La política pesquera del calamar vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del Consejo Federal Pesquero (CFP). En el marco del Acta CFP N° 13/2026, la Autoridad de Aplicación confirmó que trabaja en una propuesta para lanzar una convocatoria destinada a incorporar nuevos buques poteros a la matrícula nacional, una medida que podría redefinir el esquema operativo de una de las pesquerías más rentables del Atlántico Sur.

La iniciativa aparece en un contexto de fuerte actividad de la flota potera argentina, una temporada 2026 con alta participación de embarcaciones y un mercado internacional que mantiene firme la demanda de calamar Illex argentinus. Según distintos reportes sectoriales, actualmente operan cerca de 80 buques poteros en la zafra nacional, una cifra récord para los últimos años.

El anuncio del CFP, aunque todavía sin detalles oficiales sobre cupos, requisitos o plazos, generó rápidamente expectativas dentro del sector empresario y sindical. La eventual apertura para sumar unidades podría habilitar nuevas inversiones, reactivar proyectos paralizados y acelerar procesos de nacionalización de embarcaciones que hoy operan bajo distintos esquemas de locación o recalificación.

En los últimos meses, el Consejo Federal Pesquero ya había avanzado en una serie de autorizaciones vinculadas a la flota potera. Entre ellas, cambios de titularidad, renovaciones de permisos y recalificaciones de proyectos pesqueros para distintos buques destinados exclusivamente a la captura de calamar.

Especialistas del sector interpretan que el nuevo llamado podría apuntar a consolidar un modelo de administración que priorice:

• mayor presencia de tripulación argentina;
• compromisos de procesamiento en tierra;
• renovación tecnológica de la flota;
• y fortalecimiento de la bandera nacional frente al crecimiento de la actividad extranjera en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina.

La discusión no es menor. La pesquería de calamar representa uno de los principales complejos exportadores de la industria pesquera argentina y mantiene una importancia estratégica tanto por generación de divisas como por empleo indirecto en puertos patagónicos y bonaerenses.

Además, el movimiento ocurre en paralelo con un escenario de creciente presión sobre el recurso. Informes recientes del INIDEP y debates dentro del propio CFP volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de sostener criterios precautorios de manejo, especialmente en zonas donde la operatoria del calamar se superpone con áreas sensibles para la merluza común.

En ese marco, el CFP rechazó recientemente un pedido empresario para habilitar pesca objetivo de calamar mediante arrastreros congeladores al norte del paralelo 41° Sur, argumentando riesgos biológicos sobre el stock norte de merluza.

La posible incorporación de nuevos poteros también reabre un debate histórico dentro de la actividad: quiénes accederán a los futuros permisos y bajo qué condiciones. En experiencias anteriores, el régimen de incorporación estuvo atado a exigencias vinculadas a plantas de procesamiento en tierra, personal registrado y compromisos de producción nacional.

Sectores empresariales observan con atención el desarrollo de la propuesta oficial porque entienden que podría convertirse en una oportunidad para ampliar capacidad operativa en momentos donde el calamar vuelve a posicionarse como uno de los recursos más dinámicos de la pesca argentina.

Mientras tanto, en puertos como Puerto Deseado y Mar del Plata, el tema ya comenzó a instalarse como uno de los principales focos de discusión de cara al segundo semestre del año, en una actividad que atraviesa un proceso de fuerte reconfiguración tanto económica como política.