En los últimos años, la pesca argentina ha enfrentado una constante ola de cuestionamientos provenientes de diversos sectores de la sociedad. Esta situación, que se ha agudizado en el último mes y medio, es preocupante no solo por estar basada en información errónea y sesgada, sino también por evidenciar la falta de reconocimiento hacia la importancia económica y social de esta actividad.

En nuestro país, tiene una larga y rica historia que se remonta a 150 años. Desde sus inicios, ha sido fuente de trabajo y progreso para miles de familias, especialmente en comunidades costeras. Se trata de una actividad que nació con el reconocimiento individual y colectivo al esfuerzo, al mérito y al progreso, y que hoy, inexplicablemente, se ve sometida a un trato indigno, tanto en el ámbito privado como, sobre todo, en el público.

La pesca argentina ha recorrido un largo camino histórico desde sus inicios artesanales hasta convertirse en una industria de gran escala. Hoy no se trata solo de la actividad extractiva, sino de un complejo ecosistema económico que abarca una amplia gama de actividades paralelas e interconectadas. Para satisfacer la demanda de proteína del mar a nivel nacional e internacional, esta actividad económica requiere de una gran variedad de insumos. Estos van desde la adquisición de víveres, combustible, lubricantes y repuestos, hasta la fabricación y mantenimiento de equipos como motores y artes de pesca. Además, utiliza una amplia gama de materiales, como cartón, papel, nylon, caucho, plásticos, vidrio, hierro, acero inoxidable, cemento y minerales, entre otros.

Es una importante fuente de empleo para una variedad de actores, incluyendo empresarios, tripulantes de buques pesqueros y trabajadores en plantas procesadoras como fileteros, peones, envasadoras y camaristas -entre otros-, así como personal administrativo. También contribuye al empleo indirecto de estibadores, rederos, pintores, carpinteros, albañiles, plomeros, electricistas, jardineros, zingueros, herreros, mecánicos, techistas, choferes, taxistas, biólogos, veterinarios, científicos, investigadores, ingenieros, médicos, enfermeros, arquitectos, contadores, escribanos, abogados, asesores, personal de seguridad y laboratorios de análisis clínicos y sanitarios, así como servicios relacionados con la gastronomía, hotelería, turismo, limpieza doméstica e industrial, buzos tácticos, equipamiento de seguridad en la navegación, entre otros.

Sumado a eso, el desarrollo de esta industria tiene un impacto económico significativo en una amplia variedad de rubros en las comunidades donde se asienta, incluyendo librerías, carnicerías, almacenes, supermercados, verdulerías, agencias marítimas, almacenes navales, servicios de grúas, jardines de infantes, escuelas, universidades, servicios de capacitación, actividad bancaria y financiera, transporte, concesionarias de vehículos automotores, adquisición de inmuebles, industria pesada, metalurgia, construcción, equipamiento tecnológico, entre muchos otros.

La actividad pesquera y la industria naval, además, mantienen una estrecha relación de interdependencia. El éxito de una depende en gran medida de la bonanza de la otra. La industria naval provee a la pesca de buques modernos y eficientes que permiten la captura de “productos pesqueros” de forma segura y desempeña una tarea vital para modificaciones estructurales, la reparación y el mantenimiento de los barcos. A su vez, la pesca genera un flujo constante de ingresos para la industria naval, lo que permite la inversión en nuevas tecnologías y la creación de empleos.

La actividad de extracción de materia prima marina no es gratuita. Además de cubrir los sueldos y cargas sociales, honorarios profesionales, gastos e inversiones, contribuye significativamente a las finanzas del Estado Nacional con el pago de Derechos Únicos de Extracción, cánones aplicados a distintos trámites, multas e impuestos que se aplican en distintas etapas de la actividad. También se abonan derechos por la importación de buques e insumos y por las exportaciones, en un proceso donde aproximadamente el 90% de la producción se destina a clientes internacionales. A su vez, los estados provinciales cobran impuestos y los municipios aplican tasas diversas, aumentando así la contribución fiscal de la industria pesquera a nivel local y regional.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, los biólogos e investigadores dedicados al estudio del mar y sus recursos desempeñan un papel fundamental al proporcionar información esencial tanto al Estado como a los actores privados para garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos vivos en el Mar Argentino. Además, es importante destacar que diversas industrias también contribuyen al avance científico, evidenciando la interrelación de todos los elementos como parte de un sistema integrado.

Dada la naturaleza multifacética de esta actividad sobre recursos naturales renovables, es imprescindible contar con regulaciones y fiscalizaciones eficaces por parte de varios organismos estatales para que se desarrolle de manera sostenible. Estas van desde las normativas emitidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Consejo Federal Pesquero, y la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, hasta las reglas establecidas por la AFIP, la ADUANA, el SENASA, la PNA y la Armada.

Asimismo, numerosos órganos provinciales también desempeñan un rol similar en la regulación y fiscalización de la actividad pesquera en su ámbito de competencia. La pesca no es una actividad novedosa. Ya se hace referencia a ella en la Biblia y en otras tradiciones ancestrales, lo que demuestra su larga historia y arraigo en la cultura humana.

Por ello, resulta paradójico que haya quienes se empeñen en desvalorizarla y poner en duda la dignidad de quienes la practican. Esta actitud, que busca desinformar a la población no familiarizada con la realidad del sector, es sumamente peligrosa.

Toda actividad humana, incluida la pesca, puede ser susceptible de mejoras. La pesca no es una excepción y constantemente se buscan formas de hacerla más sostenible y responsable. Pero las reformas siempre deben plantearse y analizarse estudiando seriamente cómo funciona la actividad desde su aspecto social, económico, biológico y jurídico, porque los cambios, por novedosos, no siempre proponen buenos resultados. La búsqueda de la perfección, aunque utópica, nos impulsa a progresar, pero el progreso no existe sin prudencia.

En la vida cívica actual, la política juega un papel fundamental. De su éxito o fracaso depende el bienestar de la sociedad. Es una herramienta cuyo fin último debe ser el bien común.

Grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino y nuestro papa Francisco han insistido en la importancia de esa idea. Un político debe poseer condiciones morales, jurídicas y un trinomio de virtudes humanas: respeto, prudencia y templanza. La literatura sobre este tema es vasta y no deja lugar a dudas.

Nuestro país no puede seguir dilapidando oportunidades. Para revertir las críticas negativas y los prejuicios sobre la actividad pesquera es necesario seguir trabajando entre las autoridades y el sector privado a través del diálogo y la construcción de consensos que serán herramientas útiles para lograr el reconocimiento social que se le debe y abrazar la prosperidad.

* El autor de este artículo es abogado y ex representante de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero