No hubo acuerdo entre cámaras empresarias y representaciones de la pesca en el marco del conflicto que se ha generado a partir de la decisión de los armadores de no salir a navegar atentos a que consideran que las condiciones económicas que afrontan no les permiten márgenes de rentabilidad en la actividad.

Convocadas a una audiencia en el ámbito de la Subsecretaría de Relaciones de Trabajo de la Nación, ambas partes dejaron plasmadas sus posturas sin margen de flexibilidad, al menos en esta instancia, por lo que se mantendría la actual situación de buques amarrados en puerto y tripulaciones sin alternativa de oportunidad de navegar y trabajar.

Los sindicatos de las distintas actividades de esta industria consideran que se trata de un “lock out” patronal, entendido como la decisión de las empresas de no zarpar mientras reclaman una disminución de salarios de los distintos trabajadores a bordo.

Estuvieron presentes dirigentes del Sindicato de Obreros de Marítimos Unidos (SOMU), Sindicato de Marítimos de la Pesca (Simape), Asociación de Patrones y Capitanes de Pesca, Sindicato de Conductores Navales (Siconara), Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales por el sector gremial.

Por el sector empresario participaron directivos de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores (Capeca) y Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas.

Estos últimos abrieron la audiencia con un plante que explicaba la decisión de no soltar amarras: ratificaron “la necesidad de readecuar el negocio de la pesca del langostino procesado a bordo, como única alternativa para retomar la actividad en condiciones económicamente viables para todos los involucrados”.

Recordaron que los costos laborales del personal embarcado “representan un 60% del costo total de producción” y señalaron que “se ha evidenciado un espíritu de total apertura al diálogo y búsqueda de soluciones constructivas en la actual condición de emergencia en que se encuentra esta actividad”. Expusieron esta idea “con la finalidad de poder alcanzar un acuerdo conciliatorio que permita la salida a la pesca de forma sostenible” y para ello exigieron a los gremios una revisión de su rechazo a ajustes en los salarios que perciben los trabajadores.

La respuesta de los sindicatos fue contundente y unánime: “esta parte debe poner blanco sobre negro y asegurar a los trabajadores de la activada que en ninguna forma permitirá una baja de los salarios por producción”. “Es absolutamente falso que el personal embarcado represente el 60% del costo total de la producción, el nivel de temeridad e inverosimilitud de la manifestación vertida nos exime de mayores comentarios”, dijeron.

Y dejaron en claro además que “no existe ninguna posibilidad de modificación de los CCT vigentes. En este orden ideas reservamos derecho de ampliar, independientemente de la oportuna contestación del traslado conferido”. En esa tensión se cerró la audiencia, sin margen por el momento para nueva cita o posibilidad de acuerdo en lo inmediato, lo que significa que el conflicto sigue abierto y en pie. Y la flota pesquera, paralizada.

Los funcionarios a cargo de la audiencia remarcaron en el cierre del acta que instan a “seguir manteniendo un canal de diálogo en forma privada, en un clima de paz social, extremando y aunando los esfuerzos tendientes a una solución a las problemáticas planteadas en autos, solicitando a las mismas informen el avance las negociaciones”