El reclamo del gobierno de Sebastián Piñera sobre la plataforma continental argentina busca extender la producción ictícola de especies de gran demanda mundial en favor de los principales grupos económicos del país.

El gobierno argentino se vio sorprendido cuando, el 23 de agosto pasado, el Diario Oficial de Chile publicó un decreto por el cual ese país reclama 5.000 km2 de plataforma continental argentina. Esa pretensión contradice el Tratado de Paz y Amistad de 1984 (caso Beagle) y resoluciones de Naciones Unidas de 2009 que definen la zona como parte del patrimonio común de la humanidad, de acuerdo con la Convención sobre Derecho del Mar.

Al presidente Sebastián Piñera, cuyo espacio político fue derrotado de modo contundente en la elección de constituyentes de este año y podría serlo nuevamente en las presidenciales de noviembre, le quedan pocas semanas de mandato. Tal vez pretenda emular al dictador Augusto Pinochet cuando, antes de abandonar la Moneda en 1990, expulsado tras ser vencido en una consulta popular, le legó al pueblo chileno una seria de leyes “de amarre” para dejar bien atado el modelo neoliberal; entre otras normas, la Constitución, que recién en 2022 será reemplazada.

El pescado tal vez sea una de las razones clave de la jugada marítima, sin desconocer otras ocultas como la riqueza hidrocarburífera, el acceso a la Antártida también por recursos naturales o, más en general, la agitación de la veta atávica de la derecha nacionalista y militar chilena para distraer de otros asuntos públicos.

La economía trasandina ha tenido en la pesca uno de sus motores, o más bien, el motor, para que unas pocas familias acumulen fortunas. Sus apellidos se cruzan, controlan con diversas sociedades el 76 por ciento de la capacidad pesquera y tienen nudos muy ajustados con el poder político que representa Piñera.

La ley de Pesca data de 2012 y durante su reforma parcial, en 2020, el diputado socialista Gastón Saavedra denunció que los grupos económicos “compraron votos”. De igual modo, el sitio digital El Mostrador informó que Corpesca, “entidad que agrupa a los grandes empresarios pesqueros y beneficiarios de la corrupta Ley de Pesca, pagó a parlamentarios”.

Esa ley entregó gran parte del mar chileno a un puñado de grupos económicos por 20 años renovable por otros 20, según denunció una investigación de «En Foco» producida por SurySur Toda América TV en base a estudios de Cecilia Vergara Mattei, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico en Chile.

La ley, asimismo, prohíbe la pesca artesanal y los derechos de pueblos originarios, permite la pesca de arrastre en grandes buques factoría, habilita la presencia de esos barcos industriales en zona artesanal y se opone a licitaciones abiertas y transparentes para la explotación ictícola en alta mar.

Los beneficiados
1) Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec, uno de los principales grupos económicos del país, con negocios en combustibles, minería y forestación. Su familia es una de las 5 más ricas de Chile (Roberto heredó a Anacleto Angelini, en vida el hombre más rico de toda Sudamérica) y en pesca sus naves insignia son Corpesca y Orizon, que operan al norte del país.

2) La Sociedad Pesquera Coloso, de Sergio Lecaros Menéndez, que también hace caja con hoteles asociados a la cadena Holiday Inn en su país y en Argentina, con la marca Ayres.

3) El conglomerado Yaconi y Santa Cruz, dueño de la firma Blumar, su sucesora Itata y otras, fuerte en especies como el jurel y otros peces.

4) El grupo de Rodrigo Sarquis Said, además titular de la Sociedad Nacional de Pesca.

5) El holding de Jan Stengel, quien posee diversas pesqueras como Bío Bío, unida a Camanchaca, de las familias Cifuentes y Jiménez, y lidera la Asociación Nacional de Industrias Pesqueras.

6) Jorge Fernández Valdés, socio de Stengel en la pesquera Camanchaca.

7) Hermanos Izquierdo Menéndez, que controlan Alimentos Marinos y San Antonio, además de ser parte de la directiva de la mencionada Asociación y de grupos papeleros y universidades privadas.

8) Francisco Javier Errázuriz, hijo de un homónimo dirigente político de la derecha chilena y excandidato a presidente.

Muchos de esos apellidos han sido llamados por jueces para explicar el reparto de las licencias de pesca. Pero las causas suelen hundirse. Por su parte, el propio Piñera tiene intereses en la explotación pesquera en Chiloé, a través de Bancard.

En una zona pretendida ilegalmente, Chile (o mejor, Piñera y sus amigos) busca extender el negocio de especies como el bacalao de profundidad, merluzas del sur y de tres aletas, congrio dorado o incluso el krill en las aguas que rodean la Antártida. Son todos productos de gran demanda mundial.

El escenario repite al de otros gobiernos neoliberales del mundo: negocios multimillonarios con recursos naturales, pero en manos particulares, y un presidente que no quiere irse sin garantizarle más riqueza a sus pares.