Por pablo Fernandez

La instalación de cámaras a bordo de los buques pesqueros argentinos suele presentarse en el discurso oficial como una política activa de control y transparencia. Sin embargo, la realidad es bastante menos épica: existe una ley, sí, pero su aplicación sigue siendo parcial, desordenada y, en muchos casos, meramente declarativa. La mayoría de los barcos aún no cuentan con sistemas de monitoreo electrónico y, en aquellos que sí los tienen, el Estado ni siquiera accede a las imágenes en tiempo real.

Ese dato, central y pocas veces explicitado, desnuda una contradicción de fondo. Se habla de cámaras como herramienta clave para combatir el descarte, pero no existe un sistema operativo que permita controlar de manera efectiva lo que ocurre a bordo durante la marea. No hay monitoreo permanente, no hay visualización en línea y no hay capacidad inmediata de intervención. El control, cuando existe, es diferido, parcial y sujeto a interpretaciones posteriores.

A este esquema de control incompleto se suma otro eslabón que nadie quiere discutir: el rol de los inspectores de pesca. Lejos de garantizar controles eficaces, su presencia resulta irregular y, en muchos casos, meramente formal. Las inspecciones no logran prevenir infracciones ni corregir prácticas de descarte, y terminan funcionando como un trámite administrativo más. El dato que incomoda es que estos inspectores pertenecen a un gremio marítimo, lo que introduce un conflicto evidente: el control queda atrapado en lógicas corporativas que diluyen responsabilidades y neutralizan sanciones. Sin independencia real ni exigencia política, el sistema se autoprotege y el control pierde sentido.

La consecuencia es obvia: el descarte continúa siendo un problema estructural, pero ahora envuelto en un relato de control que no se condice con los hechos. En gran parte de la flota, simplemente no hay cámaras. Y donde las hay, funcionan más como un registro pasivo que como una herramienta de gestión. El pescado se descarta igual, porque las reglas que empujan a descartarlo siguen intactas.

Desde una mirada Deproa, insistir en las cámaras sin resolver su implementación real es una forma elegante de correr el eje del debate. Se pone el foco en la supuesta conducta a bordo, mientras se evita discutir por qué el sistema obliga a tirar pescado al mar: cupos mal calibrados, vedas rígidas, ausencia de incentivos para el aprovechamiento integral y decisiones administrativas desconectadas de la operatoria diaria.

A esto se suma otro problema no menor: la ambigüedad institucional. ¿Quién es el responsable de operar el sistema? ¿Quién custodia las imágenes? ¿Qué validez tienen los registros si no hay acceso en tiempo real ni protocolos claros de auditoría? Sin respuestas concretas, las cámaras se transforman en un símbolo vacío, útil para discursos, pero ineficaz para cambiar prácticas.

Mientras tanto, tripulaciones y armadores quedan atrapados en una zona gris: se los señala como potenciales infractores, pero el Estado no asume su parte en la falta de infraestructura, inversión y decisión política para hacer cumplir su propia normativa. Una vez más, la brecha entre la ley escrita y el mar real se hace evidente.

Cierre político

La pesca argentina no necesita más anuncios ni leyes que duermen en un cajón. Necesita un Estado que se haga cargo de implementar lo que promulga, que garantice acceso directo y en tiempo real a los sistemas de control y que, sobre todo, deje de usar al descarte como excusa para ocultar una gestión fragmentada. Mientras la autoridad de aplicación siga exhibiendo una política que no funciona en la práctica, las cámaras seguirán siendo una promesa incumplida y el descarte, un problema convenientemente fuera de cuadro.

AQUI UNA NOTA SOBRE EL TEMA ANUNCIANDO UNA IMPLEMENTACION QUE NUNCA LLEGO LA NOTA DATA DEL AÑO 2022

Pesca: equipan buques marplatenses con cámaras para crear un sistema de monitoreo