El gremialista quedaría habilitado para participar en las elecciones del sindicato previstas para noviembre

Al escritorio del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, llegó un oficio del Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo nro.10. Su titular, la doctora Sara Nieves Silva, hizo lugar al amparo presentado por Omar «Caballo» Suárez para que se lo reintegre como afiliado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) del que fuera expulsado en 2019 mientras se encontraba en prisión.

El plazo de cinco días que tiene el ministro Moroni para expedirse por sí o por no, vence este viernes, aunque su opinión no es vinculante. La decisión quedará en manos de la magistrada que aceptó el amparo presentado.

El principal argumento esgrimido por la defensa de Suárez es que fue destituido sin poder ejercer su derecho de defensa.

Los antecedentes juegan a favor del gremialista. Un fallo de la Sala XI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la intervención de la Unión del Personal de Seguridad (Upsra), el gremio que agrupa a los vigiladores privados, y repuso en el cargo a su secretario general Ángel García quien en su momento no pudo defenderse.

Otro caso reciente es el Herme Juárez, donde por unanimidad y con la firma de los jueces Manuel Díez Selva y Héctor Guisado, junto a la prosecretaria de la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Graciela González, se dejó sin efecto la cautelar que mantenía la intervención en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de Puerto General San Martín (SUPA). Este fallo, puso nuevamente a Juárez al frente del gremio. Incluso ya se pidió al ministerio de Trabajo la certificación de autoridades debido a que Juárez tiene mandato hasta octubre de 2021.

La restitución de Suarez al gremio le pondría pimienta a las elecciones en el SOMU previstas para noviembre donde se renovarán las autoridades. Desde el Frente Nacional de Agrupaciones Marítimas «Azul 53» que lidera, apunta a retomar la conducción del gremio marítimo.

«Confío plenamente en la Justicia y ratifico mi gestión durante los 27 años en los que estuve al frente del SOMU. Cuando intervinieron el gremio en 2016, dejé el sindicato con una disponibilidad de caja de u$s 1.760.833, dinero por cobrar por u$s 6.028.458 y bienes de uso por más de u$s 19 millones. Desde que la intervención devolvió el gremio en 2019 no hay balances ni rendición de cuentas y la obra social está en rojo. El SOMU también perdió el lugar que tenía a nivel nacional y en foros internacionales donde siempre se manifestó como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) entre otras. En cuanto a mi situación personal, la injusta e ilegal expulsión del gremio me privó a mí y mi familia de la obra social a pesar de haber hecho aportes durante 45 años», destacó el gremialista. (El Cronista).