La decisión del Consejo Federal Pesquero (CFP) de avanzar con la incorporación de hasta 18 nuevos buques poteros para la captura de calamar volvió a encender una fuerte controversia entre las provincias con intereses en la actividad pesquera. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó un recurso de reconsideración para que se deje sin efecto la Resolución 6/2026 y solicitó la suspensión inmediata de su aplicación hasta contar con estudios científicos que garanticen que el incremento del esfuerzo pesquero no comprometerá la sustentabilidad del recurso.

La presentación fue impulsada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien cuestionó tanto el procedimiento utilizado para aprobar la medida como los fundamentos técnicos que la respaldan. Desde la administración provincial sostienen que la resolución fue incorporada, debatida y votada durante una misma sesión del CFP, sin que los consejeros dispusieran previamente de toda la documentación necesaria para realizar un análisis adecuado.

Pero el núcleo del planteo apunta a una cuestión de fondo: la ausencia de evaluaciones específicas sobre el impacto que tendría la incorporación de nuevas embarcaciones sobre los distintos stocks de calamar que habitan el Mar Argentino.

Según argumenta la Provincia, no existen estudios científicos concluyentes que permitan determinar cómo afectará el aumento de la capacidad extractiva a la conservación del recurso, por lo que cualquier decisión en ese sentido debería regirse por el principio precautorio establecido tanto en la Constitución Nacional como en la Ley General del Ambiente.

Desde Buenos Aires advierten que, frente a escenarios de incertidumbre científica, la obligación del Estado no es ampliar la explotación de los recursos naturales sino extremar las medidas de protección para garantizar su aprovechamiento sostenible a largo plazo.

La resolución cuestionada encuentra respaldo en un informe elaborado por el INIDEP, donde se concluye que una expansión moderada de la flota potera nacional no pondría en riesgo la sustentabilidad del calamar y permitiría incrementar la participación argentina en una pesquería donde actualmente existe una fuerte presión de flotas extranjeras que operan en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva.

Bajo ese criterio, el Consejo Federal Pesquero habilitó una convocatoria destinada a empresas que cuenten con plantas de procesamiento en tierra o acuerdos con establecimientos habilitados. Los proyectos deberán comprometer un mínimo de reprocesamiento de las capturas en territorio nacional y cumplir una serie de requisitos técnicos y administrativos para acceder a los nuevos permisos.

La iniciativa también fue presentada como una herramienta para generar empleo y agregar valor. Según estimaciones oficiales, la incorporación de los nuevos poteros podría traducirse en alrededor de 600 puestos de trabajo directos a bordo, además de un impacto positivo sobre las plantas industriales vinculadas al procesamiento de productos pesqueros.

Sin embargo, para el Gobierno bonaerense la discusión excede la cuestión biológica y se traslada al terreno económico y federal.

Uno de los puntos más cuestionados del régimen aprobado es el sistema de puntuación territorial establecido para evaluar los proyectos. La resolución asigna distintos puntajes según el puerto de desembarque comprometido por cada empresa: 30 puntos para Tierra del Fuego, 25 para Santa Cruz, 20 para Chubut, 15 para Río Negro y apenas 10 para Buenos Aires.

Desde la Provincia sostienen que esta estructura genera ventajas competitivas artificiales para determinadas jurisdicciones y perjudica especialmente al complejo pesquero e industrial de Mar del Plata, principal puerto pesquero del país y centro neurálgico de la actividad calamarera.

El recurso presentado ante el CFP señala que las empresas radicadas en Buenos Aires deberían realizar mayores inversiones y asumir costos adicionales para alcanzar puntajes equivalentes a los obtenidos por proyectos localizados en otras provincias, situación que consideran contraria a los principios de igualdad y razonabilidad que deben regir la administración de los recursos pesqueros nacionales.

La administración bonaerense recordó además que votó en contra de la iniciativa durante su tratamiento en el Consejo Federal Pesquero y ratificó su postura de rechazo por considerar que la medida afecta la equidad entre jurisdicciones, altera las condiciones de competencia y genera interrogantes sobre la sustentabilidad futura de una de las pesquerías más importantes del país.

Mientras el expediente comienza a recorrer los carriles administrativos, el debate vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica dentro del sector: cómo compatibilizar el crecimiento de la capacidad pesquera, la generación de empleo y el desarrollo regional con la obligación de preservar recursos estratégicos cuya sustentabilidad constituye la base misma de toda la actividad