La Cámara de Diputados de la Nación Argentina impulsa un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Consejo Federal Pesquero y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, brinde precisiones sobre la administración de los cupos de captura de langostino asignados a la provincia de Santa Cruz.

El proyecto pone el foco en los cupos otorgados en carácter compensatorio por la veda en el Golfo San Jorge y busca esclarecer su asignación, utilización y mecanismos de control, en un contexto de preocupación por la caída de la actividad pesquera en la región, especialmente en Puerto Deseado.

En ese sentido, la iniciativa requiere información detallada correspondiente a los períodos 2024, 2025 y 2026, incluyendo el volumen total de toneladas asignadas, la normativa que respalda dichos cupos, la nómina de buques autorizados, las empresas armadoras involucradas y el volumen efectivamente capturado por cada embarcación.

Asimismo, se solicita especificar los puertos donde se realizaron las descargas, detallando las toneladas operadas en cada uno, así como los criterios técnicos y administrativos utilizados para la asignación de los cupos y la selección de los buques.

El proyecto también apunta a conocer los mecanismos de fiscalización y control implementados por la autoridad nacional, la existencia de posibles irregularidades o incumplimientos, y las medidas adoptadas en esos casos. Además, se requiere una evaluación del impacto del régimen en términos de actividad portuaria, empleo y procesamiento en territorio santacruceño.

Otro punto relevante es si la provincia de Santa Cruz ha presentado propuestas o iniciativas ante el Consejo Federal Pesquero vinculadas a prospecciones en subáreas del sur, apertura o cierre de zonas de pesca, incentivos para la descarga en puertos locales —particularmente en Puerto Deseado— y eventuales modificaciones al esquema de compensación vigente.

Finalmente, el proyecto solicita que se evalúe la eficacia del régimen compensatorio por la veda del Golfo San Jorge en el cumplimiento de sus objetivos económicos y sociales, y que se detallen las medidas previstas para mejorar su impacto, considerando la fuerte dependencia de la actividad pesquera en la región.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Roxana Monzón.