Por Pablo Fernández

Mar del Plata , 13 de octubre de 2025.  — Un enfrentamiento gremial de alto voltaje llevó días al límite la tensión entre la empresa armadora GAAD GROUP S.A (propiedad del empresario conocido como “Mono” Santander) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)seccional Mar del Plata. El conflicto tuvo como epicentro la tripulación del buque Marlene del Carmen, que pretendía zarpar con dotación reducida, lo que fue interpretado por el gremio como un atropello a los convenios colectivos y un ataque directo a las condiciones laborales de los marineros.

La Cámara Federal falló a favor del SOMU y ratificó la dotación mínima de 10 tripulantes en el buque «Marlene del Carmen»

El origen del choque

La disputa comenzó cuando la empresa armadora intentó modificar unilateralmente las condiciones de embarque: en lugar de los 10 marineros que, según el convenio colectivo del sector, deberían viajar en esa unidad, pretendía operar con solo 8. Esa decisión implicaba distribuir entre menos trabajadores las tareas previstas, intensificar el esfuerzo físico de quienes embarcaran y, al mismo tiempo, dejar dos familias sin empleo.

Desde la perspectiva de la empresa, el ahorro operativo justificaba la medida; desde el SOMU, se trataba de una maniobra de precarización. El sindicato denunció que la armadora buscaba imponer un “contrato de ajuste” firmado por los tripulantes sin intervención gremial, documento que —según ellos— no tendría validez frente al convenio colectivo vigente.

La empresa, por su parte, había respondido que estaba dispuesta a pagar los salarios correspondientes a los dos puestos no ocupados, alegando que eso le daba algún margen legal para zarpar con personal reducido. Pero ese argumento fue rechazado por el gremio, que señaló que el convenio no admite reducciones sin consenso entre las partes, especialmente en barcos nuevos o de mayor capacidad.

En dos ocasiones, el SOMU impidió que el Marlene del Carmen zarpara: los intentos de salida fueron frenados en el muelle y la embarcación quedó retenida mientras crecían las acusaciones cruzadas.

Tácticas, violencia y denuncias cruzadas

La disputa se intensificó con episodios complicados: empujones, amenazas directas, versiones sobre daños a una camioneta vinculada al entorno empresarial y acusaciones entre las partes de violencia y coacción (todo esto desistimado por la justicia). En el muelle se produjo un clima hostil, con agresiones verbales a dirigentes del gremio, e incluso denuncias de acceso bloqueado al muelle por parte de la Prefectura Naval para impedir la acción gremial.

El SOMU en una conferencia de prensa para expuso lo que consideraba irregularidades legales y denuncias de uso de mecanismos judiciales como método para “silenciar reclamos legítimos”. La asesoría legal del sindicato ya había presentado documentación en el Juzgado Laboral correspondiente, en el marco de un recurso de amparo.

Por su parte, la armadora denunció “aprietes” sindicales sobre los marineros dispuestos a aceptar las condiciones propuestas, así como presiones para que no trabajaran bajo su contrato.

Resolución  y zarpada con dotación reducida

Finalmente, con autorización j en mano, el buque logró zarpar desde Mar del Plata con solo 8 tripulantes, pese a la fuerte oposición del SOMU. La empresa aseguró que había alcanzado un “acuerdo particular” con los trabajadores embarcados, sin intervención del sindicato. El gremio advirtió que esta forma de negociación por fuera del marco convencional sienta un precedente peligroso.

La salida del buque, según fuentes sindicales, representaba una derrota parcial del SOMU en lo operativo, pero no en lo simbólico: sostienen que el fallo judicial no invalida la premisa de que el convenio colectivo fija condiciones mínimas que no pueden ser violadas sin consenso o negociación.

Desde el entorno empresarial, el episodio fue presentado como caso testigo: una señal de que los armadores buscan “flexibilizar” las estructuras de costos operativos, incluso en temas críticos como la dotación de personal. El propio Santander advirtió que no estaba dispuesto a ceder “ni un centímetro” ante el gremio, y valoró la estrategia de buscar soluciones “directas” con los marineros.

Balance y lecciones del conflicto

Este episodio en el puerto marplatense expone varios puntos de tensión estructurales del sector pesquero y marítimo:

1. Límites del convenio colectivo
   El convenio no puede convertirse en letra muerta frente a presiones empresariales. La dotación mínima establecida existe para garantizar seguridad, operatividad y derechos laborales; atacar o modificar esa base implica arriesgar condiciones de trabajo históricamente conquistadas.

2. Negociaciones individuales versus negociaciones colectivas
   La estrategia de pactar directamente con los trabajadores, sin mediación gremial, altera el modelo institucional del trabajo marítimo y debilita la representatividad sindical.

3. El control estatal y el rol de la Justicia
   El papel de la Prefectura Naval y de los tribunales fue decisivo. Autorizar una salida con dotación reducida tiene implicancias que exceden lo laboral y entran en lo marítimo-regulatorio. Que una resolución judicial avale una modificación de facto no dice que el punto esté cerrado en términos legales o de derechos.

4. Efecto multiplicador sobre otras empresas y puestos de trabajo
   Si esta modalidad prospera como precedente, otros armadores podrían intentar replicar la estrategia, deteriorando sistemáticamente las fuentes laborales del sector. Lo que comienza como una reducción de dos puestos en un solo barco podría transformarse en una tendencia que amenaza empleos.

5. Gremios bien organizados como freno al abuso
   El hecho de que en Mar del Plata el SOMU tenga presencia firme y dirigentes que respondan con celeridad fue clave para contener lo que podría haber sido una imposición unilateral más sencilla.

Este conflicto no es solo local ni puntual. Es una advertencia para la industria marítima nacional: quien quiera torcer los convenios establecidos tendrá que chocar con algo más que un puerto. Tendrá que enfrentar la institucionalidad sindical, el sistema legal y la memoria histórica de trabajadores dispuestos a defender sus derechos.