El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, confirmó en diálogo con Crónica que su compañía está dispuesta a asumir la gestión de la ex Alpesca en Puerto Madryn, siempre y cuando el Gobierno provincial avance con la rescisión del contrato que actualmente mantiene con Red Chamber y se garanticen las condiciones legales para participar en una futura convocatoria.

Desde la Secretaría de Pesca de Chubut, encabezada por Andrés Arbeletche, se está evaluando la finalización del vínculo con Red Chamber, debido a presuntos incumplimientos contractuales. En respuesta, la firma concesionaria presentó un recurso administrativo y denunció ante la Justicia Federal haber sido objeto de un caso de espionaje empresarial.

Álvarez Castellano expresó que están atentos a la determinación del Ejecutivo provincial y que, de concretarse la desvinculación de Red Chamber, analizarán presentar una propuesta para quedarse con la operación.

“En el momento en que el Gobierno tenga el dominio legal de la planta, sin dudas vamos a mostrar interés, al igual que otras empresas. Habrá que definir quién es el mejor candidato. Todos esperan que se anuncien los requisitos”, expresó el titular de Conarpesa.

En relación con otros interesados, el empresario reconoció estar al tanto de las versiones que vinculan al grupo Profand con una posible postulación, aunque sostuvo que existen firmas con mayor experiencia y trayectoria en la industria pesquera de Chubut.

“Creo que hay compañías con mayor respaldo y años de trabajo en la región. Profand es más reciente, y hay otros actores que llevamos décadas operando aquí”, remarcó.

Fuerte rechazo a la injerencia sindical

Por otro lado, Álvarez Castellano fue categórico al afirmar que no participará en ninguna licitación si el gremio STIA tiene poder de veto o intervención en la elección del futuro concesionario. Según el empresario, el dirigente sindical Luis Núñez habría intentado imponer condiciones para la eventual transferencia de la planta.

“El sindicato no puede decidir a quién se le otorga la operación. Si eso sucede, yo me bajo. Si el pliego incluye que el STIA debe dar el visto bueno, no participamos. Ese es mi límite”, advirtió.

Asimismo, recordó los problemas históricos que enfrentó Alpesca cuando fue declarada de utilidad pública, mencionando una estructura sobredimensionada de personal y altos índices de ausentismo, lo cual dificultaba su operatividad.

“Alpesca tenía una plantilla excesiva. Se hablaba de un 40% de ausencias diarias. Es inviable sostener una empresa así”, apuntó.

El empresario hizo hincapié en la necesidad de aumentar la eficiencia productiva para ser competitivos a nivel internacional. “El secreto está en producir más con el mismo personal o con una dotación levemente mayor. En Argentina, los costos fijos como energía o servicios se pagan igual si producís 10 o 50 toneladas”, explicó.

Denuncias de amenazas e intimidaciones

Álvarez Castellano también denunció situaciones recientes de conflictos gremiales que involucraron intimidaciones a trabajadores de la compañía en Madryn. Según relató, un grupo de tripulantes debió abandonar un buque tras recibir mensajes con amenazas a sus familias.

“Yo no voy a tolerar, y creo que ninguna empresa debería tolerar, que un sindicato nos imponga condiciones salariales o de gestión bajo amenazas. Eso tiene que terminar”, afirmó.

Sobre la denuncia de “espionaje”

En cuanto a la denuncia de Red Chamber por presunto espionaje industrial durante una visita a la planta, Álvarez Castellano minimizó el hecho y lo calificó como una reacción desmedida.

“No estamos hablando de la fórmula de la Coca-Cola. Las plantas pesqueras siguen un esquema similar, y los planos son públicos. No hace falta espiar para saber cómo están armadas. Si alguien quiere venir a ver mi planta, los invito sin problema”, ironizó.

Cuidado legal ante una posible salida de Red Chamber

Finalmente, el titular de Conarpesa advirtió que, en caso de irregularidades en el proceso de expropiación de Alpesca, el Gobierno provincial podría enfrentar consecuencias legales similares al caso YPF.

“Si los pasos anteriores se dieron correctamente, no debería haber inconvenientes. Pero si hubo desprolijidades, podría derivar en litigios complicados. Hay que actuar con responsabilidad para evitar futuras demandas contra la provincia”, concluyó.