Fecooaport cuestionó la decisión del INAES de suspender la autorización para funcionar de miles de entidades de la economía social. La federación sostiene que la disposición alcanza al 37% de las cooperativas marplatenses y alerta sobre sus consecuencias en el empleo y la actividad productiva.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la suspensión de la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales generó un fuerte rechazo en distintos sectores de la economía social. En Mar del Plata, la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias (Fecooaport) expresó su preocupación por el alcance de la medida y advirtió que una parte importante del entramado cooperativo local podría verse comprometida.

El cuestionamiento apunta a la Resolución 2076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), sancionada el 13 de octubre y publicada en el Boletín Oficial el 22 de octubre. La disposición establece restricciones y suspensiones para entidades que no hayan cumplido con la presentación de documentación asamblearia y estados contables correspondientes al período establecido por el organismo.

Según el comunicado difundido por Fecooaport, la medida alcanza a unas 6.000 entidades de la economía social, de las cuales más de 4.000 son cooperativas de trabajo. La federación sostiene, además, que la decisión afecta al 37% de las cooperativas de Mar del Plata, un dato que pone en dimensión la preocupación que existe en el ámbito local.

Desde la organización portuaria manifestaron su «enérgico rechazo» y señalaron que, aunque la iniciativa oficial se presenta como una herramienta para ordenar y regularizar el sector, su aplicación puede convertirse en un obstáculo para organizaciones que generan empleo, desarrollan actividades productivas y sostienen ingresos para numerosas familias.

La preocupación por el trabajo en el puerto

El planteo de Fecooaport adquiere particular relevancia en una ciudad donde las cooperativas forman parte de diferentes eslabones de la actividad económica, especialmente en los ámbitos portuario, naval y pesquero.

La federación remarcó que estas organizaciones no pueden ser consideradas únicamente desde una perspectiva administrativa. Detrás de cada una existen trabajadores y trabajadoras que se organizan para producir, generar ingresos y construir una fuente laboral.

En ese sentido, advirtió que la continuidad de las cooperativas representa una herramienta importante para sostener la actividad productiva, fortalecer las economías regionales y mantener oportunidades de empleo.

«Detrás de cada cooperativa hay personas, familias, conocimientos y proyectos construidos con esfuerzo y solidaridad», expresaron desde la entidad.

El reclamo no desconoce la necesidad de cumplir con las obligaciones legales ni la importancia de la transparencia institucional. Sin embargo, desde Fecooaport consideran que los procesos de regularización deben contemplar las condiciones particulares de cada organización y ofrecer alternativas razonables para resolver los incumplimientos sin poner en riesgo su funcionamiento.

Reclamos para revisar la decisión

La postura de la federación marplatense se suma a los cuestionamientos expresados por representantes del cooperativismo de distintos puntos del país.

En la provincia de Buenos Aires también se pronunció Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), quien reclamó que se revea la medida ante sus posibles consecuencias sobre las fuentes laborales.

«Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica», manifestó el funcionario.

La discusión pone en primer plano dos cuestiones que deberán encontrar una respuesta: la obligación de las entidades de cumplir con sus responsabilidades administrativas y contables, y la necesidad de que los mecanismos de control no terminen comprometiendo la continuidad de organizaciones que cumplen un papel productivo y social.

La propia Resolución 2076 contempla que las entidades alcanzadas puedan regularizar su situación mediante la presentación de la documentación pendiente. Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes, la suspensión de la autorización para funcionar puede quedar sin efecto.

Desde Fecooaport insisten en que la formalidad debe servir para fortalecer al cooperativismo y no transformarse en una barrera para quienes trabajan de manera asociativa.

COMUNICADO Fecooaport

El reclamo es concreto: regularizar no debería significar poner en riesgo el trabajo de miles de personas ni debilitar una estructura productiva que también forma parte de la actividad portuaria de Mar del Plata.