Por Pablo Fernandez

El Consejo Federal Pesquero (CFP) resolvió prorrogar por 180 días un esquema extraordinario de alivio fiscal para la flota fresquera, en un intento por sostener la actividad frente al deterioro económico y operativo que atraviesa el sector. La decisión, formalizada mediante la Resolución CFP Nº 2/2026, extiende beneficios que habían vencido el pasado 6 de abril y que ahora continuarán vigentes con efecto retroactivo desde esa misma fecha.

La normativa se inscribe dentro del marco de la Ley Federal de Pesca Nº 24.922, que regula el cobro del Derecho Único de Extracción (DUE), un canon que deben abonar los armadores por la captura de recursos vivos en aguas bajo jurisdicción argentina. En este caso, el CFP optó por profundizar la política de reducción y suspensión de aranceles como herramienta para mejorar la competitividad de los buques fresqueros.

Alivio fiscal para sostener la actividad

Uno de los puntos centrales de la resolución es la suspensión, también por 180 días, de los aranceles base del DUE para las capturas de merluza común (Merluccius hubbsi) y las especies que integran el denominado “variado costero”, con excepción de los condrictios. La medida alcanza exclusivamente a buques habilitados para operar como fresqueros, un segmento particularmente afectado por el incremento de costos y la caída de rentabilidad.

Este esquema complementa decisiones previas del propio organismo, que ya habían elevado de manera transitoria la reducción del arancel del 50% al 70% para capturas destinadas al procesamiento en tierra. Sin embargo, la persistencia de las dificultades llevó ahora a profundizar el alivio mediante la suspensión directa de los valores base.

Quedan fuera de estos beneficios especies como el calamar (Illex argentinus), así como aquellas bajo manejo precautorio, en línea con los criterios de conservación que mantiene el CFP.

Un sector bajo presión

Distintos informes sectoriales coinciden en señalar que la flota fresquera enfrenta una de sus coyunturas más complejas de los últimos años. El fuerte aumento del precio del combustible —uno de los principales costos de operación—, la presión inflacionaria sobre insumos y salarios, y las dificultades para sostener niveles de rentabilidad han puesto en jaque la continuidad de numerosas unidades productivas.

Medios especializados del ámbito marítimo y pesquero vienen advirtiendo sobre la pérdida de competitividad frente a la flota congeladora, así como el impacto negativo en puertos con fuerte dependencia del desembarque en fresco, como Mar del Plata, Rawson o Puerto Madryn. En este contexto, cámaras empresarias y actores de la cadena vienen reclamando medidas urgentes para evitar la paralización de la actividad.

A su vez, reportes recientes vinculados al sector señalan que la menor ecuación económica también repercute en el empleo, con riesgos de reducción de tripulaciones y menor dinamismo en plantas de procesamiento en tierra, que dependen directamente del abastecimiento fresquero.

Medida transitoria, problema estructural

Si bien la decisión del CFP es valorada como un alivio inmediato, diversos analistas coinciden en que se trata de una solución transitoria frente a un problema de fondo. La estructura de costos, la presión impositiva y la falta de previsibilidad siguen siendo ejes críticos para la sostenibilidad del segmento.

En ese sentido, la extensión por 180 días aparece como una ventana de tiempo clave para evaluar la evolución de la actividad y definir si será necesario avanzar con nuevas prórrogas o reformas más profundas.

Por lo pronto, la resolución busca evitar un freno abrupto en la operatoria de la flota fresquera y sostener el nivel de desembarques en un momento delicado para toda la cadena pesquera argentina.