En una sesión que marcó el pulso de la agenda marítima del año, el Senado de la Nación aprobó la ley destinada a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, alineando a la Argentina con un esquema global de control que ya integran más de 80 países. La decisión, adoptada el 18 de marzo en el inicio del período ordinario, refuerza el rol del Estado en la vigilancia de los recursos y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sector.

El eje de la norma apunta a cerrar el paso a prácticas que erosionan tanto la sustentabilidad del recurso como la ecuación económica de la actividad formal. Con mayores controles en puertos y en alta mar, el país se incorpora a una red internacional que busca desarticular circuitos de pesca ilegal, una problemática que impacta de lleno en la competitividad de las flotas que operan bajo reglas.

En ese marco, el senador bonaerense Maximiliano Abad respaldó la iniciativa y subrayó el valor de la cooperación internacional como herramienta para el desarrollo sostenible. Desde su banca, planteó que el acuerdo permitirá “prevenir, desalentar y eliminar” prácticas que generan competencia desleal, daño ambiental y pérdida de soberanía económica.

Pero el debate no quedó circunscripto a la dimensión internacional. Abad puso sobre la mesa una de las tensiones estructurales de la industria pesquera argentina: la presión impositiva y las trabas administrativas. Según remarcó, el entramado tributario y burocrático continúa siendo un lastre para la rentabilidad y la eficiencia operativa de las empresas.

Con foco en Mar del Plata, principal puerto pesquero del país y termómetro de la actividad, el legislador insistió en que la defensa del sector no se agota en el control del mar. “Generar condiciones de competitividad” aparece, en su mirada, como el complemento indispensable para sostener el empleo y la inversión en toda la cadena.

En esa línea, volvió a plantear la necesidad de avanzar en la eliminación de los derechos de exportación. Si bien reconoció la prioridad oficial de preservar el equilibrio fiscal, consideró que la recaudación por retenciones en el sector es marginal frente al potencial que tendría su reinversión en la propia actividad.

La sanción de la ley, así, deja un doble mensaje. Por un lado, consolida el compromiso argentino en la lucha contra la pesca ilegal en un escenario global cada vez más exigente. Por otro, reabre el debate doméstico sobre las condiciones económicas que necesita la industria para crecer, generar empleo y sostener su competitividad en un mercado internacional cada vez más disputado.