La medida quedó plasmada en un dictamen jurídico elaborado por el área legal provincial, el cual fue compartido y respaldado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y dado a conocer en las últimas horas. El pronunciamiento establece que la presencia de serenos de buque resulta indispensable para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salud, protección ambiental y resguardo laboral en el ámbito portuario.

Cabe recordar que, hace aproximadamente un año, el gobierno de Javier Milei avanzó en la desregulación de la actividad mediante el Decreto 37/2025, norma que si bien no eliminó formalmente la figura del sereno de buque, introdujo la opcionalidad en su contratación en todo el territorio nacional. En los hechos, esa decisión derivó en que numerosas agencias marítimas dejaran de contratar a estos trabajadores.

Desde la administración bonaerense se argumenta que dicha opcionalidad generó un escenario de desprotección que afecta tanto a los trabajadores del sector como al conjunto de las actividades portuarias. El dictamen provincial sostiene que la ausencia de serenos compromete la seguridad operativa de los buques amarrados, el control de riesgos ambientales y las condiciones laborales en los puertos.

La resolución provincial también declara la no aplicabilidad del decreto nacional en el ámbito bonaerense y fundamenta su postura en la autonomía de la provincia, basada en su preexistencia al Estado Nacional. En ese sentido, el texto subraya la potestad de Buenos Aires para regular actividades vinculadas a la seguridad y el trabajo dentro de su jurisdicción.

El dictamen establece además la obligación de contar con serenos de buque en todas las embarcaciones comerciales y/o industriales, tanto nacionales como extranjeras, de más de 2.000 toneladas, que se encuentren amarradas en puertos fluviales o marítimos, ya sean de uso público o privado.

La decisión del gobierno nacional había generado numerosos reclamos gremiales por parte del sindicato que nuclea a los serenos de buque, que advirtió oportunamente sobre los riesgos derivados de la eliminación práctica del servicio. Con esta resolución, la provincia de Buenos Aires vuelve a reconocer el rol estratégico de estos trabajadores en el sistema portuario y marítimo.

El ministro Walter Correa ratificó la postura oficial al hacer propio el dictamen del Departamento Jurídico, consolidando así una definición política que reabre el debate sobre el alcance de la desregulación laboral y la tensión entre las competencias nacionales y provinciales en materia de trabajo y seguridad portuaria.