El Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata aceptó intervenir en la causa impulsada por Fecooport y el SUPA contra la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero. La presentación cuestiona que el esquema de evaluación otorgue ventajas a proyectos radicados en provincias patagónicas y reclama la suspensión cautelar del régimen.

La Justicia Federal de Mar del Plata dio un paso clave en el conflicto por el régimen de adjudicación de nuevos permisos para la pesca de calamar. El Juzgado Federal N° 4 se declaró competente para intervenir en la demanda presentada por la Federación Fecooport y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), quienes cuestionan el sistema de puntajes establecido por el Consejo Federal Pesquero (CFP) mediante la Resolución 6/2026.

La acción judicial sostiene que el mecanismo de evaluación favorece a los proyectos radicados en las provincias patagónicas —Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro— al otorgarles un mayor puntaje en el proceso de selección para acceder a nuevos permisos de pesca con buques poteros.

Según los demandantes, esta diferenciación coloca en desventaja a las iniciativas vinculadas a la provincia de Buenos Aires y, particularmente, al puerto de Mar del Plata, donde se concentra una parte significativa de la infraestructura pesquera nacional, las plantas de procesamiento y el empleo generado por la actividad.

Fecooport y el SUPA sostienen que el esquema obliga a las empresas bonaerenses a realizar mayores inversiones o asumir costos adicionales para competir en igualdad de condiciones, alterando las reglas de acceso al régimen de permisos.

En el marco del expediente, el fiscal general Daniel Adler consideró que deberá determinarse si el Consejo Federal Pesquero actuó dentro de las facultades conferidas por la Ley Federal de Pesca o si, por el contrario, incorporó criterios de promoción territorial que exceden las competencias que le asigna la normativa vigente.

Tras declararse competente para entender en la causa, el juez federal Santiago Martín dio traslado de la demanda al Consejo Federal Pesquero, organismo que dispondrá de cinco días hábiles para contestar la presentación.

Asimismo, el magistrado requirió un informe previo antes de resolver el pedido de medida cautelar formulado por los demandantes, quienes solicitaron la suspensión de la aplicación del sistema de puntajes mientras se sustancia el proceso judicial.

La resolución que adopte la Justicia sobre la cautelar podría tener un impacto directo en el procedimiento abierto por el CFP para incorporar nuevos buques poteros a la flota nacional, una convocatoria que despertó un fuerte interés empresarial y que, desde su lanzamiento, generó cuestionamientos por los criterios utilizados para evaluar los proyectos.