El buque pesquero de bandera española PLAYA DE GALICIA quedó bajo la lupa de las autoridades argentinas luego de que sistemas de monitoreo de la Prefectura Naval Argentina detectaran presuntas maniobras compatibles con actividades de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
La situación se enmarca en la política de “tolerancia cero” impulsada por el Estado Nacional frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), en una zona especialmente sensible por la presión que ejerce la flota extranjera sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur.
De acuerdo con la información oficial, el pesquero español fue identificado mediante tareas de control y vigilancia desarrolladas por la fuerza marítima argentina, apoyadas por el Sistema Guardacostas, herramienta tecnológica utilizada para el seguimiento y análisis de movimientos de embarcaciones en aguas jurisdiccionales y áreas adyacentes.
Según se informó, el PLAYA DE GALICIA operaba desde el 13 de abril en inmediaciones de la milla 200, inicialmente a unas 232 millas náuticas de Punta Redonda, en la provincia de Buenos Aires. Allí permaneció realizando actividades hasta el 21 de abril, para luego desplazarse hacia sectores más australes del Atlántico Sur.
La alerta se encendió el pasado 18 de mayo, cuando el sistema de monitoreo detectó dos ingresos del buque dentro de la ZEEA argentina. Durante la primera incursión, la embarcación mantuvo velocidades promedio cercanas a los 6 nudos. Sin embargo, fue la segunda entrada la que despertó mayores sospechas: los registros indicaron velocidades medias de aproximadamente 4,5 nudos y trayectorias compatibles con maniobras de pesca de arrastre.
Fuentes vinculadas al seguimiento señalaron que el análisis de los datos emitidos por el sistema AIS permitió verificar que, en la última incursión, el pesquero habría penetrado unos 107 metros dentro del espacio marítimo argentino.
Además, el estudio integral de la información recopilada reveló patrones de navegación y desplazamiento que, según los parámetros técnicos establecidos por la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, resultarían compatibles con operaciones extractivas realizadas en presunta infracción a la Ley Federal de Pesca Nº 24.922.
Otro elemento que fortaleció las sospechas oficiales fue la ausencia de comunicaciones por parte del capitán o representantes del buque hacia los Centros de Gestión de Tráfico de la Prefectura, situación que descarta —al menos preliminarmente— eventuales causas de fuerza mayor o emergencias que justificaran la navegación a baja velocidad dentro de la jurisdicción argentina.
El episodio vuelve a poner en foco la creciente tensión en torno al control de la pesca extranjera en el borde de la milla 200, un área estratégica donde operan centenares de buques de distintas banderas atraídos por la abundancia de recursos migratorios, especialmente calamar y especies demersales.
En ese contexto, el Gobierno nacional busca reforzar la presencia operativa y tecnológica en el Atlántico Sur, mediante patrullajes, monitoreo satelital y análisis permanente de movimientos sospechosos para desalentar incursiones ilegales en aguas Argentinas.