Dictamen con concesiones y sesión bajo tensión

El plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda concluyó con 44 firmas a favor del despacho impulsado por el oficialismo, con el respaldo de bloques aliados como la UCR, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia.

Sin embargo, el avance legislativo no estuvo exento de concesiones. Para asegurar el acompañamiento necesario, el oficialismo debió retirar el artículo 44, vinculado al régimen de licencias por enfermedad. Esa modificación obligará a que, en caso de aprobarse este jueves en la Cámara Baja, el texto regrese al Senado.

El debate se desarrolló en el Anexo C en medio de un clima atravesado por la crisis industrial y la presencia de carteles en defensa de los 920 trabajadores despedidos de Fate. Afuera, la convocatoria al paro general comenzaba a tomar forma como respuesta directa a la inminente votación.

Paro nacional y advertencias al Congreso

Desde la CGT, los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello rechazaron de plano la reforma. La calificaron de “regresiva” y confirmaron la huelga nacional como punto de partida de una profundización del plan de lucha.

Argüello fue categórico: advirtió que cualquier diputado que dé quórum “estará traicionando al pueblo” y aseguró que el movimiento obrero “hará tronar el escarmiento” si la norma resulta aprobada. Jerónimo, por su parte, sostuvo que la medida de fuerza marcará el inicio de una etapa de resistencia sostenida.

A la protesta se sumaron distintos gremios estratégicos. La Unión Tranviarios Automotor confirmó que no habrá colectivos en todo el país, mientras que el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros paralizará el Cordón Industrial, uno de los polos agroexportadores más importantes de la Argentina.

“Inconstitucional y regresiva”

Desde la CTA Autónoma, su titular Hugo “Cachorro” Godoy denunció que el proyecto es “claramente inconstitucional” y cuestionó su tratamiento en sesiones extraordinarias. Afirmó que los más de 200 artículos favorecen “a un pequeño grupo empresario” y advirtió que la iniciativa habilita despidos sin indemnización. Incluso comparó sus fundamentos con los de la última dictadura, al señalar que se intenta “cerrar el círculo” iniciado durante ese período.

En la misma línea, la CTA de los Trabajadores, a través de Claudio Marín (FOETRA y CONSITEL), rechazó el argumento oficial sobre la supuesta desactualización de los convenios colectivos. “Es una falacia”, afirmó, al remarcar que los gremios negocian y adaptan sus convenios de manera permanente, pero sin resignar derechos. También cuestionó la derogación de la Ley de Teletrabajo y advirtió que el espíritu de la reforma apunta a “extraer mayor ganancia y plusvalía”.

El foco en la Justicia laboral

Uno de los ejes más sensibles del debate fue la posible afectación del fuero laboral. Julio Piumato, titular de la UEJN y secretario de Derechos Humanos de la CGT, sostuvo que la iniciativa viola la Constitución Nacional “de principio a fin” y desconoce el principio de progresividad de los derechos humanos y los tratados internacionales de la OIT. “Quieren hacer desaparecer el fuero del Trabajo”, denunció, al recordar su creación como herramienta para equilibrar una relación desigual entre empleadores y trabajadores.

Desde el ámbito jurídico, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, afirmó que la ley “solo tiene de moderno el título”. Cuestionó especialmente la regulación del trabajo en plataformas, que consideraría a los repartidores como independientes, y advirtió que el proyecto contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que obliga al Congreso a legislar en favor de la protección del trabajador.

Precarización y estatutos en la mira

El sector de prensa también expresó su rechazo. Carla Gaudensi, referente de FATPREN y SiPreBA, cuestionó la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional y alertó que la actividad ya se encuentra “hiperprecarizada”, con un 70% de trabajadores por debajo de la línea de pobreza.

Con el dictamen firmado y el paro general en marcha, la sesión extraordinaria convocada para las 14 horas se perfila como un punto de inflexión. Mientras el oficialismo busca consolidar su reforma como eje de “modernización”, el movimiento obrero anticipa que, si se aprueba, la conflictividad escalará en todo el país. El pulso entre el Congreso y la calle ya comenzó.