Un procesamiento judicial en Mar del Plata expone un caso de presunto enriquecimiento ilícito que involucra a un matrimonio que habría acumulado un significativo patrimonio entre los años 2000 y 2018, período en el que uno de ellos desempeñó funciones relacionadas con la pesca en organismos vinculados al Estado.

Según las investigaciones de la Justicia Federal, la Unidad Investigativa contra la Corrupción (UICC) de la Policía Federal Argentina detectó una discrepancia entre los ingresos declarados del matrimonio y el crecimiento patrimonial evidenciado en bienes muebles, inmuebles y otras adquisiciones de alto valor. Fue Juan Carlos Nicolau, entonces Jefe de Distrito Mar del Plata de la subsecretaría de Pesca, Acuicultura del Ministerio de Agroindustria de la Nación, quien presentó la denuncia en 2017.

El principal investigado trabajó como contratado por el Instituto de Cooperación para la Agricultura (IICA) y luego en la Fundación Argentina con funciones en la delegación Mar del Plata de la Dirección de Control y Fiscalización de  a Dirección Nacional de Coordinación Pesquera del Ministerio de Agroindustria.

Por ese motivo, el fiscal Santiago Eyherebide pidió el procesamiento al juez Santiago Inchausti, quien acusó a la pareja del delito de enriquecimiento patrimonial ilícito, sin prisión preventiva, y dictó un embargo de 350 millones de pesos.

Durante el período investigado, para la Justicia local el matrimonio adquirió diversas propiedades en Mar del Plata, incluyendo un terreno y una vivienda en el Barrio Rumencó, sector Los Sauces, que se convirtió en su residencia principal. La construcción habría tardado varios años y demandó una inversión significativa. También dos departamentos en la calle Jujuy, , adquiridos y mantenidos en su patrimonio, una casa en la calle Lamadrid al 4500, un terreno en la calle Guiraldes, adquirido en 2006 y posteriormente vendido en 2009. Los investigadores contables le atribuyen una variada flota de vehículos, incluyendo automóviles y motocicletas de alto valor. Entre los más destacados se incluyen: camionetas Toyota Hilux SW4 y Volkswagen Amarok, un Peugeot 308 en versión de alta gama, una motocicleta Honda CB600F,  múltiples vehículos de marcas como Renault, Ford y Peugeot, adquiridos y vendidos en el transcurso del período investigado, evidenciando un movimiento constante en el mercado automotor.

Además de cerca de 40 viajes internacionales, que incluyeron destinos como Estados Unidos, España, Italia, Brasil y Emiratos Árabes, también se pudo acreditar la compra de una empresa de alimentos en la zona portuense de esta ciudad.

La adquisición de bienes, como los viajes y los altos costos asociados, contribuyó a levantar sospechas sobre el origen de los fondos utilizados para financiarlos.

Justificaciones insuficientes

En su defensa, el matrimonio presentó documentación que intentaba justificar su capacidad económica. Alegaron, entre otros argumentos, ingresos provenientes de la pesca, donaciones familiares, premios en juegos de azar y ahorros acumulados durante años de trabajo. Sin embargo, los peritos contables de la UICC concluyeron que las explicaciones y la documentación presentada no resultaron suficientes para desvirtuar las inconsistencias entre ingresos y gastos.

El análisis contable mostró que el nivel de vida del matrimonio —incluyendo propiedades, vehículos y viajes— no se correspondía con los ingresos declarados. Los informes incluyeron estudios detallados de declaraciones juradas, registros fiscales y movimientos bancarios, así como declaraciones testimoniales y análisis de datos de bienes registrados a nombre de ambos integrantes de la pareja.

Uno de los puntos más llamativos del descargo de la pareja fue el que destaca la afición al juego de la mujer, quien aseguró en sus distintas declaraciones juradas que parte de sus ingresos anuales obedecían a premios ganados en salas de apuestas de la provincia de Buenos Aires y Rosario. Sin embargo, los investigadores pidieron informes al Instituto de Loterías y Casinos bonaerenses y a la empresa que gestiona el casino en la ciudad santafesina y apenas se justificaron ganancias por poco más de 200 mil pesos, una mínima parte frente a lo declarado.

El procesamiento, firmado por el juez federal a cargo, avanza sobre la hipótesis de enriquecimiento ilícito y sostiene que el incremento patrimonial no justificado durante casi dos décadas podría configurar un delito penado por el artículo 268 inciso 2 del Código Penal argentino.

Fuente la capital mdp