Una denuncia presentada ante la Justicia Penal Económica apunta contra grupos pesqueros de capital extranjero y sociedades vinculadas a permisos otorgados por autoridades británicas en las islas. La presentación sostiene que podrían haberse explotado recursos dentro de la plataforma continental y la ZEE argentina al margen de los controles nacionales.

La disputa por los recursos pesqueros del Atlántico Sur suma ahora un nuevo frente judicial. Siete grupos empresarios vinculados a la actividad pesquera quedaron señalados en una denuncia presentada ante el fuero Penal Económico, que cuestiona la utilización de licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas Malvinas para desarrollar operaciones sobre recursos del Mar Argentino.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano, y quedó radicada en el Juzgado Penal Económico N° 7, a cargo de Juan Pedro Galván Greenway.

El planteo sostiene que determinadas empresas y sociedades mixtas podrían haber desarrollado actividades pesqueras dentro de espacios marítimos argentinos utilizando autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que administran las islas. La denuncia solicita determinar si esas operaciones configuraron delitos vinculados con contrabando, evasión de controles aduaneros y afectación de recursos pertenecientes al Estado argentino.

Las empresas mencionadas

Entre las compañías señaladas aparece Grupo Lanzal, asociado a Petrel Fishing Company mediante el buque Monteferro.

También figura Grupo Pereira, vinculado con Argos Group y los buques Argos Cíes y Argos Berbés.

La denuncia incluye además a Pescapuerta y Copemar, relacionadas con South Atlantic Squid y con los buques Falcon, Prion, Robin M. Lee y Hadassa Bay.

La nómina se completa con Ferralmes, asociada a Castelo Fishing y al buque Castelo; Hermanos Touza, vinculada a Beaufort Fishing y al barco homónimo; y Moradiña, relacionada con Polar y el buque New Polar Playa de Sartaxens.

El listado deberá ser contrastado durante la investigación judicial para determinar el alcance real de las vinculaciones societarias y de las operaciones denunciadas.

El eje de la denuncia: recursos argentinos y permisos británicos

Uno de los principales argumentos de la presentación es que la utilización de licencias emitidas por las autoridades británicas de Malvinas no podría sustituir las autorizaciones y controles establecidos por la legislación argentina cuando las operaciones alcanzan espacios sometidos a jurisdicción nacional.

Los denunciantes plantean que, de comprobarse determinadas maniobras, podrían existir elementos para investigar la extracción de recursos dentro de territorio marítimo argentino y su posterior exportación, transbordo o descarga sin intervención de los organismos nacionales correspondientes.

La presentación invoca distintos artículos del Código Aduanero y plantea investigar si las operaciones pudieron constituir contrabando, incluyendo las circunstancias que eventualmente podrían agravar la responsabilidad penal.

No obstante, la denuncia constituye una acusación y no implica que las empresas mencionadas hayan sido judicialmente declaradas responsables. Será la investigación la que deberá determinar si existieron delitos, qué operaciones estuvieron involucradas y quiénes podrían eventualmente responder por ellas.

Prefectura, Aduana e INIDEP, en el centro de la investigación

Para avanzar sobre esos puntos, los denunciantes solicitaron que se requiera información a distintos organismos del Estado.

Entre las medidas propuestas figuran pedidos a la Prefectura Naval Argentina y al INIDEP para acceder a registros de avistamientos y movimientos de las flotas involucradas.

También se solicitó información a la Dirección General de Aduanas y a la Inspección General de Justicia (IGJ), con el objetivo de reconstruir las estructuras societarias, activos y vinculaciones empresariales de las compañías mencionadas.

La investigación busca establecer, entre otras cuestiones, dónde operaron los buques, bajo qué permisos, qué recursos capturaron y cuál fue el destino de esas capturas.

La cuestión Malvinas vuelve a cruzarse con la pesca

El expediente aparece en paralelo con otras actuaciones judiciales relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas y sus aguas circundantes.

En ese contexto, la pesca vuelve a ocupar un lugar central dentro de la disputa por los recursos del Atlántico Sur. El conflicto no se limita al petróleo: el calamar y otras especies de alto valor comercial constituyen uno de los principales recursos económicos de la región.

La utilización de licencias británicas por parte de empresas extranjeras es, precisamente, uno de los puntos que genera mayor controversia dentro del sector pesquero argentino.

El artículo 27 bis y una discusión que sigue abierta

El escenario también vuelve a poner en discusión el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922, que establece restricciones para quienes desarrollen determinadas actividades pesqueras vinculadas con empresas que operan bajo licencias otorgadas por el Reino Unido en las islas.

Durante el debate de reformas impulsadas por el Gobierno nacional, la eventual modificación de ese esquema generó cuestionamientos desde distintos sectores de la actividad y especialistas en la cuestión pesquera y de Malvinas.

El tema permanece estrechamente relacionado con una discusión más amplia: cómo impedir que recursos ubicados dentro de los espacios marítimos argentinos sean explotados bajo autorizaciones emitidas por una administración que el Estado argentino no reconoce como legítima.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si las operaciones denunciadas efectivamente ocurrieron bajo esas condiciones y si existieron conductas susceptibles de configurar delitos.

Mientras tanto, el expediente vuelve a colocar a la pesca del Atlántico Sur, las licencias de Malvinas y el control de las 200 millas argentinas en el centro de la agenda judicial y pesquera.