La Fundación Agustina Lerena incluyó a Bricel, Estrella Patagónica y Conarpesa en una demanda presentada ante la Justicia Federal de Río Grande por presuntos vínculos con empresas que pescan bajo licencias británicas en Malvinas. Algunas de las firmas ya habían rechazado públicamente esos vínculos, aunque antes de la presentación judicial.

La controversia por la explotación de los recursos pesqueros en las islas Malvinas involucra, de modo indirecto, a 3 empresas del sector con base en Puerto Madryn que, según los términos de la denuncia judicial, podrían haber incumplido la legislación nacional por sus presuntos vínculos con empresas que operan en el archipiélago.

En una entrevista con Actualidad 2.0, el especialista en pesca y derecho del mar César Lerena explicó por qué la Fundación “Agustina Lerena” (en homenaje al nombre de su hija, fallecida en 2002) detalló los fundamentos de su planteo, que exige un resarcimiento económico al Estado argentino, a partir de una estimación de la pesca ilegal perpetrada desde la vigencia de la ley Federal que regula al sector, sancionada en 1998.

La imputación forma parte de una demanda colectiva presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, que reclama una reparación por la explotación pesquera que la fundación considera ilegal en torno a las islas.

“Frente a la ausencia total de los gobiernos, alguien se tenía que hacer cargo de esta cuestión -sostuvo Lerena-. Consideramos que no podíamos escaparnos a esta demanda porque no veíamos una reacción del gobierno destinada a terminar con esta pesca ilegal”.

Una demanda millonaria sobre un centenar de empresas: entre 13.000 y 26.000 millones de dólares

Lerena explicó que la fundación decidió separar su reclamo en distintas líneas. La primera demanda apunta principalmente contra empresas pesqueras españolas y sociedades mixtas que operan con empresarios vinculados a las islas. En paralelo, identifica a firmas argentinas que, según sostiene, podrían quedar alcanzadas por el artículo 27 bis de la Ley 24.922, la Ley Federal de Pesca.

“Cualquier empresa que tenga una autorización para pescar en la zona económica exclusiva argentina no puede pescar sin habilitación argentina en Malvinas ni en ninguna otra agua”, afirmó el especialista al explicar el fundamento de la presentación.

Lerena sostuvo que esa disposición también impide mantener relaciones directas o indirectas con quienes desarrollan actividades pesqueras en las islas bajo licencias británicas.

La cuestión jurídica, por lo tanto, no se limita a determinar si una embarcación de la compañía pescó directamente en las aguas que rodean el archipiélago. El planteo de la fundación también apunta a posibles relaciones empresariales con firmas que operan allí. La existencia, el alcance y las consecuencias de esos vínculos son aspectos que deberán ser precisados a partir de la documentación de la causa y de las respuestas de las empresas involucradas.

La demanda incluye un reclamo económico global de entre US$ 12.351 millones y US$ 26.465 millones, según el criterio de valuación de las capturas utilizado por la fundación. Ese cálculo corresponde al conjunto de los daños que atribuye a la actividad pesquera denunciada, que incluye a varias empresas.

“Esos números no son arbitrarios -detalló el especialista, sobre el monto de la demanda-. Hay quien piensa que lo que ha perdido la Argentina son los derechos de captura. Pues no. Es como si a uno le roban una moto y reclama el lucro cesante por los tres días no trabajados. No, yo quiero la moto”, comparó.

La demanda alcanza, según la Fundación Agustina Lerena, a unas 100 personas físicas y jurídicas. Además de empresas pesqueras y otras sociedades vinculadas con operadores de las islas, el listado incluye bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores.

Entre las firmas argentinas señaladas por sus presuntos vínculos con compañías que operan en Malvinas aparecen Bricel SA, Estrella Patagónica SA y Conarpesa.

“Acá se presentaría la circunstancia de que estas empresas, que son tres, estarían violando el artículo 27 bis”, sostuvo Leren. La presentación también incorpora a ocho integrantes de la Asociación de Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca (ACEMIX), entre ellos Iberconsa de Argentina, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado, Pesantar y Vieira Argentina.

El cálculo fue realizado por la fundación sobre la estimación de 4,1 millones de toneladas de capturas ilegales en torno a las islas desde el año 1989, en especies como calamar, langostino o merluza negra.

La respuesta que Álvarez Castellano había dado en septiembre

Semanas atrás, fue el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, quien rechazó cualquier vinculación societaria, comercial u operativa con las autoridades británicas de las islas.

“Llevo 31 años en Argentina y nunca tuve ninguna vinculación societaria, comercial, operativa ni de cualquier otra naturaleza con el gobierno del Reino Unido en lo referido a las Islas Malvinas”, sostuvo entonces el empresario.

También afirmó que la compañía no participaba, directa ni indirectamente, de actividades realizadas bajo licencias o permisos otorgados por las autoridades británicas y que no integraba ningún esquema empresario que operara en el archipiélago. En la misma declaración, ratificó su defensa de la soberanía argentina.

Aquella declaración fue formulada antes de que la Fundación Agustina Lerena formalizara, el 9 de octubre, la demanda colectiva que ahora incluye a la pesquera. También en los días previos, desde la revista Puerto se había mencionado el rechazo de las empresas involucradas a cualquier relación con la actividad en Malvinas, aunque en ese caso no hubo comunicados ni declaraciones osifícales.

En todos los casos, las empresas deben presentar declaraciones juradas para renovar los permisos pesqueros en Argentina, en las que deben demostrar que no hay vinculación con empresas que operen sin permisos, como establece el mencionado artículo 27 bis. Un análisis más complejo del caso es la posible vinculación societaria de distintos grupos empresarios con capitales españoles que sí están explotando recursos pesqueros con permisos otorgados por el gobierno isleño.

Medida cautelar para suspender las licencias pesqueras

La fundación solicita, entre otras medidas, una cautelar mientras se tramita la demanda y que se evalúe la caducidad de las habilitaciones de los buques nacionales que eventualmente hayan incumplido la ley.

El mismo denunciante anticipó su expectativa de que la semana próxima puede haber algún tipo de pronunciamiento de la jueza, una vez que se reincorpore a su despacho, tras un período de licencia.

La discusión por el carguero chileno

El caso también se conecta con la controversia por el buque Danstar, que tiene previsto reanudar en noviembre la ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino, suspendida desde 2011. La iniciativa reabrió el debate sobre el abastecimiento de las islas y sobre los límites entre el comercio general y el apoyo logístico que podría facilitar actividades económicas cuestionadas por la Argentina.

Lerena reiteró su rechazo a que el tránsito del carguero pueda considerarse automáticamente un caso de “paso inocente”. En su interpretación, el viaje no debe analizarse solamente como una operación comercial privada, sino por la función logística que puede cumplir para un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

“La Cancillería nos tiene confundidos”, afirmó, al cuestionar las señales del Gobierno nacional sobre cómo responder al viaje previsto. A su juicio, la Argentina debería plantear con mayor firmeza su posición ante Chile y evitar que la controversia se reduzca a aceptar o rechazar el paso de un solo barco.

fuente Adn sur

Por :Raul Figueroa