El rechazo al recurso de Conarpesa y Agropez marca un límite al discurso del empresario: los controles cuestionados no alcanzaron para acreditar una persecución penal. El caso permite analizar su manera de confrontar con funcionarios y sindicatos, combinando acusaciones públicas y presentaciones judiciales.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por Conarpesa y Agropez y mantuvo el archivo de la causa contra el exsubsecretario de Pesca Carlos Liberman. Las empresas presididas por Fernando Álvarez Castellano habían denunciado una presunta persecución mediante inspecciones y actuaciones administrativas sobre su flota langostinera. Las pruebas reunidas no permitieron acreditar los delitos atribuidos al exfuncionario.

El resultado representa un revés para el empresario y obliga a examinar la distancia entre la contundencia de sus acusaciones y aquello que consigue demostrar. Denunciar una persecución no equivale a probarla, por más repercusión que alcance el planteo fuera de los tribunales.

La presentación cuestionaba procedimientos de pesaje y criterios para calcular la proporción de cola de langostino. También señalaba una concentración de sumarios sobre las embarcaciones del grupo. Sin embargo, Casación consideró que una cantidad mayor de actuaciones administrativas no demostraba, por sí misma, un trato arbitrario. Tampoco se acreditó que Liberman hubiera utilizado deliberadamente sus atribuciones para perjudicar a las compañías. Ninguno de los fiscales intervinientes objetó el archivo.

Esa distinción tiene un valor que excede este expediente. Una empresa puede impugnar una sanción o discutir un procedimiento de fiscalización. Pero convertir esa controversia en una acusación penal requiere demostrar algo más que desacuerdo con las decisiones de la autoridad.

La discusión administrativa no puede transformarse automáticamente en una denuncia de persecución cada vez que un control afecta los intereses de un armador.

La comparación con sus enfrentamientos gremiales surge de las propias comunicaciones de Conarpesa. En el conflicto con el STIA, Álvarez ha difundido descalificaciones contra dirigentes y defendido su propuesta productiva con una expresión reveladora: “El que paga soy yo, no sé qué pretenden”. La empresa también publicó su advertencia de que podría concentrar la operatoria en Puerto Madryn si su esquema fuera rechazado

Desde una mirada editorial, esa respuesta expresa una concepción cuestionable de las relaciones laborales: presentar la condición de empleador como argumento suficiente para resolver una discusión sobre organización del trabajo. Pagar salarios no reemplaza la negociación colectiva ni convierte las objeciones sindicales en conductas delictivas.

La similitud entre ambos escenarios está en la forma de plantear el conflicto: atribuir intenciones perjudiciales a quien cuestiona una decisión empresarial y trasladar esa confrontación al espacio público y, en determinados casos, a la Justicia. Eso permite discutir un método de confrontación; no autoriza a equiparar expedientes ni a anticipar sus resultados.

En particular, sería incorrecto presentar la denuncia contra integrantes del STIA como otra derrota judicial definitiva. Aunque inicialmente fue desestimada, publicaciones recientes informaron que el juez Daniel Yangüela anuló esa decisión y dispuso que las actuaciones continuaran. Esa resolución tampoco establece culpabilidades.

El mismo rigor corresponde al analizar la difusión de las posiciones del empresario. Sus declaraciones y las publicaciones institucionales permiten examinar su discurso, pero no acreditan por sí solas que los medios que reproducen sus argumentos reciban pagos para atacar a terceros. Sostener esa acusación exige documentación específica.

El punto central sigue siendo el ejercicio del poder empresarial sobre una actividad que involucra recursos pesqueros, decisiones públicas y derechos laborales. Los permisos de pesca habilitan una explotación sujeta a reglas: no otorgan autoridad sobre quienes fiscalizan, representan a los trabajadores o cuestionan las condiciones de producción.

En el expediente contra Liberman, la respuesta judicial fue adversa a Conarpesa y Agropez. Casación mantuvo el archivo, aunque la querella dejó planteada la reserva del caso federal. El fallo no resuelve todas las controversias administrativas del grupo, pero sí impide presentar como acreditada la persecución penal denunciada por Álvarez.