En el puerto de la capital de Chubut no pasó desapercibido el arribo de un barco marplatense a pocas horas de que se abra la pesquería de langostino en aguas provinciales. En las últimas semanas, la Dirección de Puertos había intimado a las embarcaciones que estaban amarradas en muelles de Rawson y que no cuentan con permiso provincial o autorización de pesca, a abandonar el lugar y liberar espacio.

Este martes, la Secretaría de Pesca de Chubut fue notificada de una controversia en el seno de la propietaria del buque en cuestión, anticipando una eventual judicialización de un cambio de puerto de asiento, indicó REVISTA PUERTO.

Fiesta y polémica

El empresario David Maximiliano Miguel remitió al secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, una carta documento en su carácter -según indica- de accionista mayoritario de la sociedad propietaria del barco pesquero Fiesta (MN 01446) advirtiendo que la embarcación tiene puerto de asiento en Mar del Plata, no tiene permiso nacional de langostino y denuncia un presunto “arrendamiento fraudulento”, al tiempo que advierte que un posible cambio de puerto será dirimido en tribunales.

“En mi carácter de accionista de Pesquera Fiesta S.A., como titular del 53 por ciento del capital social, a efectos de manifestar el total desacuerdo con el cambio de puerto de asiento del buque pesquero Fiesta a la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, decisión que no me fue consultada y a la que me opongo completamente porque provocaría la pérdida del permiso de pesca de la provincia de Buenos Aires”, señala el documento ingresado ayer a la autoridad pesquera chubutense.

Sin permiso de langostino

El barco pesquero Fiesta tiene puerto de asiento en la ciudad de Mar del Plata, “por lo cual se incumplen el Artículo 1 y el Artículo 2 de la Resolución N° 248/19 de la Secretaría de Pesca de Chubut. Este último artículo establece que se acredita el puerto de asiento presentando la certificación extendida por el Registro de Pesca dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en el cual consta que el puerto de asiento del buque pesquero Fiesta es el de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires”, ratifica.

“También deseo informar que el buque pesquero Fiesta no cuenta con permiso nacional de pesca de langostino, no queriendo ser partícipe de una infracción por capturar dicha especie sin autorización nacional”, sostiene Miguel en la carta dirigida a Aguilar.

Denuncia penal

En otro tramo se informa que “el estatuto social de Pesquera Fiesta S.A. no autoriza al presidente del directorio a alquilar el barco, el bien principal con el que cuenta la sociedad, decisión que debería contar con la autorización de todos los socios en una asamblea, y la cual como socio mayoritario no apruebo, como expresé en la CD 3280793-3 del 26/10/2020, se trata de un contrato de locación fraudulento en la cual la sociedad locadora es Yiasra S.A.S. constituida el 22/01/2020, la cual no cuenta con empleados ni está inscripta con empleados en AFIP, por lo cual no podría explotar un buque pesquero porque estaría incumpliendo lo dispuesto en el Artículo N° 1 ‘in fine’ de la Resolución N° 248/19 de la Secretaría de Pesca de Chubut, que dispone que deberá contar con mano de personal con tres años de residencia en Chubut».

«Con visualizar en AFIP las altas de sus actividades y su inscripción en el Impuesto a las Ganancias e IVA en el mes de septiembre de 2020 alcanza para concluir que se trata de una sociedad que nunca operó”, expresa el planteo formalizado a través de carta documento. “Dejo constancia mediante la presente que el mandato del presidente del directorio de Pesquera Fiesta, Omar Deluca, se encuentra vencido dado que se lo designó en el cargo por dos ejercicios el 2 de noviembre de 2016 conforme consta en la página 42 del Libro de Actas de Asamblea. En caso de permitir que el buque opere en el puerto de Rawson, con todas las infracciones que se están cometiendo e informando por la presente, procederemos a realizar acciones judiciales pertinentes y las denuncias penales correspondientes”, añade al alimentar la polémica sobre un eventual uso o explotación de bienes o licencias expropiadas por el estado provincial.