El Gobierno de Chubut resolvió finalmente restablecer la concesión de los activos de la ex Alpesca a la firma estadounidense Red Chamber Argentina, luego de que un recurso contencioso administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia exigiera revisar la rescisión unilateral del contrato firmado en 2015. La instancia judicial derivó en un acuerdo conciliatorio que, en los hechos, implica anular el arrendamiento otorgado recientemente a Profand y volver atrás con todas las medidas administrativas adoptadas.

El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche —quien había sido responsable tanto de la ruptura contractual con Red Chamber en febrero como de la firma del polémico arrendamiento con Profand el 30 de septiembre— terminó este viernes 14 de noviembre dejando sin efecto aquel convenio y restituyendo todos los bienes a la compañía norteamericana, apenas 45 días después de haberla expulsado.

En una jornada agitada, el funcionario firmó tres resoluciones consecutivas: la apertura formal de la temporada de langostino (N.º 0687), la cancelación del contrato con Profand (N.º 0688) y la devolución de la planta y los recursos de la ex Alpesca a Red Chamber (N.º 0689).
Versiones internas indican que podrían haber sido sus últimas decisiones como parte del gabinete provincial, en medio de un creciente malestar político por lo que ya se considera uno de los episodios administrativos más desordenados de la pesca chubutense.

El SOMU, clave para frenar la parálisis laboral

En medio del conflicto, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fue uno de los actores que más insistió para evitar que la paralización de sus afiliados maritimos y la planta termine dejando a decenas de trabajadores sin actividad.
El propio Arbeletche reconoció en los considerandos que los gremios advirtieron con firmeza el riesgo de tener a Alpesca sin procesar, incluso aunque se tratara de pocos días. Los planteos del SOMU —remarcando que el inicio de temporada no podía quedar comprometido— fueron determinantes para que el Gobierno priorizara garantizar continuidad laboral y acelerara la reversión de las decisiones tomadas.

La clara demostración de la participación directa del SOMU en este conflicto

El Ejecutivo admitió que la falta de habilitaciones actualizadas de Red Chamber, sumada al cambio repentino de operador, podía generar “grave riesgo de paz social”, un mensaje que los sindicatos venían transmitiendo desde el primer momento.
Gracias a esos reclamos, el Gobierno reconoció la necesidad de asegurar que los trabajadores mantuvieran sus puestos y que la planta siguiera activa, aun con el marco de desprolijidad que dejó al descubierto la gestión pesquera.

Profand, expulsada tras apenas 45 días

El contrato con Pesquera Deseado S.A. —del grupo español Profand— quedó sin efecto conforme a la Resolución N.º 0688/25-SP. La empresa sólo alcanzó a operar 45 días en la ex Alpesca antes de que el Gobierno diera marcha atrás.

En el acta oficial se detalla que el acuerdo conciliatorio con Red Chamber obliga a que la firma norteamericana retome la explotación de la planta, lo que se concretaría una vez que obtenga nuevamente la habilitación de Senasa.

Una transición insólita: Profand operará solo 48 horas

En uno de los pasajes más llamativos del proceso, la Provincia autorizó a Profand a pescar y procesar langostino por 48 horas más, hasta que Red Chamber esté en condiciones de tomar control total de la planta.
La propia resolución admite que el intempestivo cambio de operador fue tan caótico que impidió completar a tiempo los trámites laborales y comerciales, obligando al Gobierno a improvisar una salida momentánea para evitar frenar la zafra.

Buques a la espera y un clima de incertidumbre

Cinco barcos —Fides Fe I, Euro II, Doña Alfia, Fiesta y Baffeta— ya tienen permisos otorgados bajo el nuevo entendimiento con Red Chamber y serán habilitados para zarpar en cuanto la empresa regularice su documentación.

El episodio, marcado por marchas y contramarchas, presiones judiciales y tensión gremial, dejó nuevamente expuesta la fragilidad de la seguridad jurídica en la administración pesquera de Chubut.
Sin embargo, la intervención del SOMU resultó clave para evitar que la confusión administrativa terminara golpeando de lleno a los trabajadores, quienes lograron preservar sus fuentes laborales en un contexto de extrema volatilidad.