran uno de los momentos más críticos que enfrentan los trabajadores marítimos y portuarios desde el regreso de la democracia.

Mientras el Gobierno nacional sostiene un discurso de «modernización» y «competitividad», en los puertos argentinos y a bordo de los buques crece una preocupación que atraviesa a marineros, capitanes, oficiales, estibadores y trabajadores de la industria naval: la sensación de que se está librando una batalla cuyo verdadero objetivo es modificar de raíz el modelo laboral del sector marítimo.

No se trata únicamente de una discusión salarial. Tampoco de una negociación paritaria más.

Lo que está en juego es la continuidad de los Convenios Colectivos de Trabajo como herramienta de protección frente a una actividad que, por su naturaleza, implica riesgos, jornadas extensas, aislamiento y condiciones laborales que difícilmente puedan compararse con cualquier otro empleo.

Desde la llegada del Gobierno de Javier Milei, el discurso oficial apunta a reducir regulaciones laborales, flexibilizar relaciones de trabajo y promover reformas que otorguen mayor margen de maniobra a las empresas. Diversos especialistas laboralistas advirtieron que esos cambios podrían debilitar la negociación colectiva y facilitar una mayor precarización del empleo.

En la pesca y el transporte marítimo, ese escenario encontró rápidamente eco en un sector empresario que desde hace años reclama revisar convenios colectivos que considera «incompatibles con la competitividad».

Durante los últimos meses se multiplicaron los planteos empresariales para reducir costos laborales, revisar adicionales, modificar sistemas de producción y discutir condiciones históricas de trabajo.

Detrás del argumento de la crisis aparecen propuestas que los trabajadores interpretan como un intento de trasladar el peso del ajuste exclusivamente sobre quienes viven de un salario.

Porque cuando una empresa sostiene que sólo puede seguir funcionando si baja salarios, elimina derechos o modifica convenios, la discusión deja de ser económica para transformarse en una disputa sobre el modelo laboral que tendrá el sector durante los próximos años.

El convenio colectivo bajo ataque

Los Convenios Colectivos no son privilegios.

Son acuerdos construidos durante décadas de negociación, conflictos y consensos que contemplan las particularidades de una actividad considerada entre las más riesgosas del país.

Pretender que desaparezcan bajo el argumento de la competitividad implica desconocer esa historia.

La discusión ya no pasa solamente por cuánto cobra un trabajador.

La verdadera disputa consiste en determinar quién fija las reglas del trabajo marítimo.

Y en esa discusión muchos empresarios encontraron un escenario político favorable.

Una crisis que algunos utilizan como oportunidad

Nadie desconoce que parte de la industria pesquera atraviesa dificultades económicas.

La caída de algunos mercados, el incremento de costos y la pérdida de rentabilidad son problemas reales.

Pero también resulta legítimo preguntarse si toda crisis debe resolverse exclusivamente reduciendo derechos laborales.

En numerosos conflictos recientes, la primera propuesta sobre la mesa volvió a ser la misma: revisar convenios, bajar costos laborales o modificar sistemas salariales.

Es decir, que el esfuerzo recaiga nuevamente sobre los trabajadores.

El cerco institucional sobre los sindicatos: paritarias bajo control y una presión creciente sobre el mundo del trabajo

Más allá de la discusión sectorial que hoy atraviesa la actividad marítima y portuaria, comienza a consolidarse un escenario que preocupa a buena parte del movimiento obrero: el creciente condicionamiento que el Gobierno nacional ejerce sobre las negociaciones paritarias.

Con el argumento de combatir la inflación, la administración de Javier Milei impulsa una política de homologación de acuerdos salariales alineada con las proyecciones oficiales de inflación. En la práctica, numerosos gremios sostienen que ese criterio funciona como un techo para las paritarias y limita el margen de negociación entre sindicatos y empleadores.

El problema, advierten los trabajadores, es que la realidad cotidiana no se reduce al índice de inflación.

Mientras las estadísticas oficiales reflejan una desaceleración de los precios generales, millones de familias enfrentan aumentos muy superiores en rubros esenciales para sostener su calidad de vida.

Las tarifas de electricidad, gas y agua; el transporte; los combustibles; los alquileres; la medicina prepaga; los medicamentos y otros servicios básicos registraron incrementos que impactan directamente sobre el ingreso disponible de los trabajadores.

En otras palabras, el salario no sólo pierde frente a la inflación oficial cuando ésta supera los aumentos acordados. También se deteriora cuando el costo de vivir aumenta por vías que el índice general no refleja plenamente en la economía doméstica de cada familia.

En el sector marítimo esa situación se agrava por las características propias de la actividad.

Muchos trabajadores permanecen semanas embarcados lejos de sus hogares, mientras sus familias afrontan un incremento constante del costo de vida. Sin embargo, las negociaciones salariales aparecen cada vez más condicionadas por un esquema que prioriza las metas económicas del Gobierno por encima del poder adquisitivo real.

Ese contexto fortalece la posición de sectores empresarios que desde hace tiempo impulsan reformas sobre los Convenios Colectivos de Trabajo.

Con un Estado decidido a contener las paritarias y empresas que reclaman una reducción de los costos laborales, el margen de negociación sindical se estrecha considerablemente.

Para muchos dirigentes gremiales, la discusión dejó de centrarse exclusivamente en los porcentajes de aumento y pasó a ser una disputa por la preservación misma de los derechos conquistados durante décadas.

Desde distintos sindicatos del sector sostienen que nunca, desde el retorno de la democracia, habían enfrentado una combinación tan compleja: un Gobierno que promueve reformas laborales y una parte del empresariado que busca aprovechar ese escenario para revisar convenios históricos, modificar condiciones de trabajo y reducir costos salariales.

Por eso, dentro del mundo marítimo y portuario, cada vez son más quienes interpretan que la pelea actual ya no es únicamente por un aumento salarial. Es una disputa por el futuro de la negociación colectiva y por la autonomía de las organizaciones sindicales frente a un contexto de fuerte presión política y económica.

Cuando las paritarias dejan de responder al costo real de vida y comienzan a quedar condicionadas por objetivos macroeconómicos, el riesgo es que la negociación colectiva pierda su esencia: proteger el poder adquisitivo de quienes viven de su trabajo.

Este es el núcleo del conflicto que hoy atraviesa a los trabajadores del mar. No se discuten solamente porcentajes. Se discute quién fija las reglas del trabajo, quién define el valor del salario y hasta dónde puede llegar el Estado en el condicionamiento de la negociación entre trabajadores y empleadores.

Sin embargo, cuando una parte de los trabajadores percibe que las negociaciones terminan consolidando retrocesos en lugar de fortalecer las condiciones laborales, la confianza comienza a deteriorarse.

Mucho más que una paritaria

Reducir este conflicto a una discusión salarial sería minimizar lo que verdaderamente ocurre.

Lo que hoy enfrenta el sector marítimo y portuario es una discusión sobre el futuro del trabajo.

Si prospera la lógica de que toda crisis debe resolverse recortando derechos laborales, mañana ningún convenio colectivo estará a salvo.

Porque una vez que se acepta retroceder en un convenio, el siguiente paso suele ser volver a pedir otro sacrificio.

Y después otro.

La batalla más importante de los últimos años

Los trabajadores marítimos y portuarios han atravesado crisis económicas, cierres de empresas, conflictos internacionales, vedas biológicas y reformas del Estado.

Pero pocas veces enfrentaron un escenario donde confluyeran simultáneamente un Gobierno decidido a flexibilizar las relaciones laborales y sectores empresarios impulsando cambios profundos sobre convenios históricos.

Por eso muchos consideran que ésta no es una discusión más.

Es probablemente la batalla gremial más importante que enfrenta el sector en décadas.

Porque lo que se defina hoy no impactará solamente sobre la próxima temporada de pesca.

Definirá las condiciones laborales de las próximas generaciones de trabajadores del mar.

Y cuando los derechos conquistados durante décadas comienzan a perderse, recuperarlos suele demandar muchos más años que los que llevó destruirlos.

imagen sitio web lateclamardelplata