El gremio reclama controles sobre las liquidaciones y rechaza cambios que considera contrarios al convenio colectivo. Tras meses de reclamos por empleo, despidos y haberes, la discusión también alcanza el respeto por la organización de los trabajadores. El enfrentamiento tiene un reciente antecedente en la disputa de la empresa con el SOMU durante 2025.

El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y Conarpesa mantiene abierta una discusión central para la industria pesquera de Chubut: cómo se remunera el trabajo en las plantas y qué garantías tienen los operarios para defender sus condiciones laborales.

El sindicato reclama la intervención de las autoridades provinciales para controlar las liquidaciones y verificar que los salarios se calculen conforme al convenio colectivo. En su presentación del 2 de octubre, que también alcanza a Agropez y WOFCO, cuestionó el pago por cajón y sostuvo que la remuneración por producción debe reconocer el kilaje neto efectivamente elaborado, con los valores convencionales correspondientes.

La empresa defiende un esquema que combina una base por cajón con un adicional por kilo para los clasificadores y lo vincula con sus objetivos de incrementar el procesamiento. El planteo del STIA exige comprobar cómo se traduce esa modalidad en el ingreso de cada trabajador y reclama que ninguna modificación desconozca las condiciones acordadas colectivamente.

Del reclamo por empleo a la discusión salarial

La disputa comenzó a hacerse visible en junio, cuando el gremio exigió la convocatoria de 85 trabajadores efectivos de temporada en Puerto Madryn. La empresa argumentaba que realizaba reformas en la planta. El 15 de julio, trabajadores y representantes sindicales volvieron a reclamar el cumplimiento de un acta que, según explicó el STIA, establecía darles el alta y convocarlos desde esa fecha.

Después de aquella protesta, Conarpesa dispuso 39 despidos, que justificó por los incidentes que denunció en las oficinas administrativas. El sindicato rechazó las acusaciones y reclamó las reincorporaciones. La Secretaría de Trabajo intervino mediante una conciliación obligatoria, pero el conflicto continuó.

A fines de agosto, el STIA volvió a manifestarse frente a la planta por los salarios del período conciliatorio que denunciaba como impagos. En septiembre, su secretario general, Luis Núñez, explicó que 16 de los trabajadores originalmente despedidos no querían regresar bajo las condiciones ofrecidas y reclamaban indemnización. Ese dato corresponde a aquella etapa y no permite establecer por sí solo la situación actual de cada caso.

La representación de los trabajadores merece respeto

En paralelo a la discusión laboral, Álvarez Castellano llevó sus cuestionamientos a la dirigencia sindical al terreno público. También formuló acusaciones sobre presuntas amenazas que Núñez rechazó, reclamando que cualquier señalamiento se respalde con pruebas ante la Justicia. El dirigente reiteró las denuncias por incumplimientos laborales y los pedidos de intervención provincial.

La exposición mediática de esas acusaciones exige responsabilidad: reproducir la versión empresarial sin contrastarla con la respuesta gremial puede convertir un reclamo por salarios en una descalificación de quienes lo representan. Las denuncias deben investigarse; su difusión no las convierte en hechos acreditados.

Desde una perspectiva editorial, hay un principio que merece quedar claro: la defensa colectiva de los salarios y las condiciones de trabajo es legítima, y la representación elegida por los trabajadores merece respeto. Las diferencias con una conducción sindical deben discutirse con argumentos y en los ámbitos correspondientes. La presión pública y las descalificaciones no resuelven cuánto se debe pagar ni si se cumple el convenio.

El antecedente con el SOMU en 2025

Conarpesa ya había protagonizado un fuerte enfrentamiento con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) durante el conflicto de la flota tangonera de 2025. En aquella negociación sectorial, Álvarez Castellano defendió una reducción de los valores de producción para mejorar la rentabilidad, mientras el gremio resistía cambios en las remuneraciones de los tripulantes.

En julio de ese año, representantes del SOMU se concentraron en el acceso al muelle de Puerto Madryn para advertir sobre acuerdos individuales de embarque en buques de Conarpesa que, según denunciaban, implicaban una rebaja salarial respecto del convenio. El empresario también había cuestionado públicamente a la conducción del sindicato.

Los conflictos involucran a gremios y tareas diferentes, pero permiten reconocer una discusión recurrente sobre los límites de las propuestas empresariales frente a las condiciones colectivas de trabajo.

En el caso del STIA, la respuesta pendiente requiere fiscalización y diálogo: determinar qué volumen se procesa, cómo se liquida y qué diferencias pudieran corresponder. La competitividad de la industria necesita producción e inversiones, junto con salarios correctamente abonados y respeto por quienes se organizan para defenderlos.