Si la cantidad de proyectos supera el cupo disponible de 18 buques, el CFP aplicará un sistema de puntuación que premiará distintos factores.

La pesquería de calamar argentino quedó en el centro de una de las decisiones más trascendentes de los últimos años para la actividad pesquera nacional. El Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó la apertura de una convocatoria para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros a la flota nacional, una medida que busca aumentar la participación argentina en la captura de un recurso estratégico que, año tras año, termina siendo aprovechado en gran parte por flotas extranjeras fuera de la Zona Económica Exclusiva.

La Resolución CFP Nº 6/2026 establece un nuevo régimen para la presentación de proyectos pesqueros destinados a la explotación de calamar (Illex argentinus), respaldado por un informe técnico del INIDEP que concluyó que la incorporación de entre 15 y 20 unidades adicionales no representa un riesgo significativo para la sustentabilidad de los principales stocks actualmente explotados.

Una pesquería con margen para crecer

El argumento central que sostiene la iniciativa surge de la comparación entre la capacidad nacional y la presión pesquera internacional sobre el recurso.

Según el informe del INIDEP, durante la temporada 2026 operaron 84 poteros argentinos, una cifra considerablemente inferior a los aproximadamente 150 barcos que llegaron a integrar la flota en los años de mayor expansión de la actividad.

Mientras tanto, fuera de las 200 millas, se detectaron este año 338 buques poteros extranjeros capturando calamar migratorio, además de numerosos arrastreros que también explotan el recurso.

Para los investigadores, una ampliación moderada de la flota nacional permitiría incrementar la captura por parte de buques argentinos antes de que los stocks abandonen aguas jurisdiccionales y sean explotados por flotas extranjeras.

Hasta 600 nuevos puestos de trabajo embarcados

Uno de los aspectos más destacados de la resolución es el impacto laboral proyectado.

El CFP estima que la incorporación de 18 nuevas unidades podría generar alrededor de 600 puestos de trabajo directos a bordo, además de una importante demanda adicional en plantas procesadoras, servicios portuarios, astilleros, talleres navales, proveedores de insumos y logística.

La medida también apunta a fortalecer el procesamiento en tierra, estableciendo que todos los proyectos deberán comprometer como mínimo el reprocesamiento del 20% de las capturas en establecimientos industriales habilitados.

Quiénes podrán participar

La convocatoria estará abierta durante 20 días hábiles desde la publicación oficial y las presentaciones deberán realizarse exclusivamente a través del sistema Trámites a Distancia (TAD).

Podrán presentarse empresas que encuadren en los incisos 1 y 2 del artículo 26 de la Ley Federal de Pesca.

En términos prácticos, los postulantes deberán:

• Poseer una planta industrial propia o integrar un grupo empresario propietario de una planta de procesamiento.
• O bien contar con un convenio vigente con una planta habilitada para procesar la producción.
• Acreditar habilitaciones de SENASA y autoridades provinciales o municipales.
• Presentar libre deuda fiscal y previsional.
• No registrar incumplimientos reiterados en compromisos de reprocesamiento.
• Declarar la inexistencia de participación de Estados extranjeros en su estructura societaria.

Los requisitos que deberán cumplir los nuevos buques

La resolución establece condiciones técnicas estrictas para las embarcaciones que aspiren a ingresar a la pesquería.

Los nuevos poteros deberán:

• Tener una capacidad máxima de bodega de 1.300 metros cúbicos.
• Poseer menos de 20 años de antigüedad.
• Operar exclusivamente mediante sistema de poteras.
• Incorporarse a la matrícula nacional antes del 31 de diciembre de 2027, salvo los construidos en astilleros argentinos, que tendrán plazo hasta fines de 2028.

Además, cada empresa o grupo empresario podrá presentar un máximo de dos buques, aunque inicialmente sólo se adjudicará una unidad por grupo para favorecer una distribución más amplia de los permisos.

Cuánto costará ingresar

La convocatoria también fija importantes exigencias económicas.

Los interesados deberán afrontar:

• Un arancel de presentación equivalente a 50.000 Unidades Pesca por cada buque propuesto.
• Un arancel de aprobación de 120.000 Unidades Pesca para proyectos del inciso 1 y de 200.000 Unidades Pesca para proyectos del inciso 2.
• Una garantía de operación de 115.000 Unidades Pesca destinada a asegurar el inicio efectivo de actividades.

La falta de incorporación del buque o de inicio de operaciones dentro de los plazos establecidos implicará la pérdida del proyecto y la ejecución de las garantías a favor del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE).

La competencia se definirá por puntaje

Si la cantidad de proyectos supera el cupo disponible de 18 buques, el CFP aplicará un sistema de puntuación que premiará distintos factores.

Entre ellos:

• Mayor porcentaje de tripulación argentina.
• Menor antigüedad del buque.
• Mayor compromiso de procesamiento en tierra.
• Cantidad de trabajadores registrados.
• Menor cantidad de poteros ya operativos dentro del grupo empresario.
• Radicación de desembarques en provincias patagónicas.
• Propiedad de plantas de procesamiento.

El esquema busca priorizar proyectos con mayor impacto económico y laboral en el país.

Permisos de hasta 30 años

Otro aspecto clave es que la duración de los permisos dependerá de la calidad del proyecto presentado.

Los emprendimientos más sólidos podrán acceder a permisos de hasta 30 años de vigencia, particularmente aquellos vinculados a inversiones industriales propias y mayores compromisos de agregado de valor en tierra.

La resolución también incorpora un incentivo adicional: quienes acrediten al menos 30 días de operación anual en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva podrán solicitar una extensión de un año adicional en la vigencia del permiso.

Una señal para el sector

La apertura del registro marca el regreso de una política de expansión controlada de la flota potera nacional, algo que el sector venía reclamando desde hace años.

Con una flota actual muy por debajo de sus niveles históricos y frente a una creciente presión pesquera internacional sobre el recurso, el Gobierno apuesta a incrementar la capacidad de captura argentina, fortalecer el empleo y potenciar el procesamiento industrial sin comprometer, según el análisis técnico del INIDEP, la sustentabilidad biológica de una de las pesquerías más importantes del Mar Argentino.

La disputa por los 18 permisos promete convertirse en uno de los procesos más competitivos de los últimos años dentro de la industria pesquera nacional.