La norma, sancionada en marzo, introduce cambios de fondo en el régimen de permisos pesqueros y en los mecanismos de control de la actividad. Desde el sector empresario advierten que estas modificaciones no solo alteran las reglas de juego vigentes, sino que además generan un escenario de incertidumbre jurídica que impacta directamente en la operatoria y en las decisiones de inversión.

El eje del conflicto: la “ficha limpia pesquera”

Uno de los puntos más cuestionados es la incorporación del sistema denominado “ficha limpia pesquera”, que establece nuevos requisitos para acceder, renovar o transferir permisos. El esquema incluye condiciones de carácter fiscal, judicial y administrativo que, según CAFACH, exceden el ámbito específico de la actividad.

En ese marco, la entidad advierte que la ley habilita la suspensión o caducidad de permisos ante situaciones como deudas fiscales o causas judiciales sin sentencia firme. Para los empresarios, este punto resulta particularmente sensible, ya que podría vulnerar garantías constitucionales básicas como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Permisos en riesgo y debate sobre retroactividad

Otro de los ejes centrales del planteo es el alcance de la norma sobre permisos ya otorgados. Según la cámara, la ley impactaría sobre habilitaciones vigentes —en algunos casos con más de diez años de antigüedad— modificando las condiciones bajo las cuales se realizaron inversiones y se estructuró la actividad.

Desde esta perspectiva, el sector sostiene que se estaría frente a una posible violación del principio de irretroactividad de la ley, generando un precedente que podría afectar la seguridad jurídica en toda la cadena pesquera.

Discrecionalidad y presión regulatoria

El escrito judicial también pone el foco en el margen de acción que la norma le otorga al Estado provincial. Según CAFACH, el nuevo régimen podría habilitar un nivel elevado de discrecionalidad en la administración de permisos, con el riesgo de transformarse en una herramienta de presión indirecta sobre las empresas para el cumplimiento de obligaciones que no necesariamente están vinculadas con la actividad pesquera.

Un fallo con impacto sectorial

Por el momento, la presentación no incluye una medida cautelar que suspenda la aplicación de la ley, aunque desde el sector no descartan avanzar en esa dirección si se registran casos concretos de afectación.

La resolución que adopte el Superior Tribunal de Justicia de Chubut será clave no solo para el futuro inmediato de la flota amarilla, sino también para el marco regulatorio de la actividad pesquera en la provincia. El fallo podría sentar un precedente relevante sobre los límites de la intervención estatal en la administración de permisos y las garantías que amparan a los actores del sector.