En un accionar que generó indignación y preocupación, el Gobierno de la provincia de Santa Cruz protagonizó un polémico desalojo en la planta pesquera ex Barillari S.A. el miércoles 30 de enero. La medida, ejecutada con el acompañamiento de la fuerza pública, careció de una orden judicial firmada por un juez competente, lo que pone en duda la legalidad del procedimiento.

El operativo incluyó la presencia masiva de efectivos policiales y funcionarios gubernamentales de pesca que, de manera hostil, presionaron a los trabajadores para que abandonaran las instalaciones. La intimación se basó en una supuesta orden administrativa, redactada por funcionarios del gobierno, sin el respaldo de una resolución judicial que detallara los motivos del desalojo, el plazo para la desocupación o la advertencia sobre el uso de la fuerza pública en caso de incumplimiento.

Graves irregularidades en el procedimiento

En disputas contractuales con el Estado, los jueces deben analizar si hubo incumplimientos, si existió un acto administrativo de rescisión del contrato y si las partes afectadas tuvieron oportunidad de defenderse antes de ser desalojadas. En este caso, los trabajadores y cooperativas presentes en la planta debieron haber sido notificados previamente, permitiéndoles ejercer su derecho a la defensa y presentar oposición legal.

El contexto judicial agrava la situación, ya que los tribunales se encuentran en feria. Sin embargo, la feria judicial no impide la presentación de medidas urgentes, como amparos o medidas cautelares, para frenar desalojos irregulares. La falta de una orden judicial en este procedimiento deja abierta la posibilidad de denunciar la ilegalidad de la medida y solicitar la intervención urgente de la justicia.

Si el desalojo se llevó a cabo sin permitir la defensa de los afectados, se podría presentar un recurso de amparo argumentando la vulneración del derecho constitucional a la defensa (Artículo 18 de la Constitución Nacional). Además, de confirmarse la falta de una orden judicial válida, se estaría ante un grave abuso de autoridad por parte del gobierno provincial.

El accionar del Ejecutivo santacruceño deja un manto de sospecha sobre el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y pone en evidencia la urgencia de garantizar procedimientos legales transparentes en conflictos de esta naturaleza.

Incoherencias y falta de transparencia en la actuación del Gobierno

Uno de los aspectos más llamativos de este conflicto es la documentación presentada por los funcionarios del Gobierno de Santa Cruz, mediante la cual intentaban que los integrantes de las cooperativas El Dorado y 20 de noviembre firmaran la cesión del “usufructo” de la planta. Sin embargo, el documento carecía de una redacción clara y, además, no había sido oficializado en el Boletín Oficial de la provincia, lo que llevó a los representantes de las cooperativas a negarse a firmarlo hasta tanto se regularizara su publicación.

Por otro lado, la situación adquiere aún más gravedad debido a la falta de coherencia en la gestión gubernamental. Mientras el gobierno intentaba reemplazar a las cooperativas El Dorado y 20 de Noviembre por Sur Caleta y San Miguel, bajo el argumento de que las primeras se encontraban en una situación irregular y adeudaban millonarias sumas en concepto de multas, ocurrió un hecho que expone la improvisación del Ejecutivo: en plena transición, se notificó que la cooperativa San Miguel estaba inhabilitada, dejando sin sustento la estrategia de reemplazo planteada por el gobierno.

Este tipo de decisiones erráticas reflejan la incapacidad operativa y la falta de planificación del Gobierno de Santa Cruz. Mientras acusan de irregularidades a ciertas cooperativas, los reemplazos propuestos terminan siendo aún más cuestionables, evidenciando una gestión desordenada y carente de criterio. (en el segundo Video en el minuto 3:18 en adelante Dice el funcionario que no van a trabajar en la Cooperativa San Miguel porque esta suspendida)

Presión y abuso de autoridad en un intento desesperado del Gobierno

Los aprietes, el abuso de autoridad y el uso indebido de la fuerza pública por parte del Gobierno de Santa Cruz reflejan una clara desesperación por ocupar las instalaciones de la planta pesquera a cualquier costo, incluso político. La urgencia responde a que la próxima semana se levanta la feria judicial, lo que permitiría que el caso llegue a la Justicia Federal, donde las irregularidades en el procedimiento podrían derivar en la interdicción de la planta hasta que se garantice el derecho de defensa de los trabajadores, derecho que hasta el momento ha sido vulnerado.

Ante este panorama, es fundamental que los trabajadores mantengan su postura de reclamo y no cedan ante las presiones del Gobierno, que no solo los intimida, sino que incluso ha llegado a amenazar con la deportación de operarios de origen boliviano. Esta actitud discriminatoria es aún más grave si se considera que muchos de estos trabajadores pertenecen a la segunda y tercera generación de ciudadanos nacidos en Argentina. Lo ocurrido no solo constituye un abuso de poder, sino un verdadero papelón frente a las leyes y la Constitución Nacional.