Argentina dio un paso trascendente en materia de control pesquero al adherirse al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puertos (AMERP), el principal instrumento jurídico internacional destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

La incorporación al tratado, que ya había obtenido media sanción en el Senado durante abril, fortalece el marco legal del país para ejercer mayores controles sobre los buques que operan en sus puertos y profundiza la cooperación internacional frente a una problemática que afecta la sustentabilidad de los recursos pesqueros a nivel mundial.

Según estimaciones de organismos internacionales, cerca del 20 % de las capturas pesqueras globales provienen de actividades ilegales o no reguladas, una situación que impacta negativamente sobre las poblaciones de peces, deteriora los ecosistemas marinos y genera una competencia desleal para las empresas que cumplen con la normativa vigente.

Una herramienta para reforzar los controles

El AMERP fue adoptado en 2009 en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y entró en vigor en 2016. Actualmente cuenta con 87 Estados Parte y constituye el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante orientado exclusivamente a combatir la pesca INDNR mediante el control de los puertos.

Su aplicación permitirá a la Argentina impedir el ingreso, desembarque o utilización de servicios portuarios por parte de embarcaciones sospechadas de participar en actividades pesqueras ilegales, dificultando la comercialización de capturas obtenidas fuera de la normativa internacional.

Además de fortalecer los mecanismos de fiscalización, el acuerdo busca proteger los recursos pesqueros nacionales y brindar mayores garantías a los mercados internacionales sobre el origen legal y sostenible de los productos pesqueros argentinos.

Un complemento a los mecanismos existentes

Hasta ahora, el país disponía de herramientas de inspección en el marco del Acuerdo Latinoamericano sobre el Control de Buques por el Estado Rector del Puerto, orientadas principalmente a la seguridad de la navegación y la prevención de la contaminación marina.

Sin embargo, ese instrumento no contemplaba medidas específicas para enfrentar la pesca ilegal con el alcance previsto por el AMERP, que incorpora procedimientos de inspección, intercambio de información y cooperación internacional dirigidos exclusivamente a combatir este tipo de actividades.

El desafío de ampliar la cooperación

Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina destacaron la adhesión como un avance significativo en la política pesquera nacional, aunque advirtieron que será necesario profundizar las acciones de cooperación internacional.

El director de Conservación de la organización, Sebastián Fermani, sostuvo que el acuerdo «es una herramienta concreta para establecer un límite para quienes operan por fuera de la ley», al tiempo que destacó que fortalece los controles en los puertos argentinos y mejora la coordinación entre los países para enfrentar la pesca ilegal.

En la misma línea, Diego Albareda, coordinador del Paisaje Costero Marino de la entidad, señaló que la pesca ilegal «no solo pone en riesgo los ecosistemas marinos, sino que también perjudica a quienes cumplen las reglas», remarcando que el nuevo marco jurídico contribuirá a generar condiciones más equitativas para toda la actividad.

No obstante, especialistas coinciden en que el ingreso al acuerdo constituye apenas el primer paso. Entre los principales desafíos aparece la necesidad de consolidar acuerdos bilaterales y avanzar en el marco de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero para reforzar el control sobre las flotas que operan en aguas internacionales próximas a la Zona Económica Exclusiva argentina, uno de los principales focos de preocupación para la administración pesquera nacional.