Después de la aprobación del nuevo régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de centolla, instrumentado mediante la Resolución CFP 16/2026, aparecieron nuevos cuestionamientos.
Hay tres movimientos que conviene diferenciar.
A. Pescatlántica solicita acceso a los antecedentes
Pescatlántica Group S.A. pidió acceder a los expedientes, informes y documentación que fundamentaron la decisión del CFP.
La empresa manifestó observaciones vinculadas con las competencias y derechos de la provincia de Santa Cruz. También solicitó copias y la suspensión de los plazos hasta obtener acceso a las actuaciones.
B. Wanchese también pide revisar la documentación
Wanchese Argentina S.R.L. presentó dos notas solicitando vista del Acta 30/2026, la Resolución 16/2026 y sus antecedentes administrativos.
El CFP decidió tratar ambos pedidos conjuntamente y ordenó a sus áreas técnicas identificar qué documentación está en poder del Consejo y cuál debe solicitarse a otras autoridades.
La respuesta quedó para la próxima reunión.
C. El CFP corrigió dos artículos de la resolución
La Autoridad de Aplicación informó errores materiales en la Resolución 16/2026.
El Consejo aprobó la modificación mediante la Resolución 17/2026:
La modificación fue aprobada por mayoría, con los votos negativos de Buenos Aires y Santa Cruz.
Al votar la Resolución 16/2026, Buenos Aires había cuestionado que el proyecto se tratara sin una instancia previa de discusión. En esta reunión, su representante sostuvo que los errores corregidos no deberían haberse producido y retomó los argumentos de su voto negativo. Según el acta, planteó que una cuotificación, por su dimensión, requiere “un tratamiento previo y pleno en el seno del Consejo”, que abarque tanto los documentos e informes que sustentan la norma como el debate sobre su impacto y su texto.
El representante provincial solicitó modificar el Acta CFP 30/2026 y la Resolución 16/2026, particularmente en las zonas CV y SIII.
El pedido incluye:
Santa Cruz sostiene que debe preservarse su capacidad de administración social sobre esas áreas, que considera de jurisdicción provincial.
Además, cuestiona la aplicación concreta del nuevo régimen y solicita mantener la vigencia de la Resolución CFP 12/2018 en las zonas bajo su jurisdicción.
Uno de los argumentos técnicos se refiere a la zona SIII: el acta recuerda que el INIDEP había recomendado 110 toneladas para la temporada 2026/2027, mientras que la memoria técnica utilizada para la cuotificación habría tomado 100 toneladas como base.
La provincia pide que se aclare esa diferencia y se corrijan los antecedentes y cálculos.
También solicita suspender la inscripción y aplicación de la Resolución 16/2026 en CV y SIII hasta resolver su planteo.