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Celsa Hernández en la mira: investigan presunto cobro indebido a empresas en nombre del Gobernador de Santa Cruz para gastos de “custodia policial” de buque de Maersk.  

La titular de la Unidad Ejecutora Portuaria, Celsa Hernández, se encuentra en el centro de una nueva controversia, acusada de solicitar sumas millonarias a empresas pesqueras y mineras de la región para cubrir supuestos costos de “custodia policial” durante la operación de un buque mercante. Según diversas fuentes empresariales, el monto solicitado por Hernández oscilaría entre 6 y 10 millones de pesos, dependiendo de la fuente, y se habría solicitado como un “aporte” para garantizar la seguridad durante la llegada del barco Varamo, de la línea Maersk.

Sin embargo, la Policía Provincial desmintió oficialmente que exista algún requerimiento por servicios de seguridad adicionales. En un comunicado, un alto oficial aclaró que los costos de las horas extras de los efectivos policiales son cubiertos por el Estado y no por empresas privadas.

El pedido de dinero, según las denuncias, incluía no solo a empresas pesqueras, sino también a dos compañías mineras locales, que supuestamente fueron contactadas para financiar la custodia en relación con el transporte de cianuro, aunque esa operación es gestionada por una empresa privada.

Al respecto, empresarios del sector pesquero han denunciado que la solicitud fue interpretada como una forma de extorsión, especialmente debido a la repetición de la misma solicitud en nombre del gobernador de Santa Cruz, quien, según la funcionaria, no podría cubrir los gastos de seguridad por la crisis económica de la provincia. “Nos pidió que pagáramos por algo que no era necesario, y nos dio cuentas bancarias personales para hacer los depósitos”, comentó un empresario que prefirió mantenerse en el anonimato.

Por su parte, las empresas mineras afectadas reaccionaron de forma cautelosa. Una de ellas exigió detalles adicionales sobre el operativo, lo que provocó que la solicitud se suspendiera temporalmente, mientras que la otra pidió que la solicitud fuera formalizada por escrito, lo que también llevó a la detención de las gestiones.

Este tipo de prácticas no es nuevo en la provincia. Referentes del sector pesquero recordaron situaciones anteriores en las que un funcionario Santiago Aberastaín, actual diputado por el municipio, nos pidió dinero cuando era funcionario de Pesca de la Nación. Lo hizo a cambio de no armar un informe falso sobre la pesca de juveniles. Nosotros sabíamos que no estábamos en infracción, por lo que le dijimos que hiciera lo que quisiera, pero que teníamos pruebas de que se trataba de un chantaje. Finalmente, no recibió un solo peso”, concluyó el referente, poniendo de manifiesto la persistencia de este tipo de prácticas. políticos solicitaron dinero a cambio de no presentar informes negativos o de omitir sanciones.

La situación ha generado gran preocupación en el ámbito empresarial, que considera estas acciones como un claro intento de extorsión, a lo que se suman las dudas sobre la transparencia en la gestión pública y el uso de fondos públicos.

Crisis en la gestión pesquera de Santa Cruz: renuncias masivas y un panorama incierto

La situación de la pesca en Santa Cruz ha llegado a un punto crítico bajo la gestión del gobernador Claudio Vidal. En su primer año de mandato, el gabinete enfrentó severas críticas por su manejo de políticas esenciales, culminando con la renuncia masiva de todos sus funcionarios a pedido del propio gobernador. Esta medida ha generado un vacío político y administrativo que pone en jaque el futuro de uno de los sectores productivos más importantes de la provincia.

Falta de planificación y escándalos en la pesca

Santa Cruz se encuentra en el centro de la polémica, no solo por la salida de los funcionarios, muchos de ellos con vínculos al kirchnerismo, sino también por el desorden en la administración pesquera. La provincia es la única del país sin estadísticas de historial de pesca recibió la asignación de casi 20 mil toneladas de merluza hubbsi desde el Concejo Federal Pesquero, hoy es un incierto quienes serán las beneficiarias, dado a la existencia de algunas empresas fantasma creadas de manera irregular que manejan el monopolio de la merluza a fresco.

La falta de un secretario de Pesca, así como de ministros en áreas clave como Trabajo y Medio Ambiente, agrava aún más la crisis. Este vacío ha impedido avanzar en la gestión de residuos provenientes de las plantas pesqueras y en el tratamiento adecuado de los líquidos industriales, problemas históricos en la provincia.

Planes a largo plazo sin rumbo claro

En un intento por delinear una política pesquera para los próximos 10 años, el ministro de Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, junto con su par de Trabajo, Julio Gutiérrez, habían anunciado proyectos para fortalecer el sector productivo en conjunto con gremios y empresas. Sin embargo, tras la disolución del gabinete, el destino de estos planes es incierto.

Diputados por localidades portuarias han expresado su preocupación, calificando la situación como una “crisis de liderazgo”. Actualmente, la provincia parece estar dirigida únicamente por el gobernador, sin un equipo que cubra las áreas esenciales.

Un sector en emergencia

La falta de políticas claras, la ausencia de estadísticas confiables y las denuncias de corrupción han dejado al sector pesquero en una posición vulnerable. Mientras tanto, los residuos y la contaminación generados por la industria siguen siendo un problema sin solución, reflejando la falta de un enfoque integral en el desarrollo sostenible del sector.