El Consejo Federal Pesquero (CFP) avanzó con la renovación por cinco años de los proyectos de explotación de calamar correspondientes a los buques poteros ZHOU YU 9 y ZHOU YU 10, pertenecientes a COFC ARGENTINA S.A., mientras continúa recibiendo cuestionamientos y recursos contra las decisiones adoptadas este año para ampliar la flota dedicada a la captura de calamar.

La renovación de ambos proyectos fue aprobada por unanimidad en el marco de la Resolución CFP N° 7/2021. De acuerdo con el informe elevado por la Autoridad de Aplicación, la empresa presentó la solicitud dentro del plazo establecido y cumplió con los requisitos previstos por la normativa.

Los dos proyectos obtuvieron 35 puntos cada uno, resultado de 15 puntos por el compromiso de tripulación argentina, 15 puntos por la antigüedad de los buques —entre 10 y 15 años— y 5 puntos por el compromiso de procesamiento en tierra.

Con ese puntaje, el CFP resolvió otorgar una renovación por cinco años para cada buque, contados desde el vencimiento de los proyectos anteriores.

La autorización queda sujeta, sin embargo, al cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa. Entre ellos figura un compromiso de tripulación argentina inferior al 90% pero igual o superior al 85%, además de un procesamiento en tierra equivalente al 20% o más de las capturas.

El organismo también dejó expresamente pendiente la verificación del cumplimiento de los compromisos correspondientes a las temporadas 2025 y 2026.

Recursos contra la ampliación de la flota potera

Mientras el CFP continúa prorrogando proyectos vigentes, la discusión sobre la expansión de la flota potera permanece abierta.

La Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA) presentó un recurso de reconsideración contra la decisión adoptada por el CFP en el Acta N° 20/2026, relacionada con la elevación del límite de captura incidental de calamar para los buques arrastreros.

La presentación fue girada a la Asesoría Letrada del organismo para su análisis.

El planteo se suma a una serie de presentaciones realizadas por distintas organizaciones vinculadas a la actividad pesquera en relación con la Resolución CFP N° 6/2026, mediante la cual se establecieron nuevos criterios vinculados con la incorporación de proyectos para la explotación de calamar.

Entre quienes cuestionaron la medida aparecen la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SI.CO.NA.RA.) y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.

Los planteos apuntaron, entre otros aspectos, a la necesidad de contar con un respaldo científico-técnico integral, aplicar el principio precautorio, considerar la situación de los distintos stocks y garantizar la participación de las organizaciones sindicales en el proceso de evaluación.

También se cuestionó el impacto que la ampliación de la flota podría tener sobre el Stock Desovante de Verano (SDV) y se planteó la falta de convocatoria de la Comisión Asesora Honoraria prevista por la Ley Federal de Pesca.

El CFP aclaró el alcance de las presentaciones

Un capítulo particular del Acta CFP N° 24/2026 estuvo relacionado con la naturaleza jurídica de las presentaciones realizadas por CAIPA, SI.CO.NA.RA. y el Centro de Patrones.

El CFP había interpretado inicialmente esas presentaciones como impugnaciones y les había dado el tratamiento de recursos de reconsideración contra las resoluciones correspondientes.

Sin embargo, las entidades posteriormente aclararon que no habían tenido la intención de interponer recursos de reconsideración.

El Consejo sostuvo que la calificación de una presentación como recurso forma parte de sus atribuciones y que esa interpretación busca preservar el derecho de defensa de los interesados, debido a que la falta de interposición de un recurso puede afectar posteriormente la posibilidad de acceder a una revisión judicial.

No obstante, frente a la aclaración expresa de las entidades, el CFP decidió tener presente que las presentaciones no tenían como objeto impugnar las resoluciones.

La decisión fue adoptada por mayoría, con la abstención del representante de la Provincia de Buenos Aires.

Nuevos recursos contra las resoluciones 6 y 8

La discusión no terminó allí. El CFP también recibió, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, una presentación de ABIN y FINA que interpuso un recurso de reconsideración contra las Resoluciones CFP N° 6/2026 y N° 8/2026, además del Acta CFP N° 21/2026.

El planteo fue remitido nuevamente a la Asesoría Letrada para su análisis.

De esta manera, la política definida durante 2026 para incrementar y reorganizar la flota potera continúa generando presentaciones desde distintos sectores de la actividad.

Una discusión que excede la renovación de permisos

La decisión de renovar los proyectos de los ZHOU YU 9 y ZHOU YU 10 se produce, así, en un escenario en el que conviven dos procesos diferentes pero relacionados: por un lado, la continuidad de proyectos de explotación ya existentes y, por otro, la discusión sobre la incorporación de nuevos buques a la pesquería.

El CFP mantiene el criterio de evaluar los proyectos mediante un sistema de puntaje que contempla, entre otros factores, la participación de tripulación argentina, la antigüedad de los buques y el procesamiento en tierra.

Pero al mismo tiempo debe resolver los cuestionamientos planteados por cámaras empresarias y organizaciones sindicales sobre las condiciones bajo las cuales se decidió ampliar la flota.

La controversia adquiere especial importancia porque el calamar constituye uno de los principales recursos de la pesquería argentina y porque las decisiones que se adopten sobre el número y las características de los buques que participan de la actividad tendrán impacto tanto sobre la explotación del recurso como sobre el empleo, el procesamiento en tierra y la actividad de los puertos.

Por ahora, el CFP avanzó con dos renovaciones por cinco años, pero la discusión de fondo sobre la ampliación de la flota potera continúa abierta y tendrá nuevos capítulos a medida que la Asesoría Letrada analice los recursos presentados.