El pedido se formuló luego de que la Sala III resolviera suspender el cronograma electoral hasta tanto se esclarezcan las impugnaciones promovidas por sectores opositores, decisión que dejó al sindicato en un cuadro de incertidumbre operativa. Frente a ese panorama, la conducción que encabeza Raúl Durdos recurrió a la Justicia con el argumento de evitar una eventual acefalía que podría comprometer el normal funcionamiento de la organización.

En la presentación judicial, el SOMU requirió una extensión excepcional de 90 días para los mandatos del Secretariado Nacional, el Consejo Directivo y la Comisión Revisora de Cuentas. Según se expuso, la medida busca preservar la administración y representación del sindicato hasta que se resuelva de manera definitiva la controversia en torno al proceso electoral cuestionado.

De manera complementaria, el gremio solicitó que se instruya al Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, a emitir la certificación de autoridades correspondiente durante el período de prórroga, con el fin de evitar vacíos legales en la representación institucional.

Uno de los puntos centrales del planteo es la advertencia sobre las consecuencias que tendría el vencimiento de los mandatos sin una resolución judicial previa. Desde el sindicato sostienen que una situación de acefalía impediría llevar adelante actos básicos de gestión y representación, con impacto directo tanto en los afiliados como en terceros vinculados a la actividad.

En ese marco, el escrito subraya el carácter social del sindicato y su encuadre dentro de las garantías del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la legislación vigente en materia de asociaciones sindicales. La conducción advierte que la interrupción de los mandatos podría habilitar escenarios de intervención externa y alterar el desenvolvimiento normal de la entidad.

El documento también pone el foco en las implicancias laborales y operativas de una eventual falta de autoridades con mandato vigente. El SOMU recuerda que emplea a más de 350 trabajadores en todo el país, entre personal de seccionales, delegaciones, sede central y establecimientos hoteleros, cuya situación administrativa y salarial podría verse afectada.

Asimismo, se señala que la ausencia de autoridades formalmente reconocidas dificultaría el pago de salarios, aportes previsionales y obligaciones fiscales, además de paralizar la bolsa de trabajo de la Marina Mercante y debilitar la representación sindical en negociaciones colectivas, en un contexto particularmente sensible para la actividad pesquera por la cercanía de distintas aperturas de temporada.

La solicitud de prórroga se apoya en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad. Desde la conducción sostienen que la extensión requerida es acotada y estrictamente necesaria para permitir que la Justicia evalúe la prueba reunida y resuelva las impugnaciones de fondo.

Finalmente, el planteo remarca que la prórroga no implica un menoscabo a la democracia sindical, sino que busca resguardarla, al garantizar las condiciones materiales e institucionales para que el proceso electoral pueda desarrollarse con validez y sin riesgos de nulidad.

El expediente quedó ahora bajo análisis del tribunal. La resolución que adopte la Cámara será clave no solo para la continuidad de la actual conducción, sino también para el funcionamiento cotidiano de una de las organizaciones gremiales más relevantes del ámbito marítimo argentino.