La Cámara de Diputados volvió a discutir la creación de un sistema nacional de trazabilidad para la pesca y la acuicultura. Organizaciones ambientales reclamaron registros públicos e interoperabilidad entre organismos; cámaras empresarias respondieron que la actividad ya posee mecanismos de trazabilidad para operar y exportar y pidieron evitar duplicaciones. Los gremios incorporaron otro punto sensible: el acceso a los datos de captura y descarga también impacta sobre la liquidación de los salarios. Dos proyectos presentados en 2026 buscan destrabar una discusión que ya tuvo dictamen años atrás pero nunca llegó a convertirse en ley.

La trazabilidad pesquera regresó al Congreso Nacional y esta vez la discusión dejó expuesto que el problema es bastante más complejo que determinar simplemente si la Argentina tiene o no mecanismos para seguir el recorrido de sus productos pesqueros.

La reunión informativa realizada el 15 de septiembre por la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados reunió a legisladores, organizaciones ambientales, cámaras empresarias, sindicatos y especialistas. Allí aparecieron dos diagnósticos diferentes: para algunas organizaciones falta un sistema nacional integrado, interoperable y con mayor acceso público; para representantes empresarios, en cambio, la trazabilidad ya existe y permite desde hace décadas cumplir con las exigencias de los mercados internacionales, por lo que el desafío debería ser conectar y perfeccionar las herramientas disponibles sin construir una estructura paralela.

En el medio aparece una pregunta que probablemente termine siendo decisiva para cualquier futura ley: ¿es necesario crear un nuevo sistema o lograr que los organismos que ya reciben enormes cantidades de información puedan finalmente compartirla, cruzarla y hacerla accesible sin obligar al sector a cargar los mismos datos varias veces?

Dos proyectos de 2026 vuelven a poner el tema sobre la mesa

La comisión, presidida por el diputado chubutense César Treffinger (LLA), tiene actualmente en tratamiento dos iniciativas.

Una es el expediente 0142-D-2026, presentado por Maximiliano Ferraro, acompañado por Mónica Frade, que propone crear el Sistema Único de Trazabilidad de los Productos de la Pesca y la Acuicultura.

El proyecto pretende permitir el seguimiento de un producto desde el momento de su captura hasta su adquisición por el consumidor final, incluyendo las distintas etapas de industrialización y comercialización. El texto contempla además responsabilidades de los operadores, acceso a información, infracciones y sanciones.

La segunda propuesta es el expediente 1452-D-2026, presentado el 15 de abril por la diputada bonaerense Sabrina Selva (UxP), que plantea la creación del Sistema Argentino de Trazabilidad de los Productos de la Pesca y la Acuicultura.

Aunque existen diferencias entre ambos textos, durante la reunión quedó claro que hay numerosos puntos de contacto que podrían permitir trabajar hacia una propuesta consensuada.

Treffinger puso un límite: más control no debería significar más burocracia

El presidente de la comisión dejó planteada desde la apertura una cuestión particularmente importante para el sector productivo.

Treffinger sostuvo que el objetivo no era solamente analizar cómo funcionan actualmente los controles, sino escuchar a quienes conocen la actividad para determinar qué herramientas pueden incorporarse.

El legislador habló específicamente de fortalecer los mecanismos existentes sin generar burocracia innecesaria para quienes producen y trabajan legalmente y sostuvo que el potencial marítimo y pesquero argentino requiere reglas claras, información confiable, controles eficientes y tecnología aplicada a la administración de los recursos.

Ese concepto atravesó buena parte de la discusión posterior.

Organizaciones: la información existe, pero está fragmentada

Desde el Círculo de Políticas Ambientales, María Eugenia Testa sostuvo que Argentina no dispone actualmente de un sistema nacional integrado de trazabilidad con interoperabilidad entre las diferentes agencias estatales involucradas.

La organización relacionó esa falencia con las dificultades para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y con la competencia que esos productos pueden generar frente a la producción legal argentina en los mercados internacionales.

Pero durante las actividades desarrolladas en el Congreso apareció además otro reclamo: la creación de un registro público e integrado de embarcaciones y permisos pesqueros.

Las organizaciones participantes sostienen que debería poder conocerse de manera sencilla qué embarcaciones están autorizadas, qué permisos poseen, quiénes son sus titulares, qué especies pueden capturar y qué antecedentes o sanciones registran.

El Círculo de Políticas Ambientales afirmó incluso que Argentina sería el único país de la región con flota pesquera industrial que no dispone de esa información organizada en un registro abierto, integrado y accesible en línea. Se trata de una afirmación de la organización que formó parte de sus argumentos para reclamar mayor apertura de datos oficiales.

Las cámaras empresarias plantearon una diferencia fundamental: “la trazabilidad existe”

Uno de los momentos más interesantes de la jornada llegó con la intervención de Otto Axel Wöhler, representante de CAPIP y CAPeCA.

Su posición introdujo una diferencia conceptual importante respecto de algunos planteos anteriores: la pesca argentina ya posee trazabilidad.

Wöhler señaló como evidencia que las empresas nacionales llevan décadas exportando a mercados que fueron incrementando progresivamente sus requisitos de trazabilidad, inocuidad y documentación. Si las compañías argentinas pueden acceder a esos destinos, argumentó, es precisamente porque existen mecanismos que permiten acreditar el origen y seguimiento de los productos.

El planteo empresarial no descartó la necesidad de mejorar el sistema. Lo que cuestionó fue la posibilidad de construir otro circuito administrativo encima de los que ya funcionan.

Y ese punto no apareció por primera vez ahora.

La misma advertencia empresarial ya había llegado al Congreso en 2024

La revisión de los antecedentes legislativos muestra un dato relevante para entender por qué la discusión continúa abierta.

Durante un debate realizado en Diputados en 2024, representantes empresarios ya habían advertido sobre el riesgo de crear un sistema paralelo.

En aquella oportunidad, Wöhler —en representación de CAPECA— sostuvo también que la trazabilidad era una exigencia del mercado y manifestó preocupación porque un nuevo sistema único pudiera terminar superponiéndose a los existentes y aumentando las cargas administrativas para los operadores.

Es decir, dos años después, uno de los principales puntos de conflicto continúa prácticamente en el mismo lugar: existe coincidencia sobre la necesidad de trazabilidad, pero persisten diferencias sobre cómo implementarla.

Pesca y SENASA: una articulación que será clave

Uno de los aspectos técnicos que surgió durante la reunión resulta particularmente relevante.

Las empresas pesqueras generan información que llega a distintos organismos según la naturaleza del dato. La autoridad pesquera interviene sobre capturas, permisos y administración del recurso, mientras que el SENASA posee competencias vinculadas con aspectos sanitarios y de inocuidad.

Desde el sector empresario se planteó que una futura plataforma deberá definir claramente qué organismo administra cada información y cómo se comunican esos sistemas, evitando que una empresa tenga que declarar nuevamente datos que el propio Estado ya posee.

Ese posiblemente sea uno de los desafíos prácticos más importantes para los legisladores: que interoperabilidad signifique efectivamente que los sistemas del Estado hablen entre sí, y no simplemente sumar formularios a quienes ya informan.

Los trabajadores introdujeron otro debate: la trazabilidad también llega al salario

La reunión incorporó además una dimensión menos habitual cuando se habla de trazabilidad: la información pesquera también tiene consecuencias laborales.

Mariano Vilar, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), vinculó el acceso a datos verificables con los ingresos de los trabajadores, especialmente en esquemas remunerativos asociados a la producción.

Para los tripulantes resulta relevante conocer cuánto se captura, qué especies se desembarcan y cuáles son los valores reconocidos, porque esos parámetros pueden formar parte de las liquidaciones correspondientes a una marea.

Daniel Flores, representante de SICONARA en Mar del Plata, también cuestionó las dificultades que encuentran los trabajadores para acceder a determinada información sobre capturas y descargas, especialmente en las flotas fresquera y costera.

De esta manera, la discusión dejó de limitarse a exportadores, consumidores o fiscalizadores. La disponibilidad de datos también puede convertirse en una herramienta de control para quienes trabajan a bordo.

Un diagnóstico antes de construir otro sistema

María Soledad Schulze, directora del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino, aportó otra perspectiva: antes de diseñar una nueva estructura sería necesario determinar exactamente qué información existe, dónde está almacenada, quién la administra y qué datos realmente faltan.

Su intervención reconoció que la industria pesquera genera una enorme cantidad de información debido al alto nivel de regulación de la actividad, pero identificó como problemas centrales la dispersión y las dificultades de acceso.

También mencionó la necesidad de registros nacionales integrados de embarcaciones y plantas procesadoras y señaló antecedentes desarrollados en Chubut.

La diferencia parece pequeña, pero resulta fundamental: una cosa es que el Estado carezca de información y otra muy distinta es que posea los datos pero estos permanezcan separados en organismos y sistemas que no se comunican adecuadamente.

Ferraro recordó un dato clave: el proyecto ya había logrado consenso

El debate legislativo tampoco comienza desde cero.

Ferraro recordó que una iniciativa anterior sobre trazabilidad había alcanzado en 2023 un dictamen de mayoría en las comisiones de Intereses Marítimos y Presupuesto y Hacienda, acompañado por legisladores de diferentes bloques.

El propio proyecto presentado nuevamente en 2026 reproduce aquel dictamen y señala como antecedente la iniciativa ingresada nuevamente en 2024.

Por eso, cuando se habla de una discusión que lleva años en el Congreso no se trata solamente de reuniones informativas. Hubo proyectos, tratamiento en comisión y hasta un dictamen que no consiguió completar posteriormente el camino legislativo necesario para transformarse en ley.

Selva apuntó precisamente hacia ese problema durante la última reunión: pidió establecer fechas y plazos de trabajo para intentar alcanzar un dictamen y evitar que las iniciativas vuelvan a perder estado parlamentario.

Trazar hacia adelante, pero también hacia atrás

Otro aspecto interesante introducido por Selva fue el concepto de trazabilidad inversa.

Un sistema integral debería permitir acompañar al producto desde la captura hacia la comercialización, pero también realizar el camino contrario: tomar un producto que se encuentra en determinado punto de venta o procesamiento y reconstruir hacia atrás su historia hasta determinar su procedencia.

La diputada vinculó esa posibilidad con la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, la lucha contra la pesca ilegal y el derecho de los consumidores a conocer el origen de los alimentos.

En términos prácticos, el objetivo sería poder vincular las diferentes etapas: buque, captura, desembarque, procesamiento, transporte y comercialización, identificando a los operadores intervinientes.

El Atlántico Sur también entró en la discusión

El diputado Jorge Taiana, vicepresidente primero de la comisión, llevó el debate hacia una dimensión geopolítica y diferenció los distintos escenarios que conviven en el Atlántico Sur: la actividad dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina, las flotas extranjeras que operan en alta mar y la explotación pesquera alrededor de las Islas Malvinas.

Desde esa perspectiva, planteó la trazabilidad como una herramienta de largo plazo vinculada con el conocimiento del origen de las capturas y la capacidad estatal para seguir los recursos pesqueros.

Más de diez años de discusión y una pregunta que sigue pendiente

La reunión dejó una coincidencia difícil de ignorar: ningún sector relevante parece discutir la importancia de poder conocer el origen y recorrido de los productos pesqueros.

Las diferencias comienzan cuando se intenta definir cómo hacerlo.

Las organizaciones ambientales reclaman mayor transparencia, interoperabilidad y acceso público. Los empresarios sostienen que existen sistemas que permiten cumplir con las exigencias internacionales y advierten que una nueva estructura no debería duplicar obligaciones. Los trabajadores piden acceso a información que también interviene en las relaciones laborales. Y los legisladores deberán resolver quién administrará el eventual sistema, qué datos contendrá, qué información será pública y cómo se integrarán las diferentes agencias.

Por eso, quizás el debate que vuelve al Congreso pueda resumirse en algo más concreto que la discusión sobre si Argentina tiene o no trazabilidad.

El Estado ya recibe una enorme cantidad de información de la actividad pesquera. La cuestión que Diputados deberá resolver es si esa información puede integrarse, cruzarse y hacerse suficientemente accesible para mejorar los controles sin obligar a empresas y trabajadores a alimentar otra estructura burocrática paralela.

Después de más de una década de iniciativas, proyectos que perdieron estado parlamentario y un antecedente que incluso consiguió dictamen, la trazabilidad vuelve a tener una oportunidad legislativa en 2026. El desafío ahora será transformar las coincidencias generales en una norma aplicable y, sobre todo, conseguir que esta vez el debate logre salir de las comisiones del Congre