La preocupación de los pescadores argentinos surgió a raíz de una publicación del diario La Nación, que anticipa las intenciones de las futuras autoridades portuarias de Río Grande, y las del puerto de Comodoro Rivadavia (Chubut), de brindar servicio a “esa flota de muchas luces prendidas que parecen ciudades y a todos les preocupa” tal como la definió Sócrate por FM Master’s.
Además, lo manifestaron en una nota dirigida a Carlos Liberman, Subsecretario de Pesca de la Nación, para que “desestime toda alternativa en esa dirección”, con la firma de CEPA, CaIPA, CAPECA, CAPA; Armadores fresqueros, UDIPA, Asociación de Costeros, Cafrexport y CAPIP, todos miembros de la Intercámara de la Pesca.
“Llama la atención que se transformen en amigos a quienes debemos atender y prestarle servicio para que puedan operar más cómodamente” reprochó, teniendo en cuenta que se trata de “empresas que no cumplen con la normativa argentina en materia pesquera y que efectivamente compiten con los productos argentinos en los mismos mercados, en muchos casos con situaciones de trabajo esclavo, incumplimiento de normas internacionales y generales”.
Resumió la postura del sector al considerar “un despropósito” la iniciativa. “Estaríamos fomentando una especie de usurpación del aprovechamiento de los recursos marinos argentinos” agregó, en virtud de que esos buques en muchos casos operan con licencias otorgados por el ilegítimo gobierno británico de Malvinas. Así, sería “ni más ni menos que apoyar esa usurpación. Esperamos que el Gobierno argentino tome realmente las medidas del caso”.
Puesto en el análisis del beneficio en términos laborales para las provincias en cuyos puertos se provea de abastecimiento y servicios a esa enorme flota, el empresario distinguió que “entendemos que todas las provincias necesitan generar puestos de trabajo para su gente. Pero pretendemos que eso no tenga que ver con cuestiones que atentan contra el propio interés de la nación argentina”.
Las más de 500 embarcaciones de bandera principalmente de China, pero también de Taiwán Corea, España, etc. “no hacen pesca ilegal” según su entender, aunque sí la ejercen sin regulaciones. El problema es que el mecanismo internacional de reglamentación establece que se acuerde entre todos los países ribereños. “En el caso del Gobierno argentino, en virtud de la usurpación británica en Malvinas, sentarse a negociar es reconocerles su soberanía” explicó no exento de lógica.
En resumen, el ing. Darío Sócrate planteó que la supuesta intención de Río Grande y Comodoro “va a favorecer a la pesca ilegal, es dar servicio a los ladrones, no es ni más ni menos que eso”. Porque considera que se trata de “fomentar una pesca en contra de nuestros intereses, que atenta contra la actividad dentro del mar argentino con normativa argentina”.
“No pretendemos que Río Grande tenga problemas de puestos de trabajo. Nos parece una locura que esos puestos de trabajo se generen con esa pesca ilegal, que incumple las normas argentinas” concluyó.