La pesca podría quedar incluida en el nuevo esquema de sanciones que prepara la Casa Rosada en el marco de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El Ejecutivo analiza extender las restricciones que actualmente alcanzan a actividades hidrocarburíferas a otros negocios vinculados con las Islas Malvinas.

El Gobierno de Javier Milei analiza incorporar a la actividad pesquera dentro del régimen de sanciones que prepara para enviar al Congreso en el marco de su nueva ofensiva política y legislativa por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La posibilidad fue revelada por Infobae, en una nota publicada este miércoles y firmada por Sofía Rojas, que señala que el proyecto se encuentra en su etapa final de revisión y que en la Casa Rosada se estudia ampliar las actividades alcanzadas por las futuras sanciones.

El planteo adquiere especial relevancia para la industria pesquera argentina, debido a que el Reino Unido mantiene desde hace décadas un esquema de licencias que permite desarrollar actividades pesqueras en aguas próximas a las islas.

La pesca entra en la discusión por Malvinas

La eventual incorporación de la pesca al proyecto responde, entre otros factores, a un reclamo planteado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP).

La entidad sostiene que el criterio que el Gobierno pretende aplicar sobre las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos debería extenderse también a las compañías que participan de actividades pesqueras mediante licencias otorgadas por el Reino Unido.

De esta manera, la discusión sobre Malvinas comienza a incorporar un aspecto central para la Argentina: los recursos naturales del Atlántico Sur y, particularmente, los recursos vivos marinos.

La pesca no representa solamente una actividad económica. Para el sector pesquero argentino, el control y explotación de los recursos del Atlántico Sur constituye además una cuestión estratégica vinculada con la soberanía y con el desarrollo de las economías portuarias.

Una ley que podría ampliar las sanciones

El Ejecutivo analiza extender los alcances de la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, sancionada por unanimidad en 2011 durante el primer mandato de Cristina Kirchner.

La norma establece restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina cuando las actividades no cuentan con la correspondiente habilitación argentina.

Ahora, el Gobierno estudia utilizar ese marco como referencia para avanzar hacia un esquema más amplio de sanciones que contemple otras actividades comerciales relacionadas con las islas.

En la Casa Rosada se analiza endurecer las penas y ampliar el universo de actividades consideradas “de negocios” en Malvinas. Si la iniciativa avanza, la pesca podría quedar incorporada expresamente dentro del nuevo esquema.

El proyecto se encuentra actualmente en la última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy.

El reclamo también llegó desde el sector político

La discusión no se limita al Gobierno ni a las entidades vinculadas con la actividad pesquera.

Según la información publicada, desde el peronismo también se reclama que las empresas y actores relacionados con la explotación de los recursos pesqueros en las islas sean alcanzados por el régimen de sanciones.

El diputado Guillermo Michel presentó además un proyecto relacionado con la pesca ilegal, mientras que las entidades del sector vienen reclamando que la actividad pesquera sea incorporada de manera explícita al proyecto que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso.

El planteo coloca nuevamente en discusión la aplicación de la Ley Federal de Pesca, marco que regula el uso, la protección y la administración de los recursos vivos marinos en las aguas argentinas.

Del petróleo a los recursos pesqueros

Hasta ahora, la ofensiva del Gobierno estuvo concentrada principalmente sobre empresas vinculadas con proyectos de explotación petrolera en las Islas Malvinas.

La Cancillería ya denunció a 60 firmas en coordinación con la Procuración del Tesoro, dentro de las acciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales.

La eventual inclusión de la pesca representaría una ampliación significativa de esa estrategia: el conflicto por la soberanía dejaría de estar concentrado exclusivamente en el petróleo para abarcar también la explotación de los recursos pesqueros.

Para la industria argentina, este punto resulta particularmente sensible. Mientras las empresas nacionales deben desarrollar su actividad bajo las regulaciones argentinas, en el área de Malvinas existe un régimen de licencias pesqueras administrado por las autoridades británicas de las islas.

La discusión que ahora comienza será determinar qué alcance concreto tendrán las sanciones y sobre quiénes recaerán.

El proyecto llegará al Congreso

El Ejecutivo prepara el envío del proyecto para el próximo lunes a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo considera contar con mejores condiciones para iniciar el tratamiento legislativo.

El asesor presidencial Santiago Caputo trabaja en la definición del formato de presentación. Entre las alternativas analizadas figura el envío tradicional del proyecto o la presencia de un funcionario en el Congreso para explicar los alcances del articulado.

El oficialismo pretende que el debate legislativo comience entre fines de septiembre y principios de octubre.

En paralelo, los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, aparecen como dos de los funcionarios que participaron directamente en la elaboración de la iniciativa y que podrían explicar sus alcances ante las comisiones parlamentarias.

Ambos viajarán además este viernes a Tierra del Fuego, donde recorrerán la zona y avanzarán sobre las obras vinculadas con la futura presencia militar argentina en el extremo sur.

Una nueva disputa por los recursos del Atlántico Sur

La posible inclusión de la pesca abre así un nuevo capítulo en la política argentina sobre Malvinas.

El reclamo ya no se limitaría a cuestionar la explotación petrolera. También podría alcanzar a quienes desarrollan actividades vinculadas con los recursos vivos del Atlántico Sur, un punto que desde el sector pesquero vienen señalando como estratégico.

La definición final estará en el texto que llegue al Congreso.

Por ahora, la señal política es clara: el Gobierno analiza ampliar el frente de sanciones y la pesca aparece, por primera vez de manera explícita, dentro de las actividades que podrían quedar bajo la lupa de la nueva legislación sobre soberanía.