El gobierno santacruceño impulsa una propuesta para que un padrón de embarcaciones pueda ampliar sus zonas de operación mediante un mecanismo de reciprocidad con Chubut. La iniciativa todavía debe atravesar una instancia clave: conseguir consenso entre los armadores y definir qué buques ingresarían, dónde podrían pescar y bajo qué condiciones. La protección de los juveniles de merluza aparece como uno de los puntos sensibles de la discusión.

Santa Cruz comenzó a mover una pieza que podría modificar el actual esquema de operación de la flota amarilla en el Golfo San Jorge. La administración provincial pretende avanzar junto a Chubut en una actualización de los mecanismos de reciprocidad entre ambas jurisdicciones, con la posibilidad de habilitar a un grupo determinado de embarcaciones santacruceñas a operar en sectores actualmente administrados por la provincia vecina.

La iniciativa fue planteada por el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Sergio Klimenko, quien ya mantiene conversaciones preliminares con su par chubutense, Diego Brandan.

Sin embargo, el proyecto está lejos todavía de constituir una decisión cerrada. Antes deberá definirse un aspecto determinante: qué posición adoptarán los armadores santacruceños y bajo qué condiciones estarían dispuestos a acompañar un acuerdo de reciprocidad con Chubut.

Un padrón limitado y nuevas zonas de pesca

La idea que se encuentra en análisis no apunta, al menos en esta instancia, a una apertura indiscriminada del Golfo.

El esquema contempla la eventual creación de un padrón de embarcaciones autorizadas, cuyos integrantes podrían acceder a determinadas áreas mediante un régimen acordado entre ambas provincias.

Esto obligará a resolver varios interrogantes antes de avanzar: qué barcos integrarían ese padrón, cuáles serían las zonas habilitadas, durante qué períodos podrían operar y qué exigencias pesqueras y biológicas deberían cumplir.

Para Santa Cruz, ampliar las alternativas disponibles podría otorgar mayor flexibilidad a una flota que depende de la distribución de los recursos dentro del Golfo y permitir una mejor planificación de las mareas.

Pero cualquier esquema de reciprocidad implica necesariamente una negociación de doble vía. Si embarcaciones santacruceñas obtienen posibilidades de operar en sectores administrados por Chubut, habrá que establecer también cuáles serán las condiciones de reciprocidad ofrecidas a la flota de la provincia vecina.

Ese punto puede transformarse en uno de los aspectos centrales de la negociación con los armadores.

Klimenko busca primero el respaldo del sector

La intención de la Secretaría de Pesca santacruceña es discutir la propuesta con los actores de la actividad antes de cerrar un entendimiento político con Chubut.

“Estamos trabajando para encontrar mecanismos que permitan fortalecer la actividad y generar mejores condiciones para nuestros trabajadores y para todo el entramado productivo vinculado a la pesca”, sostuvo Klimenko al explicar los objetivos de la iniciativa.

El planteo incorpora así no solamente la actividad de los buques, sino también su posible impacto sobre descargas, plantas procesadoras, servicios portuarios y empleo en tierra.

El desafío será determinar si esos beneficios potenciales alcanzan para construir un consenso entre los armadores de la región y, especialmente, cómo quedará configurada la reciprocidad entre las dos provincias.

La merluza pone un límite biológico a la discusión

La negociación no pasa exclusivamente por permisos, jurisdicciones y posibilidades comerciales.

En el Golfo San Jorge existe un componente biológico que condiciona cualquier modificación de las áreas de pesca: la presencia de merluza común y, particularmente, de ejemplares juveniles.

El Golfo constituye una zona relevante para el ciclo biológico de la merluza del efectivo sur y registra durante diferentes períodos concentraciones de individuos de pequeña talla. Por ese motivo, cualquier ampliación de las operaciones deberá ser compatible con las medidas destinadas a reducir la presión sobre esas concentraciones.

Dentro de las alternativas analizadas aparece incluso la posibilidad de establecer algún tipo de corredor que facilite el desplazamiento de la merluza, aunque esa herramienta se encuentra todavía en una instancia preliminar.

Para convertirla en una medida efectiva sería necesario establecer su localización, extensión, temporalidad y restricciones operativas.

INIDEP, una pieza necesaria antes de abrir nuevas áreas

La información científica producida por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) tendrá un papel importante en esa discusión.

Los datos sobre distribución de la merluza, estructura de tallas, concentración de juveniles, capturas y descartes permiten establecer hasta dónde puede ampliarse la actividad sin comprometer los objetivos de conservación.

Esto coloca a Santa Cruz y Chubut frente a una negociación con dos dimensiones diferentes pero inseparables: cómo distribuir las oportunidades de pesca entre sus flotas y cómo hacerlo sin deteriorar los recursos que ambas provincias comparten dentro del Golfo.

No alcanzará, por lo tanto, con un acuerdo político entre las autoridades pesqueras. Las condiciones biológicas deberán acompañar cualquier eventual apertura.

El Golfo San Jorge vuelve a exigir una política compartida

La discusión vuelve a poner sobre la mesa una característica particular del Golfo San Jorge: los peces no reconocen los límites administrativos que separan a Chubut de Santa Cruz, pero las flotas sí deben hacerlo.

Las dos provincias administran sectores diferentes de un mismo ecosistema y, por esa razón, decisiones tomadas de un lado de la frontera pueden repercutir directamente sobre la actividad del otro.

El esquema de reciprocidad intenta precisamente encontrar una respuesta a esa realidad, aunque su implementación demandará reglas suficientemente claras para evitar conflictos posteriores.

Quién entra, quién sale, qué cantidad de embarcaciones participan, dónde pescan, durante cuánto tiempo y qué recibe cada provincia a cambio serán cuestiones que deberán quedar definidas antes de que el proyecto pueda transformarse en una herramienta concreta.

Una negociación que recién comienza

Por ahora, no existe una ampliación de zonas aprobada ni un padrón definitivo de barcos habilitados. Lo que existe es una propuesta que Santa Cruz pretende discutir primero con su sector pesquero y posteriormente terminar de negociar con Chubut.

El resultado dependerá del grado de consenso que pueda conseguir Klimenko entre los armadores y de las condiciones que ambas administraciones estén dispuestas a aceptar.

Si las conversaciones prosperan, el Golfo San Jorge podría avanzar hacia un nuevo esquema de reciprocidad para la flota amarilla, con mayores posibilidades de movimiento entre jurisdicciones.

Pero antes deberá resolverse la parte más compleja: conseguir que los intereses de las dos provincias, las necesidades de sus flotas y la conservación de los recursos encuentren un punto de equilibrio dentro del mismo Golfo.