Cuando los buques que pescan merluza y langostino levantan las redes del agua, extraen ejemplares de la especie buscada y también de cualquier otra, lo que se conoce como captura incidental o bycatch. Una vez a bordo, los tripulantes devuelven al mar todo aquello que no rinda el beneficio comercial buscado.

Esta práctica es conocida como descarte y está prohibida en Argentina por la ley federal de pesca, ya que constituye “una amenaza para la sostenibilidad en el sector pesquero”, asegura la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La amenaza está dada ya que grandes cantidades de recursos marinos mueren y son sobreexplotados injustificadamente, lo que pone en peligro los medios de vida de las comunidades costeras y también su seguridad alimentaria, señala el organismo.

Aun así, 110 000 toneladas anuales de merluza (Merluccius hubbsi) son descartadas en Argentina por buques pesqueros, según un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).

La impactante cifra encendió todas las luces de alarma. Por un lado, porque el estado de conservación presente y futuro de los recursos pesqueros es un tema de preocupación permanente en todo el mundo y los caladeros del Atlántico Sur, es decir, los lugares donde se encuentran los peces, ya conocen lo que es vivir épocas de deterioro en el pasado reciente. Pero también porque el desperdicio de alimento ocurre en un país que tiene en marcha, desde el año pasado, un Plan Nacional contra el Hambre, considerando que la pobreza afecta al 41 por ciento de su población y la pobreza extrema al 10,5 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La cifra de 110 000 toneladas de descarte de merluza en el mar Argentino fue confirmada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), un ente oficial descentralizado pero dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en su último informe disponible de 2018. Las autoridades de la Subsecretaría de Pesca, sin embargo, afirman que hoy la cantidad es mucho menor, aunque no ofrecen una cifra concreta.

Preocupación por el descarte de merluza
La plataforma continental argentina es una de las más extensas del planeta y conforma un gigantesco espacio de unos 990 000 kilómetros cuadrados en el que habitan más de 60 especies de peces y moluscos. Semejante volumen de biomasa animal es el objetivo de una potente flota industrial y también de una extensa comunidad de pescadores artesanales.

En este contexto, la merluza común (Merluccius hubbsi) es la protagonista por excelencia del Mar Argentino tanto por su abundancia y por su nivel de consumo en el país, pero también porque es la especie que más sufre de pesca incidental. La merluza es capturada y descartada durante la campaña del langostino patagónico (Pleoticus muelleri) —hoy por hoy la gran estrella de la producción pesquera del Atlántico Sur debido a su calidad y precio— ya que suele nadar junto a estos crustáceos. Pero también es descartada durante las propias campañas merluceras, porque se tiende a seleccionar los ejemplares de mayor tamaño mientras que los más pequeños son devueltos al mar. El problema es que “sacar a un pez del agua es como darle una paliza. Aunque regresen vivos al agua lo hacen tan dañados que muy pocos se salvan de morir”, relata Pablo Filippo, abogado asesor de la FVSA en este tema.

El primer reflejo, al leer la cifra de descarte anual, llevaría a pensar que la propia subsistencia de la especie está en peligro. Sin embargo, en la actualidad no es así: “Diría que se encuentra en estado sustentable en el Stock Sur, por debajo del paralelo 41, y en recuperación en el Norte, en el área compartida con Uruguay”, precisa Claudia Carozza. Sin embargo, son los antecedentes los que generan preocupación.

En los años noventa, la pesquería de merluza se situó al borde del colapso, con una caída de hasta el 80 por ciento de las capturas. “En aquel tiempo los permisos eran irrestrictos, no había ni un solo límite y se llegó a capturar hasta un millón de toneladas en un año”, recuerda Darío Sócrate, gerente y vocero del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la cámara que representa a los dueños de barcos congeladores, los más grandes de la flota. Las medidas adoptadas a partir de 1999, muchas de ellas aún vigentes —como el establecimiento de áreas de protección de juveniles o la limitación de viajes anuales por cada barco—, y la alta tasa de reproducción de la especie permitieron su paulatina recuperación. “Constituir un área de veda permanente en la zona donde van a reproducirse, en el Stock Sur, fue la principal contribución para resolver su decadencia”, asegura la directora de investigación del INIDEP.

El control estricto logró revertir la tendencia, y desde 2016 la cantidad de merluza común va en aumento, “aunque eso no justifica el descarte”, sostiene Claudia Carozza, directora del INIDEP: “Nuestra función es valorar la sostenibilidad”. Actualmente, los niveles establecidos de captura biológicamente aceptable de la especie están muy alejados de aquella cifra de la década de los noventa. Ahora se considera 115 000 toneladas para el Stock Norte (compartido con Uruguay) y entre 273 000 y 339 000 para el Sur.

Pero a pesar de la aparente bonanza actual, la mirada conservacionista mantiene intacta sus dosis de resquemor. “Se siguen matando juveniles, y esto impide recuperar la estructura del stock”, opina Guillermo Cañete, especialista en pesca sustentable y planificación espacial marina, “entonces se depende de la calidad de reproducción de cada año y de las condiciones ambientales. En la situación actual, la especie no tendría capacidad para absorber cambios ambientales importantes”. Curiosamente, también desde el sector empresarial se acepta que es necesario perfeccionar los métodos de extracción en el mar: “El estado de salud del caladero es lo que nos permitirá seguir desarrollando la actividad. Sería muy necio creer que la fuente de recursos es infinita y no hacer maniobras para mejorar”, aclara Darío Sócrate.

Una norma que no se cumple
Según Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, puesto que el descarte está prohibido, “cuando tomamos conocimiento de un hecho probado sustanciamos un sumario administrativo e imponemos una multa”, dice. Sin embargo, las cifras evidencian que por más prohibido que esté el descarte, la práctica sigue ocurriendo. En 2020, de hecho, no se abrió ningún sumario administrativo debido a la pandemia, asegura Suárez.

Guillermo Cañete explica que “la cultura del sector, el conjunto de prácticas, la toma de decisiones, el pensamiento de la gente involucrada, las regulaciones, todo el sistema incluyendo las autoridades ha naturalizado el descarte”. Por lo mismo, erradicar el problema se vuelve más complejo ya que este involucra a una diversidad de actores con distinto grado de responsabilidad como son autoridades, empresas, capitanes o tripulantes, señala Fernando Miñarro, director de Conservación de FVSA.

A su vez, Julián Suárez admite que en el caso de la merluza existe un 20 por ciento de captura incidental o bycatch. En la práctica, la mayor parte de ese volumen es devuelto al mar.

Según el abogado Pablo Filippo “si bien hay una ley, no existen las normativas precisas que regulen qué cosas son de cumplimiento obligatorio; no hay decretos ni resoluciones que indiquen qué cosas pueden hacerse y cuáles no”. La evidente contradicción habilita las interpretaciones y es el marco ideal para agitar los debates.

“Desde el ámbito empresarial hay una conciencia creciente de que debe buscarse el modo de disminuir los descartes”, asegura Darío Sócrate. Según el gerente de CEPA, “la industria está avanzando en ese sentido, pero resulta imprescindible entender la realidad”, dice. “El mar no es un supermercado donde uno puede elegir solo lo que quiere. Los peces se mueven todos juntos, incluso pueden mezclarse cardúmenes diferentes y se mezclan especies que son comercialmente rentables con otras que tienen poco o ningún valor de mercado y hasta las que no son pescables. Por eso, pensar en un ‘descarte cero’ es casi imposible”, explica.

No hay control para los barcos chinos
El aparente consenso sobre la necesidad de reducir las capturas incidentales no ha servido aún para alcanzar acuerdos que permitan progresar, pero al menos abren la puerta a un diálogo que todos los sectores creen imprescindible. La Fundación Vida Silvestre, a través de Guillermo Cañete, propone “incorporar a la discusión la dimensión ambiental y económica y pensar en un contexto de cambio climático”. Pablo Filippo propugna acuerdos sectoriales para elaborar las medidas que regulen los descartes. El mundo empresarial alienta un “esquema de discusión participativo para opinar sobre las normas”. Y desde la Subsecretaría de Pesca, Julián Suárez estima que el Estado debe “transitar este camino de la mano de todo el arco, desde las ONG hasta la industria”.

Por otra parte, tanto las empresas como las autoridades se enfrentan a un peligro común que acecha el estado de salud de la merluza y el resto de especies del Atlántico Sur: la presencia de cientos de barcos extranjeros —en su mayoría chinos— que pescan en el límite exterior de la plataforma continental, es decir, fuera del mar Argentino, en las descontroladas aguas internacionales donde prácticamente no existen leyes que establezcan qué, cuánto y cómo pescar.

En los primeros días de marzo de este año, la organización Greenpeace alertaba sobre la localización de 470 embarcaciones pesqueras en el denominado Agujero Azul, un espacio de solo 5000 kilómetros cuadrados. Fuera de cualquier tipo de fiscalización es imposible saber la cantidad y variedad de individuos que se cargan y procesan a bordo antes de que la mercancía sea trasladada a las naves frigoríficas que esperan en las cercanías. El daño ecológico resulta incluso más incalculable.

Mientras se plantea cómo combatir estas prácticas que se califican de “invasoras”, la realidad demuestra que, al menos en el tema de los descartes y dentro de los límites sobre los que Argentina tiene injerencia, se vienen dando pasos en la búsqueda de soluciones.

Cámara para saber qué pasa en altamar
En 2019, el Consejo Federal Pesquero, principal regulador de la actividad en el país, creó una Comisión de Bycatch para trabajar sobre ejes puntuales, como el control a bordo, las artes de pesca y el aprovechamiento de los descartes.

“Es indispensable saber qué ocurre realmente cuando los barcos están en el mar”, subraya Guillermo Cañete, y añade: “Se puede medir y estimar con precisión lo que queda retenido por la red a bordo, lo que se procesa y se encajona, pero hay que tener un medio, ya sea cámaras u observadores a bordo, que hagan la estimación de la cantidad que se descarta”.

A finales de enero de este año, la revista Puerto, especializada en temas navales, publicó un video anónimo, presuntamente filmado por un tripulante del barco El Marisco II, en el que se aprecia la enorme cantidad de peces y langostinos que son desechados y devueltos al mar, ya muertos o en estado agonizante, a su paso por una cinta transportadora. La secuencia causó escozor en el ámbito pesquero. Un inspector de la Subsecretaría de Pesca embarcado en la nave confirmó la realización del descarte “durante dos días de marea, del 18 al 20 de enero”, lo que motivó la apertura de un expediente sancionador. Mongabay Latam intentó varias veces ponerse en contacto con un responsable de la empresa dueña del barco, sin obtener respuesta alguna.

En este sentido, el Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, apuesta por un consenso que ayude a implementar un sistema de monitoreo a bordo que sea eficaz: “Los equipos tienen que ser completamente inviolables y estar adaptados al frío, la lluvia, la humedad y todos los factores climáticos que puedan afectar a un buque pesquero”, comenta. El desarrollo del nuevo sistema lo está realizando el INVAP (Investigación aplicada), una empresa pública dedicada a la generación de alta tecnología en diferentes rubros.

Las empresas y la protección del caladero
Darío Sócrate admite que en el sector industrial todavía existe una fuerte resistencia a los cambios, “pero antes o después todos tendrán que modificar su postura”. Su seguridad se basa en un punto clave: Argentina exporta el 90 por ciento de lo que captura en sus aguas territoriales. De hecho, la pesca es el quinto rubro exportador del país y genera ingresos por unos 2000 millones de dólares anuales. “La aparición de normativas ‘verdes’ en los principales mercados compradores y su exigencia de trazabilidad y certificación de pesquería legal es un condicionante que obligará a todos”, explica Sócrate.

Aumentar la selectividad de las artes de pesca es entonces el siguiente reto. Las redes de arrastre son, todavía, las más utilizadas en la captura de la merluza. Además de su nula selectividad y su altísima cuota de bycatch, su mecanismo de acción es el que produce una mayor destrucción de los fondos marinos, eliminando sedimentos de los que se alimentan algunas especies y alterando las condiciones salubres del agua.

“Estamos trabajando con la Universidad Tecnológica Nacional en la creación de un dispositivo innovador llamado Júpiter”, informa Julián Suárez. La red, que posee un mecanismo técnico que permite liberar los ejemplares pequeños antes de que sean retirados del agua, será probada en los próximos meses. “Pude ver cómo trabaja y es muy efectiva. Se harán testeos pero puede ser un camino muy viable”, subraya el mismo Suárez.

Las empresas pesqueras no son ajenas al posible cambio y han puesto su flota a disposición de las autoridades para realizar las pruebas. “En el sector hay una conciencia creciente hacia el cuidado de los recursos y se está trabajando en el tema”, afirma Darío Sócrate: “Sería muy necio de nuestra parte creer que el mar es una fuente infinita. Miles de familias dependen de esta actividad y su desarrollo depende de la salud del caladero”. En los últimos años, las diferentes cámaras empresariales han participado en comisiones y talleres internacionales dedicados a la problemática de los descartes, incluso algunos de los grupos más poderosos llegaron a diseñar y probar sus propios métodos de selección de capturas, con éxito relativo. “Por supuesto que hay mucho por mejorar, pero no puede decirse que no estamos haciendo nada”, concluye el gerente de CEPA.

¿Se pueden aprovechar los descartes?
Aprovechar mejor los ejemplares pescados de manera incidental es el restante objetivo planteado en la Comisión de Bycatch, y quizás el más complicado de afrontar. “Tirar lo que no resulte valioso es un desperdicio biológico, pero también alimentario que nos pone ante un compromiso ético. Lo que ocurre es que resolverlo es una cuestión económica”, resume Guillermo Cañete.

En efecto, llevar en la bodega de un barco algunas toneladas de un producto que se sabe de antemano que tiene menor o nulo valor comercial reduce la rentabilidad de una campaña en el mar. Además, Sócrate apunta que “los sueldos de los tripulantes se pagan como si los barcos capturaran lo mejor. Si parte de la carga tiene otro destino, las empresas necesitan apoyo e inversión del Estado. Nos piden renovar la flota y construir un barco cuesta diez millones de dólares. Las medidas que se tomen deben contemplar todas estas cuestiones”, dice.

Desde el INIDEP son también conscientes de la necesidad de “encontrar alternativas para lograr un aprovechamiento integral de los descartes”, tal como sugiere Claudia Carozza. El aporte que realiza el Instituto es su capacidad para informar de manera precisa y rápida la ubicación de los mejores cardúmenes y los porcentajes de, por ejemplo, la relación langostino/merluzas en un área determinada, para cerrarla si excede cierto porcentaje y de ese modo limitar el bycatch durante la pesca del crustáceo. “Para eso sería fundamental que se aumentara el presupuesto del INIDEP”, aconsejan desde el sector empresarial.

La realidad es que el alcance del instituto de investigación es limitado. “Hay pesquerías que no tienen observadores. No podemos evaluar el descarte si no lo vemos. Sabemos que la castañeta es un pez de escaso valor comercial, pero seguro que cumple un rol en el ecosistema que puede repercutir en el resto. Sin embargo se descarta. Necesitamos un diagnóstico certero para conocer el impacto que esto produce”, señala Carozza.

Las organizaciones ambientalistas hablan de 110 000 toneladas anuales de merluza hubbsi desperdiciadas y de una práctica ilegal. Las autoridades reducen la cifra pero aceptan que las normas no se cumplen. Los empresarios apoyan algunos cambios, aunque se resisten a perder sus ganancias. El mundo pesquero argentino vive tiempos de intensos debates y todos coinciden en la necesidad de consenso. De sus resultados depende el futuro de una riqueza ecológica y alimenticia casi tan ancha como el mar.