El reciente pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo volvió a encender el malestar dentro del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), apenas días después del contundente triunfo de la Lista 22 Naranja en todo el país. La resolución, lejos de pasar desapercibida, reabrió sospechas sobre presiones externas y maniobras destinadas a poner en duda lo que los afiliados ya definieron en las urnas: un cambio de conducción amplio, legítimo y masivo.

El expediente 45775/2025, vinculado a una presentación de Luciano Andrés Doria, sumó un nuevo capítulo con la decisión de la Sala integrada por los jueces Cañal y Fera, que rechazó la revocatoria planteada por el sindicato. Para muchos dentro del gremio, el problema excede lo jurídico: vuelve a instalarse la idea de que sectores de poder buscan intervenir en la vida interna del SOMU.

Un proceso electoral que había sido validado

Las elecciones del SOMU fueron descritas por observadores, afiliados y la propia Junta Electoral como uno de los procesos más transparentes de los últimos años. La participación fue masiva y la Lista 22 Naranja se impuso de manera amplia en prácticamente todas las seccionales del país.

Pese a ello, la Justicia volvió a involucrarse en un proceso que, según la propia normativa interna, está bajo la órbita exclusiva de la Junta Electoral. La paradoja quedó expuesta en el voto de la jueza Cañal, quien reconoció que el sindicato no tiene facultades para suspender elecciones y que esa potestad corresponde exclusivamente a la Junta Electoral. Sin embargo, aun admitiendo ese principio, el recurso fue igualmente rechazado.

La contradicción no pasó inadvertida dentro del SOMU.

El trasfondo político que inquieta al gremio

Referentes sindicales sostienen que estas intervenciones no pueden analizarse aisladas del contexto político y económico que rodea al sector marítimo. Para ellos, lo que está en discusión no es un tecnicismo judicial, sino la correlación de fuerzas dentro de un gremio estratégico para la actividad pesquera y portuaria.

La pregunta que circula en los pasillos del sindicato y entre los trabajadores es recurrente:
¿A quién favorece un SOMU debilitado o sumido en disputas judiciales?

Algunos apuntan a sectores empresariales que se sienten incómodos frente a una conducción fortalecida y con respaldo masivo. Otros señalan a actores políticos que históricamente buscaron incidir en la vida interna del gremio. Pero todos coinciden en un punto: el fallo reabre tensiones que se creían superadas.

La respuesta de la Lista 22 Naranja

Desde la conducción electa fueron claros: defenderán el resultado de las elecciones “con todas las herramientas institucionales disponibles” y no permitirán que ninguna instancia externa ponga en duda el voto de miles de trabajadores que participaron del proceso.

“La discusión sindical ya está saldada”, sostienen. “Lo que queda ahora es enfrentar la instancia judicial para preservar la legitimidad que los afiliados otorgaron en forma contundente”.

Una disputa que abre un nuevo capítulo

Mientras el SOMU plantea que la democracia sindical debe ser respetada, el avance de la causa judicial deja abierta una incógnita que atraviesa al sector:

¿Se respetará finalmente la voluntad expresada en las urnas o continuarán los intentos de intervenir un proceso que la propia Junta Electoral dio por válido?

Esa es, hoy, la pregunta que marca el pulso de un conflicto que, lejos de cerrarse, acaba de entrar en una etapa decisiva.